La Fiscalía imputó a Olmedo López y Sneyder Pinilla por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quienes fueron director y exsubdirector de esta entidad, respectivamente, por la compra de 40 carrotanques, la construcción de jagüeyes y también irregularidades en otros contratos que se pensaron para paliar la crisis de agua en La Guajira. En la audiencia el ente acusador describió el papel que habrían tenido algunos funcionarios del alto Gobierno, como Carlos González, actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien habría ordenado coimas a congresistas, supuestamente, para aprobar las reformas.

También fue imputado el contratista Luis López Rosero, quien según la investigación prestó el nombre de tres empresas suyas por solicitud, dijo éste, de Sneyder Pinilla para buscar revestir de legalidad el contrato para adquirir 40 carrotanques por $46.800 millones con el fin de llevar agua a La Guajira. 

No obstante, Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis López no aceptaron cargos argumentando que están en un proceso con la Fiscalía para un eventual principio de oportunidad.

En el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó a  Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis López por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.

Sin embargo, el Juez de Garantías decidió frente a la solicitud de medida de aseguramiento que tenía lista la Fiscalía contra los dos exfuncionarios y el contratista, aplazar la audiencia para el  7 de agosto venidero a las 9:00 a. m.

Hay que recordar que el empresario sostuvo que le exigieron en la Ungrd $7.200 millones para quedarse con el negocio de los carrotanques.

Al respecto, Pinilla difiere de lo dicho por López Rosero en cuanto a  la cantidad de dinero que le exigieron, pues sostiene que fueron $4.000 millones. Asegura el exfuncionario que esa plata por instrucciones que recibió era para entregarle en octubre del año pasado, supuestamente, $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 al por esos días presidente de la Cámara, Andrés Calle.  

“Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad, venga, hágame un favor, présteme 4 mil millones de pesos… Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego”, dijo Pinilla hace meses a Semana.

Pinilla y López están colaborando desde hace semanas con la Fiscalía en procura de lograr un principio de oportunidad que les garantice beneficios en la pena, pues hasta el momento son señalados de ser los máximos responsables de lo ocurrido en la Ungrd, brindando información y nombres de funcionarios que habrían dado instrucciones, al tiempo de congresistas que se habrían beneficiado de plata y contratos para supuestamente favorecer las reformas.   

Más implicados

La fiscal Andrea Muñoz en la presentación del acervo probatorio reveló el nombre de otro funcionario que habría participado en estos hechos de corrupción, conforme a lo que han declarado Olmedo López y Sneyder Pinilla. La operadora judicial mencionó al director del Departamentos Administrativo de Función Pública, César Manrique.

La fiscal señaló que “entre mayo de 2023 y marzo de 2024”, Manrique hizo parte de “una empresa criminal” que “acordaron generar” con Olmedo López; Sneyder Pinilla; el funcionario de la Ungrd, Luis Barreto; y el asesor Pedro Rodríguez.

Añadió Muñoz que Manrique “se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiples órdenes de proveedurías y contratos direccionados a los empresarios a los que se les adjudicaría los contratos a cambios del pago de coimas”.

La fiscal del caso dijo hablándole a Pinilla, que "de junio de 2023 a marzo de 2024 su rol, señor Sneyder, consistió en adelantar los procesos contractuales para la adquisición de asistencia humanitaria de emergencia. Dentro de la organización coordinó con Olmedo López, Pedro Rodríguez, Luis Barreto y César Manrique, el direccionamiento de la contratación a las empresas seleccionadas a cambio de coimas; simuló la escogencia aleatoria de las empresas cuyos propietarios eran previamente alertados para que alistaran las cotizaciones incluyendo la coima a pagar. Esta estrategia les aseguró que la empresa le perteneciera a un empresario, quien a cambio pagaría la coima y controlar el precio del contrato".

El presunto papel 

Desde que estalló el escándalo Olmedo López dijo en medios, y luego lo reiteró en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, que varios ministros y altos funcionarios participaron el 27 de noviembre anterior en un “cónclave”, así lo llamó, en la Casa de Nariño, en donde se habría determinado entregar dineros de los contratos en la Ungrd a por lo menos 15 congresistas.

López había dicho que en esa reunión, que se habría hecho en la oficina de Carlos Ramón González, entonces director del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), y hoy al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, participaron supuestamente ministros como el del Interior, Luis Velasco, quien salió en el reciente remezón ministerial que propició el presidente Petro; Gloria Ramírez, Trabajo; Guillermo Jaramillo, Salud; y Ricardo Bonilla, Hacienda.

La fiscal Muñoz dio nuevos detalles en la audiencia de ayer sobre el papel que habrían tenido algunos de estos y otros funcionarios en los citados hechos, con base en la declaración de Pinilla y López, así como del avance en las investigaciones a cargo de la Fiscalía.

Muñoz mencionó de Sandra Ortiz que “coordinó usted señor Olmedo con Sneyder Pinilla la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Name a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época era la consejera para las regiones de la Presidencia”.

En el caso de Carlos Ramón González, la representante de la Fiscalía dijo que “la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al entonces presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme a las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo -Dapre”.

Mientras que del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su asistente María Benavides, la fiscal dijo que “usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del Ministro; y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República”.

Cómo se movió la plata

La Fiscalía señaló a López y Pinilla de comprometer contratación en la Ungrd por más de $228.000 millones, de los cuales una parte fue destinada a comprar 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira en los últimos meses del 2023, cuando se vivía la parte más crítica por la falta de lluvias debido al fenómeno del Niño.

La fiscal Muñoz dijo que en el contrato de los carrotanques por $46.800 millones hubo sobrecostos por $14.163 millones, de los cuales salió la plata para algunas coimas y la ganancia para el contratista.

Agregó que $6.300 millones se distribuyeron así: $1.000 millones para Pedro Rodríguez, quien era asesor de Olmedo López, y $5.342 para Sneyder Pinilla, quien los repartió a varias personas. 

La Fiscalía sostuvo que en enero pasado, Sneyder Pinilla pagó $4.276 millones a una persona que prestó ese dinero en octubre del 2023 para entregar coimas a algunos congresistas, y que  por ello cobró el 2,6%.

Esos $4.276 millones se distribuyeron de la siguiente manera, según la Fiscalía: $3.000 millones para el entonces presidente del Senado, Iván Name; $1.000 millones para el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle; $724 millones para Olmedo López y $342 millones para Sneyder Pinilla.

Sobre el particular, el presidente Gustavo Petro dijo en la red X que “respeto a la Fiscalía y su trabajo y a los jueces que seguirán participando en este caso. Pero creo que estas dos personas (Olmedo López y Sneyder Pinilla) se quedaron con más de mil millones y que la devolución de todo lo hurtado es fundamental”.

Procuraduría y Contraloría

Los órganos de control también avanzan en la investigación por este escandaloso hecho, la Procuraduría General reveló que los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques alcanzaron los $16.000 millones. Es decir que cada vehículo se adquirió por $412 millones de más con respecto a los precios del mercado.

Por este hecho la procuradora Margarita Cabello dijo que se profirió pliego de cargos al exdirector general de la Ungrd, Olmedo López; al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla; y el exsubdirector General, Víctor Meza Galván, quienes al parecer participaron en las actuaciones objeto de la investigación.

La Procuraduría calificó las posibles conductas de Olmedo López y Sneyder Pinilla como faltas gravísimas cometidas a título de dolo. Respecto a Víctor Meza, como falta gravísima a título de culpa gravísima.

Por otra parte, a mediados de mayo pasado, la Procuraduría cerró la etapa de investigación disciplinaria adelantada contra funcionarios de la Ungrd por las presuntas irregularidades durante el proceso de compra de tanques de reserva de agua para La Guajira.

Por estos hechos la Tercera Delegada para la Contratación Estatal incluyó en el expediente a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Víctor Meza.

La procuradora Margarita Cabello dijo que "ya está en etapa de juzgamiento las investigaciones contra el señor Olmedo, Sneyder y algunas otras personas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estamos interviniendo activamente ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema de Justicia por las investigaciones que hay contra algunos congresistas, y estamos haciendo un estudio de unas inspecciones y vigilancias que hicimos ante la Unidad de Gestión del Riesgo", manifestó.

En tanto que en marzo pasado, la Contraloría General declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la presunta adquisición irregular de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en el municipio de Uribia y sus alrededores, en La Guajira.

El órgano de control anunció que abrirá investigaciones por la presunta pérdida de más de $80.000 millones en la contratación de carrotanques, atendiendo sobrecostos, ejecución y funcionabilidad de los proyectos de suministro y abastecimiento de agua potable, en todo el país.

Los funcionarios mencionados por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de imputación de cargos al exdirector y exsubdirector de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, respectivamente, respondieron enfatizando que nada tienen que ver en los hechos de corrupción en esa entidad.

El ministro Ricardo Bonilla respondió que está tranquilo y espera ser llamado a declarar. "Los mecanismos de hacienda pública y su trámite en el Estado colombiano se han confundido con actos ilegales, que una investigación rigurosa debe distinguir", dijo.

También agregó que "por ahora, debo decir al país que preguntar por un trámite no es 'direccionar', que ejecutar un presupuesto no es entregar plata, que reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades, que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones, no es comprar votos".

Dijo también el titular de Hacienda que “con mi equipo jurídico, sigo con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos. Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia porque mis actos se defienden solos”.

A su turno, Carlos Ramón González, actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, respondió por medio de un comunicado: “Mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno”, manifestó.

En la audiencia, el ente investigador también dijo de César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, de haber determinado el cobro de una supuesta coima de 7% por contratos al interior de la Ungrd. Agregó que se trataba de un dinero destinado para la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Por su parte, Felipe Harman, actual director de la ANT, salió en defensa de la entidad. “No ha salido un solo peso de la Agencia para la Unidad de Gestión del Riesgo. Existió un convenio entre ambas entidades que en su momento tuvo dificultades, pero jamás se materializó en obligaciones fiscales y está en trámite de liquidación”, dijo el funcionario en un video.

Además fue mencionado Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, por supuestamente haber sostenido reuniones con Olmedo López, en medio de este escándalo de corrupción.

Por ello, el presidente Gustavo Petro trinó para asegurar que no defenderá a nadie en el caso. "No voy a defender a nadie en este proceso de la Ungrd, aunque sé que por defender el botín se acusarán inocentes. La justicia resolverá", sostuvo el Jefe de Estado.

Así mismo, el Mandatario sostuvo que “el contrato de carrotanques hecho corruptamente por Olmedo y la acusación que hace él de entrega de coimas a los congresistas que menciona, mes de octubre, se da antes del llamado cónclave de noviembre como lo ha denominado el mismo Olmedo”.

La investigación en torno al caso de corrupción al interior de la Ungrd incluye a nueve congresistas, a quienes la Corte Suprema abrió una indagación, entre ellos al expresidente del Senado, Iván Name; y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Ambos fueron nombrados por el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, por haber recibido, supuestamente, el primero $4 mil millones y el segundo $1.000 millones, a cambio de permitir el tránsito de los proyectos del presidente Gustavo Petro en el Congreso.

Pero también fueron nombrados los senadores Julio Chagüi Flórez (La U), Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador) y Juan Gallo Maya (Partido Liberal). Y los representantes Karen Manrique Olarte, curul de Paz; Wadith Manzur Imbett (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y el ahora excongresista Juan Muñoz Cabrera (Alianza Verde).

Los nombres de estos siete últimos congresistas salieron a relucir en medio de declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema. Con base a ello y la compulsa de copias que le hizo la Fiscalía, el Alto Tribunal abrió una indagación preliminar a estos parlamentarios por el escándalo de corrupción.

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