LA FISCALÍA hoy a las 9:00 a. m., imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López; el exsubdirector para el Manejo de Desastres de esta entidad, Sneyder Pinilla; y el contratista Luis López Rosero, implicados en las irregularidades del contrato para comprar 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, por $46.000 millones, pero que según estos exdirectores de ahí se sacaron millonarios recursos para congresistas con el propósito que se aprobaran las reformas, supuestamente por instrucciones de altos funcionarios del Gobierno.
La Fiscalía dijo que en esta audiencia revelará los resultados parciales y las hipótesis definidas en uno de sus frentes investigativos, que dan cuenta de los alcances del entramado de corrupción que se apropió de la contratación de suministro de agua en La Guajira y de obras de mitigación en Córdoba, Valle, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca, entre otros departamentos.
La imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como al contratista Rosero, son las primeras decisiones en las investigaciones e indagaciones por este escandaloso suceso, que también transcurren en la Corte Suprema, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
La fiscal General, Luz Camargo, dio el pasado martes algunos detalles del caso, como que abrieron 154 actividades de investigación por las declaraciones que entregaron Pinilla y López en la colaboración que están brindando a la justicia, en procura de alcanzar el principio de oportunidad que les garantizaría algunos beneficios carcelarios y penales en sus procesos, pues figuran hasta el momento como los principales responsables por los sobrecostos y otras irregularidades en los contratos para La Guajira.
Camargo dijo que “la investigación no queda aquí. Es mucho más profunda y tiene que ver con todo lo que se ha conocido hasta ahora y con otros hechos que no se han conocido con la Ungrd”.
En el marco del eventual principio de oportunidad Pinilla planteó que aceptará los delitos de peculado agravado y falsedad ideológica en documentos públicos, y pagará 5 años de prisión, pero por su seguridad en un centro de reclusión militar. Además, devolvería $292 millones.
Mientras que López propone purgar 5,8 años de cárcel y devolvería $1.024 millones.
El escándalo estalló a principios de año por denuncias ciudadanas y de medios debido a que los 40 automotores no estaban cumpliendo la función porque permanecían parqueados en las instalaciones de un batallón en La Guajira, por falta de unas pólizas que se exigen.
Ello condujo a que pusieran la lupa en el contrato la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, encontrando sobrecostos en el valor de los 40 carrotanques por cerca de $17.000 millones y otras irregularidades.
El escándalo político
López explicó que esta situación “se inicia a través de instrucciones que recibí, instrucciones que entregué a uno de mis subalternos (Pinilla), y nace precisamente en este tema, el tema de los carrotanques”. Agregó que en estos hechos participaron “ministros, directores de departamentos y congresistas”.
En ese sentido, el exdirector de la Ungrd dijo que el entonces ministro del Interior, Luis Velasco, tiene mucho que explicar. “El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo. Transmitía las instrucciones que recibía y las transmitía a uno de mis subalternos”.
Mientras que Pinilla sostiene que entregó personalmente al entonces presidente de Cámara, Andrés Calle, $1.000 en el apartamento de éste en Montería; y que, al entonces presidente del Senado, Iván Name, supuestamente hizo llegar $3.000 millones por intermedio de la entonces alta Consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
Velasco, Calle, Name y Ortiz aseguran que estos exfuncionarios de la Ungrd mienten buscando beneficios penales.
Con base en la declaración de López en la Corte Suprema y la compulsa de copias que le hizo la Fiscalía, el Alto Tribunal abrió una indagación preliminar a nueve congresistas por el escándalo de corrupción.
Son los senadores Iván Name Vásquez (Alianza Verde), Julio Chagüi Flórez (La U), Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador) y Juan Gallo Maya (Partido Liberal). Y los representantes Andrés Calle Aguas (Partido Liberal), Karen Manrique Olarte, curul de Paz; Wadith Manzur Imbett (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y Juan Muñoz Cabrera (Alianza Verde).