LA INVESTIGACIÓN por los hechos de corrupción que se presentaron en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aprovechando algunos la medida para llevar agua a La Guajira por la extrema sequía debido al pasado fenómeno del Niño, el más grave escándalo que hasta el momento le ha estallado al Gobierno, entró en una etapa definitiva para el esclarecimiento de lo ocurrido y de los responsables. El jueves de la próxima semana, la Fiscalía imputará a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de esta entidad. El proceso avanza también en la Corte Suprema por los congresistas que estarían involucrados.

La Procuraduría y la Contraloría también abrieron investigaciones, que están en una etapa apenas preliminar.

La Fiscalía indicó que luego de valorar el material probatorio obtenido en múltiples actividades y diligencias investigativas sobre irregularidades en dicha contratación, radicó solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los exfuncionarios de la Ungrd, López Martínez y Pinilla Álvarez.

También el ente acusador presentó solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra Luis López Rosero, quien según la investigación prestó el nombre de tres empresas suyas por solicitud, dijo que Sneyder Pinilla para buscar revestir de legalidad el contrato para adquirir 40 carrotanques por $46.800 millones. El contratista sostuvo que le exigieron $7.200 millones para quedarse con el negocio.

Olmedo López y Sneyder Pinilla vienen en conversaciones con la Fiscalía buscando un principio de oportunidad que les otorgue beneficios penales en los procesos en su contra por este escándalo, en donde hasta el momento aparecen como los principales responsables.

Los dos exfuncionarios han asistido en varias oportunidades a la Fiscalía para presentar la matriz de colaboración con la justicia, en lo que ya han entregado documentos y grabaciones que evidenciarían cómo se gestaron y desarrollaron los hechos.

El pasado 5 de junio, López entregó 200 folios con información a la Fiscalía, según informó su defensa; días antes, el 28 de mayo, Pinilla llevó 30 folios a los fiscales encargados del caso.

Vale aclarar que la imputación de cargos y medida de aseguramiento que anunció la Fiscalía contra Pinilla y López, no cierra la puerta a que eventualmente les conceda el principio de oportunidad.

En cambio, para el empresario Rosero la pretensión de un acuerdo de oportunidad se habría diluido porque, según lo que se ha conocido, hay inconsistencias en la declaración que dio a la Fiscalía.

Rosero dijo que entregó $7.200 millones para quedarse en la Ungrd con el contrato de los carrotanques; sin embargo, Pinilla aseguró que fueron $4.000 millones, de los cuales el exfuncionario señaló se dieron, presuntamente, $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle, por instrucciones, supuestamente, del alto Gobierno para que Congreso aprobara las reformas que presentó el presidente Petro.

Rosero es propietario de Impoamericana Roger SAS, la empresa que se quedó con el contrato por $46.800 millones para comprar los 40 carrotanques. Las otras compañías de su propiedad que postuló en la Ungrd fueron Luket SAS y Brand SAS.

El escándalo estalló por denuncias ciudadanas y de medios debido a que los automotores no estaban cumpliendo la función porque permanecían parqueados en las instalaciones de un batallón en La Guajira, por falta de unas pólizas que se exigen.

Ello condujo a que pusieran la lupa en el contrato la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, encontrando sobrecostos en el valor de los 40 carrotanques por cerca de $17.000 millones y otras irregularidades.

López explicó que esta situación “se inicia a través de instrucciones que recibí, instrucciones que entregué a uno de mis subalternos (Pinilla), y nace precisamente en este tema, el tema de los carrotanques”. Agregó que en estos hechos participaron “ministros, directores de departamentos y congresistas”.

En ese sentido, el exdirector de la Ungrd dijo que el entonces ministro del Interior, Luis Velasco, tiene mucho que explicar. “El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo. Transmitía las instrucciones que recibía y las transmitía a uno de mis subalternos”, sostuvo Olmedo López.

Velasco replicó entonces que “ante las miserablezas del ladrón de la Ungrd, espero que concrete sus acusaciones, pues lo enfrentaré judicialmente y, como ocurrió en el pasado, quien se preste para hacerme un montaje con mentiras, deberá responder ante los jueces”.

López sostuvo que “esa agenda, precisamente, son hechos de corrupción que beneficiaron a un número importante de congresistas”. Agregó que “el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”.

Mientras que Pinilla también nombró a los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo; de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Minas, Andrés Camacho.

La Corte Suprema

La Corte abrió una indagación preliminar a nueve congresistas por el escándalo de corrupción en la Ungrd, con base en la declaración que rindió Olmedo López ante el magistrado Francisco Farfán.

Pinilla también fue citado en dos oportunidades por el Alto Tribunal. En la primera se acogió al derecho a guardar silencio y en la segunda, el pasado 5 de julio, la Corte determinó aplazar la diligencia para dar espera al exfuncionario a que finalice sus declaraciones en la Fiscalía.

Esta investigación ahora toma vuelo con la compulsa de copias que hizo la Fiscalía a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema para que se indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos de corrupción.

La Fiscalía remitió a la Corte la declaración que tomó a Pinilla y López, así como el voluminoso número de evidencias que entregaron.

Entonces es previsible que la Corte en los próximos días llame a cada uno de los nueve congresistas a versión libre, a partir de lo cual determinará si los vincula a una investigación formal.

Los legisladores mencionados por Pinilla y López son los senadores Iván Name Vásquez (Alianza Verde), Julio Chagüi Flórez (La U), Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador) y Juan Gallo Maya (Partido Liberal). Y los representantes Andrés Calle Aguas (Partido Liberal), Karen Manrique Olarte, curul de Paz; Wadith Manzur Imbett (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y Juan Muñoz Cabrera (Alianza Verde).

Procuraduría y Contraloría

La Procuraduría General reveló que los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques alcanzaron los $16.000 millones. Es decir que cada vehículo se adquirió por $412 millones de más con respecto a los precios del mercado.

Por este hecho la procuradora Margarita Cabello dijo que se profirió pliego de cargos al exdirector general de la Ungrd, Olmedo López; al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla; y el exsubdirector General, Víctor Meza Galván, quienes al parecer participaron en las actuaciones objeto de la investigación.

La Procuraduría calificó las posibles conductas de Olmedo López y Sneyder Pinilla como faltas gravísimas cometidas a título de dolo. Respecto a Víctor Meza, como falta gravísima a título de culpa gravísima.

Por otra parte, a mediados de mayo pasado, la Procuraduría cerró la etapa de investigación disciplinaria adelantada contra funcionarios de la Ungrd por las presuntas irregularidades durante el proceso de compra de tanques de reserva de agua para La Guajira.

Por estos hechos la Tercera Delegada para la Contratación Estatal incluyó en el expediente a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Víctor Meza.

En tanto que en marzo pasado, la Contraloría General declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la presunta adquisición irregular de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en el municipio de Uribia y sus alrededores, en La Guajira.

El órgano de control anunció que abrirá investigaciones por la presunta pérdida de más de $80.000 millones en la contratación de carrotanques, atendiendo sobrecostos, ejecución y funcionabilidad de los proyectos de suministro y abastecimiento de agua potable, en todo el país.