Según lo planteado por el Gobierno en el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, o reforma tributaria que empezará a debatir el Congreso de la República, las familias que se encuentren en pobreza extrema tendrán una ayuda entre los $80.000 y $366.101, mientras que las familias en pobreza recibirán entre $80.000 y $252.142.
Este proyecto que busca recursos para afrontar las secuelas que ha dejado la pandemia por la covid-19, plantea un fortalecimiento y focalización de las ayudas sociales del país, por ello una de las novedades que trae consigo es que el Ingreso Solidario pasará a ser una renta básica permanente para contribuir a la disminución de la pobreza.
Sin duda el Gobierno plantea un verdadero revolcón, fortalecimiento y focalización de todas las ayudas sociales que brinda el Estado, no solo a través del Departamento de Prosperidad Social, sino del Ingreso Solidario y los subsidios de energía y gas, entre otros.
Solo con el pleno desarrollo de la reforma, el Gobierno estima que la pobreza extrema se puede reducir en 7,9%, la pobreza monetaria en 4,2% y se podría ver una disminución de 3,2 en el coeficiente Gini, que mide la desigualdad.
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el impacto de la pandemia haría que Colombia pase de 37,5% en 2019 a 42,04% en pobreza monetaria, un alza de 6,3%. Eso quiere decir que con las propuestas que tienen en la reforma tributaria, se podría mitigar en un 66,2% el impacto de la crisis.
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Proyecciones
De acuerdo con pronósticos de Fedesarrollo, el aumento de la pobreza monetaria sería de 47,6%, mientras que el Banco Mundial la estima en 45,5% y 47,6%.
Según Planeación Nacional, se consideran personas en pobreza extrema, a todas aquellas que viven con $137.350 al mes en el total nacional, pero considera que esta se va a incrementar entre 9,6% a 11,6% por la covid-19, mientras que Fedesarrollo y el Banco Mundial creen que puede subir a 14,6% y 14,7%.
A esas medidas que promete impulsar el Gobierno por medio de la tributaria, se les puede agregar el programa de Generación E, con el que buscan subsidiar matrículas a estudiantes en condición de vulnerabilidad; un subsidio de las cotizaciones de seguridad social por cinco años a grupos de jóvenes, personas discapacitadas, aprendices del Sena y adultos mayores sin pensión y la extensión de los subsidios a la nómina hasta junio de 2021.
La iniciativa tributaria indica que, además de esas condiciones, se incluyen los hogares “que a su vez sean beneficiarios de programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas que administra el DPS, como Programa Familias en Acción, Programa Jóvenes en Acción, Programa de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor-, y/o los subsidios para los servicios de energía eléctrica y gas combustible distribuidos por red física, el Programa Ingreso Solidario será complementario”.
De acuerdo con el investigador de Fedesarrollo, Jairo Núñez, quien ha trabajado en las simulaciones de pobreza, “la pobreza para 2020 tendrá a 20 millones de personas en esa condición. El Estado tiene la responsabilidad de mitigar los efectos de este fenómeno, pero primero requiere encontrar las fuentes de financiación. Solo me preocupa que no se diseñen bien los programas y se convierta todo en una política asistencialista”.
Ajustes
Por su parte Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, dice que la meta del Gobierno es “ambiciosa, pero también realista siempre y cuando puedan garantizar lo que se requiere para juntar transacciones en una operación de focalización, y también hacer los ajustes de los mecanismos de pago”.
El experto analista considera que será clave que el Gobierno actualice rápido la base de datos del Sisbén IV, que se hizo antes de que comenzara la pandemia; y se les entregue el Ingreso Solidario a todos los hogares con criterios de focalización geográfica, menos a los que se tiene evidencia que no son pobres.
Además de eso, los expertos agregan que los programas también deben complementarse con programas de formación para el trabajo, sobre todo para el caso de Jóvenes en acción, y así evitar el “asistencialismo”. “Lo más coherente es que estos subsidios se mantengan y se diseñen bajo una perspectiva de oportunidades para la inclusión laboral”, argumenta Núñez.
Mientras tanto, Jorge Enrique Espitia, investigador del Centro de política fiscal de la U. Nacional, señala que también hay un riesgo con los efectos que pueda tener eliminar las exenciones a varios productos del IVA, aunque el Gobierno ya dijo que no aplicaría para los principales elementos de la canasta familiar.
“La eliminación de las exenciones del IVA va a afectar a las familias pobres, vulnerables y de la clase media en la medida que eso va a impactar su ingreso después del consumo”, manifestó Espitia y apuntó que teniendo en cuenta que la devolución del IVA ha llegado actualmente a solo el 23% de los hogares pobres, la propuesta del Ejecutivo es “todavía incierta”.
Empleo
De otro lado, otros analistas advierten que esto solo se logrará generando más ingresos y fuentes de trabajo a los hogares más vulnerables. Según algunos expertos, este tipo de propuestas ad portas del proceso electoral resultan populistas.
Para el analista de la firma Fénix Valor, Orlando Santiago Jácome, “la estrategia del Gobierno de intentar agradar con una renta básica tiene un componente de fondo político, pues la pobreza en el país se soluciona en la medida que las personas tengan acceso a un empleo, el dinero saldrá de la clase media lo que es una medida poco inteligente".
Por su parte, el economista de la Universidad Nacional, Jairo Villabona, señala que “tener la desigualdad tan alta como la de Colombia es el reflejo de una política fiscal inadecuada que no ha servido para distribuir los ingresos”.
Es de mencionar que recientemente la calificadora de riesgos Fitch Ratings advirtió que las elecciones pueden tener consecuencias en la política fiscal, ya que los nuevos gobiernos enfrentan el desafío de controlar la pandemia y cumplir con las demandas sociales frente a la consolidación de las cuentas fiscales.
A este respecto, la OCDE señaló que para el caso de Colombia es muy poco el tiempo que tiene el Gobierno para adelantar una reforma tributaria estructural, debido a que ya se avecinan las elecciones presidenciales el próximo año.
Según el Gobierno, con la reforma tributaria se tiene la ambición de lograr que los programas sociales se fortalezcan en el tiempo y por ello es necesario “tomar acciones inmediatas”.