LA CRISIS política de esta semana es todo menos un hecho aislado. Por el contrario, el remezón de siete ministros el pasado miércoles es una consecuencia más de una serie de circunstancias políticas ocurridas en ocho meses largos del mandato presidencial de Gustavo Petro.

Incluso, bien podría decirse que el hecho de que en menos de dos meses hayan salido del gabinete diez titulares y se haya roto la coalición mayoritaria gubernamental tiene su génesis, su ‘pecado original’, en la forma en que se construyó entre julio y agosto del año pasado el bloque parlamentario de apoyo al primer gobierno de izquierda en Colombia.

Consciente desde el mismo 19 de junio, cuando resultó electo, de que no contaba con mayorías parlamentarias, ya que el bloque de centroizquierda (con el Pacto Histórico y la coalición Centro Esperanza - Alianza Verde a la cabeza) apenas si llegaba a 42 escaños en el Senado y un poco más de 50 en la Cámara, el Gobierno entrante se dedicó a construir una coalición basada en pactos burocráticos y cuotas de poder. Así sumó, de manera por demás sorpresiva y sin que mediara acuerdo programático o ideológico alguno, a tres partidos de centroderecha: Conservador, Liberal y La U, que tenían 39 escaños en la cámara alta y un poco más de 70 en la baja.

Esta movida que, en su momento, se catalogó de audaz y producto de una articulación política muy efectiva en cabeza de Petro y el presidente del Senado, Roy Barreras, funcionó durante el primer tramo de la legislatura (julio -diciembre), sacando avante iniciativas clave como una reforma tributaria por más de 80 billones de pesos (la más alta de la historia), la reforma a la ley 418 (base de la política de “paz total”) o la ratificación del Acuerdo de Escazú, como principales logros.

Confiada en ese rendimiento, la Casa de Nariño apostó para este segundo tramo de la primera legislatura por tramitar las reformas de mayor calado en materia de salud, pensiones, laboral, paz, justicia y, obviamente, el Plan Nacional de Desarrollo. En palabras del propio Presidente: llegó la hora de aterrizar “el cambio” que ganó en las urnas.

Es aquí en donde todo se empezó a complicar, al punto de que en el lapso entre el 7 de febrero, cuando el Congreso fue citado a sesiones extraordinarias, y el 26 de abril, cuando se rompió la coalición y salieron siete ministros, el ‘pecado original’ en la construcción de las mayorías parlamentarias pasó factura.

Es decir, en apenas 78 días se pasó del optimismo por el arranque en firme de la “agenda del cambio”, a que la coalición oficialista explosionara apenas ocho meses después de creada; a que del gabinete salieran 10 ministros, marcando todo en récord; a que las reformas empezaran, unas, a hundirse y, otras, a ser blanco de mucha oposición; y a que la favorabilidad y calificación de gestión de Petro se vinieran a pique ¿La consecuencia? Un Presidente debilitado ahora trata desesperadamente convocar a sus bases populares para que desde la calle presionen lo que políticamente no consigue en el Parlamento ni viabiliza ante otras instancias institucionales: el sí a las bases del “gobierno del cambio”… Todo esto ocurrió en apenas 78 días.

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¿‘Pecado original’?

Como se dijo, el ‘pecado original’ es el que está pasando factura. La coalición que debía garantizar el avance rápido de las reformas bandera fue construida sobre la base de un transaccionismo de cuotas en el gabinete y en otros altos cargos. Sin embargo, en ese afán de “pura y dura” mecánica política por sumar curules de apoyo en Senado y Cámara, quedó en un segundo plano el tema programático e ideológico, que debía ser, a todas luces, la base de un pacto político de largo plazo.

Otro hubiera sido el escenario si entre julio y agosto del año pasado Petro y las directivas de los partidos Conservador, Liberal y La U, que habían estado en orillas distintas en la campaña presidencial y parlamentaria, se hubieran sentado a revisar las bases de las reformas que el Gobierno entrante y su coalición se comprometían a apoyar en el Congreso y ante el país.

¿Se habría conformado la coalición mayoritaria si en sus inicios Petro y el Pacto Histórico les hubieran dicho a los partidos de centroderecha que la reforma a la salud plantearía acabar las EPS, estatizar todo el sistema de atención y aseguramiento médico, eliminar la garantía del usuario para elegir a la entidad que lo atiende o la creación de fondos territoriales y locales que manejarían los recursos, con alta incidencia de los gobernadores y alcaldes de turno?

¿Habría mayorías si se hubiera dicho que la reforma laboral restringiría los contratos de trabajo a corto plazo, limitaría la tercerización ilegal, reversaría la ley 789 de 2002 (jornada nocturna desde las 6 p.m., recargos dominicales del 100 % y aumento de la indemnización por despido), reglamentaría las plataformas de servicios, reduciría la fragmentación sindical, ampliaría la negociación colectiva o consolidaría el derecho de huelga…?

¿O si se conociera entonces que la reforma pensional iba a restringir el rango y cobertura de los fondos privados de pensiones y a fortalecer el rol estatal, dándole un papel preponderante a Colpensiones; igualaría el mínimo de semanas que se requiere en el sistema de ahorro individual y el de prima media para jubilarse; establecería un incentivo de hasta 150 semanas para las mujeres, según su número de hijos; daría pie a una renta mensual para más de 2,5 millones de mayores de 65 años; o crearía una renta vitalicia a las personas que no pudieron pensionarse, pero que tienen semanas cotizadas…?

¿Se habría conformado la coalición al conocerse que en la política de “paz total” se iba a plantear no solo un diálogo con el Eln, sino también con las disidencias y reincidencias de las Farc, dándoles estatus político; que se impulsaría un esquema para dialogar y someter a la justicia, con amplios beneficios penales y penitenciarios, a las bandas criminales de alto espectro y narcotraficantes; que se buscaría ofrecer beneficios a los procesados de la ‘primera línea’; o que se buscaría, a través de un proyecto de “humanización carcelaria” dar pie a la salida de prisión de miles y miles de sindicados o condenados…?

¿Habría alianza multipartidista si se hubiera revelado que en la política de transición energética se buscaba marchitar rápidamente la explotación y explotación de petróleo y gas?

¿O que en la política de democratización de la tierra se propondría la compra de más de tres millones de hectáreas productivas, sin que estuviera claro de dónde iban a sacar ese presupuesto, incluyendo el riesgo de emisión de dinero?

¿Acaso en ese entonces alguien previó que en la reforma política se buscaría el paso de congresistas al gabinete, el transfuguismo político, eliminar el voto preferente o establecer una ‘camisa de fuerza’ para repetir en 2026 el orden de las listas cerradas y bloqueadas de 2022?

¿Habría surgido la coalición al conocerse que en la nueva política de seguridad y orden público se disminuiría la meta de erradicación de narcocultivos, restringiría la capacidad de la Fuerza Pública para reaccionar ante el desborde violento de la protesta social o cambiarían los énfasis de la lucha antidroga…?

Esas y muchas otras preguntas no se plantearon entre julio y agosto cuando se estaba construyendo de manera afanosa la coalición y, tanto el Gobierno como los mencionados tres partidos, ponían la vista en la repartición de las cuotas ministeriales. Aunque se habló de un “acuerdo nacional” para darle un salto superlativo al país en varios flancos, era obvio que la alianza entre centroizquierda y centroderecha se basó en la mecánica y no en el fondo.

Sin embargo, esto no pasó por un olvido. Desde casi todos los sectores políticos, económicos, sociales, gremiales, regionales e institucionales, con no pocas polémicas a bordo, así como riesgo de cismas en varias colectividades, se advirtió que esa mezcla atropellada de programas, ideologías e incluso promesas y discursos electorales antagonistas no tenía ninguna coherencia y, más temprano que tarde, en medio de la siempre presente polarización, y dado el carácter explosivo del Presidente y la obligación de los partidos de responderles a sus bases, se iba a romper.

Causa - consecuencia

En ese primer tramo de legislatura lo cierto es que la coalición funcionó bien, aunque hubo desencuentros, sobre todo en el trámite de la reforma tributaria y los sectores a los que se les descargarían mayor porcentaje impositivo.

No obstante, al final de cuentas era claro que con Petro o cualquier otro Presidente un reajuste tributario era obligatorio, ya que el gasto para contener el impacto de la pandemia disparó el déficit fiscal y el endeudamiento. De allí que el debate más que por el monto, se dio alrededor de los énfasis impositivos que quería imponer la Casa de Nariño y los peros de los partidos de centroderecha.

Sin embargo, un elemento primordial aquí es que entre julio y diciembre el Gobierno no presentó ninguna reforma de fondo, salvo la política, que fue avanzando poco a poco en primera vuelta, sobre todo en un pulso entre los distintos matices del Pacto Histórico y los verdes.

La cuestión cambió ya en 2023 porque Petro, confiado en el rendimiento del primer semestre del Congreso, se decidió por enviar el grueso de las reformas de fondo. Primero fue la salud, en sesiones extraordinarias a partir de febrero, y después, cuando arrancó el período ordinario, radicó las laboral y pensional. A la par de ello, envió al Parlamento los proyectos de “humanización carcelaria” y de sometimiento a la justicia para bandas multicrimen. Ambas iniciativas son determinantes para avanzar la política de paz.

De igual manera, se la jugó por un Plan de Desarrollo colmado de facultades presidenciales en muchos aspectos, con el objetivo de acelerar por la vía de los decretos con fuerza de ley la implementación de políticas como la intervención en los precios de los servicios públicos, la creación de una Agencia de Seguridad Digital, reingeniería en la DIAN, regulación del uso de la planta de coca, decisiones presupuestales en varios sectores públicos, modificaciones de subsidios y traslados de plantas de personal…

En cambio, a medida que empezó el debate de estas y otras iniciativas clave para el Ejecutivo, se fue evidenciando que los tres partidos de centroderecha no podían aceptar a rajatabla reformas de tan alto calado que, en opinión de expertos, gremios y muchos sectores, buscan arrasar sistemas y políticas que han funcionado medianamente bien desde la Carta del 91. Tampoco apoyarían ciegamente un paquete legislativo con un marcado perfil estatizante, dirigido a marchitar la presencia de la iniciativa privada en la generación oficial de productos, bienes y servicios. Menos aún proyectos de ley y acto legislativo que, en opinión de no pocos congresistas, lesionan el principio de autoridad del Estado, debilitan la aplicación de justicia, envían un mensaje confuso a los actores violentos y restringen el accionar de la Fuerza Pública. Todo ello, sumado a un alud de alertas en torno a un gasto público desbordado, falta de claridad en los costos de las reformas e intentos de debilidad el respecto por la propiedad privada…

En perspectiva, aunque fue la reforma a la salud el ‘florero de Llorente’ que generó el último rifirrafe en la coalición, que llevó finalmente el miércoles pasado a la ruptura del bloque y la salida del gabinete de las cuotas ministeriales conservadoras y de la U (ya los liberales habían desconocido a los titulares de Justicia y Vivienda como representantes suyo), lo cierto es que esos tres partidos habían exteriorizado también grandes críticas a las reformas pensional y laboral, al tiempo que en el marco del debate al proyecto del Plan de Desarrollo votaron, junto a uribistas y Cambio Radical, para hundir o ajustar algunos artículos claves y disminuir el alcance y número del alud de facultades extraordinarias al presidente Petro.

Aunque el expresidente César Gaviria, jefe único del liberalismo; el senador Efraín Cepeda, presidente del Directorio Nacional Conservador; y Dilian Francisca Toro, directora de La U, instruyeron de manera reiterada a sus bancadas sobre la necesidad de buscar una concertación y morigerar las reformas (incluso firmando pactos con el propio Petro), al final, semana tras semana, fueron señalando unas líneas que, por más que fueran de la coalición gubernamental, no iban ni podían traspasar. Y no solo porque senadores y representantes terminarían desafiando el sentir y criterio de su militancia, sino porque acompañar un paquete legislativo tan drástico como el de Petro les podría pasar factura en los comicios regionales y locales del 29 de octubre próximo.

El Gobierno, lejos de inclinarse por buscar puntos intermedios en cada proyecto, optó por la radicalización, aduciendo que las reformas eran las prometidas y avaladas en las urnas el año pasado. En consecuencia, no solo reiteró que el Congreso debía darles paso para no desconocer la voluntad popular, sino que comenzó a advertir de manera recurrente que las masas debían salir a las calles a presionar y exigir de Legislativo la aprobación de las “reformas del cambio”. Una especie de democracia plebiscitaria.

Paralelo a esta estrategia, la Casa de Nariño comenzó a amenazar a los conservadores, liberales y La U con quitarles cuotas de poder. Primero, pidió la renuncia a los viceministros y otros altos funcionarios. Gaviria, Cepeda y Toro no cedieron. El Gobierno se la jugó, entonces, por empezar a romper la disciplina partidista, tratando de ‘voltear’ a los parlamentarios de uno a uno, maniobra ante la cual esas colectividades amenazaron con sancionar a los que se apartaran de las directrices y violaran la Ley de Bancadas.

Frente a ello, y ya sin mayor margen de acción, Petro, el pasado martes, después de que se complicara más el panorama para la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara, decidió romper la coalición, quitarle al otro día los ministerios a conservadores y La U, e insistir en la vía de seguir ‘reclutando’ parlamentarios liberales uno por uno, al tiempo que desde mañana, 1 de mayo, Día del Trabajo, buscará reforzar su estrategia de llamar a las bases populares de su gobierno a presionar desde la calle la aprobación de las reformas.

¿Entonces?

Si se analiza esa ruta crítica resulta más fácil entender varias circunstancias políticas de estos 78 días que marcaron el comienzo del fin de la coalición. Por ejemplo, la terquedad presidencial de respaldar a la ministra de Salud, Carolina Corcho, y la decisión de hacerla a un lado el pasado miércoles, ante la evidencia de que los partidos no cedieron y la reforma tiene un panorama más que complicado.

Ese escenario también permite entender por qué se designó a Luis Fernando Velasco como ministro del Interior. Reconocido antigavirista y con experticia para ‘reclutar’ liberales para la causa petrista, el exsenador caucano buscará dividir al oficialismo liberal y ‘voltear’ a algunos conservadores y de la U para tratar de avanzar las reformas voto a voto en comisiones y plenarias.

Siendo claro que en el primer gabinete que nombró hubo algunos titulares de cartera designados por ser cuotas partidistas o resultado de alianzas electorales de campaña, la remoción de diez ministros en menos de dos meses, para reemplazarlos por personas de su entera confianza (aunque con menor experticia y peso político) e incluso con varios trabajó cuando fue alcalde de Bogotá, evidencia que Petro quiere, de un lado, erradicar las controversias y pulsos de poder entre varios de estos altos funcionarios (que se le convirtieron en un dolor de cabeza) y, de otro, tratar de enderezar y acelerar, desde lo administrativo, una gestión que, a punto de cumplir nueve meses, sigue en cámara lenta, sin mayores logros tangibles y con la agenda legislativa trabada.

Igualmente, la ruta crítica de los 78 días permite comprender por qué los mismos tres partidos que ayudaron a sacar avante los proyectos clave de la Casa de Nariño en la primera parte de la legislatura, ahora se erigen como su mayor obstáculo. Se impuso la coherencia política e ideológica más allá de los compromisos burocráticos.

¿Qué pasará ahora? Es difícil señalarlo. Las reformas y los otros proyectos clave no avanzarán si los nuevos ministros y los que siguen no aceptan concertar puntos clave y neurálgicos. Eso es claro. Pero el Presidente sabe que negociar los alcances del paquete legislativo puede resultar contraproducente para su objetivo de aplicar un “cambio” de fondo en muchos flancos del país. Por eso apuesta a la presión callejera, arriesgándose en todo caso a que la oposición se haga sentir con más fuerza aquí.

Los partidos Conservador, Liberal y de La U tampoco la tienen fácil. Saben que el Gobierno busca culparlos del freno de las reformas y satanizarlos a pocos meses de las elecciones. Pero también están conscientes de que la coalición con Petro al final les salió muy costosa y no se sabe si les pase factura en las urnas.

Al final, solo hay tres cosas claras: la coalición mayoritaria solo duró ocho meses y medio; las reformas gubernamentales están trabadas y el mapa político empieza a tener más lógica, dejando ver a cada partido en su verdadera orilla programática e ideológica… Un panorama distinto a la mezcolanza partidista generada entre julio y agosto del año pasado, la misma que en apenas 78 días de este explosionó.