La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto que reforma la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, iniciativa de origen gubernamental y que busca hacer efectivo el Estado de Derecho y la separación de poderes con mayor autonomía presupuestal de la Rama Judicial, entre otros aspectos.
La reforma a la Ley 270 de 1996, adecúa el gobierno y la administración de la Rama Judicial siguiendo los lineamientos constitucionales establecidos en el acto legislativo 02 de 2015 que adoptó la reforma de Equilibrio de Poderes y reajuste institucional, y el precedente de la Corte Constitucional (sentencia C-285 de 2016).
En el debate el viceministro de Promoción de la Justicia, Francisco Chaux Donado, destacó la transformación digital de la justicia gracias a la cual los ciudadanos podrán acceder a ella en cualquier momento y desde cualquier lugar, y fortalece la confianza de la ciudadanía para consolidar una justicia más rápida e imparcial.
Los principales ejes y contenidos normativos de la reforma contemplan que el Consejo Superior de la Judicatura sea el órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y que este cuente con libertad sobre la administración de los despachos judiciales a nivel local y rural y con herramientas adecuadas que permitan la descongestión y agilidad en los procesos.
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Además, la Rama contará con todos los elementos necesarios para adaptarse a las tecnologías de la información y las comunicaciones a través del expediente electrónico, y será rectora de todos los operadores jurídicos y encargada de las medidas de prevención de la corrupción.
La iniciativa también robustece la Defensoría Pública para la defensa jurídica de los procesados y la representación de víctimas; los métodos alternativos de solución de conflictos; otorga a la Rama Judicial mayor autonomía presupuestal; podrá reglamentar la provisión de los cargos para magistrados de las altas Cortes, Tribunales y jueces a través de convocatorias y concursos públicos. Y fortalece el sistema de la carrera judicial mediante concurso de méritos y formación constante de operadores jurídicos.
El proyecto de ley pasó a tercer debate en la Comisión Primera de Senado de la República.