Se puso punto final a la discusión de los últimos días porque, supuestamente, el presidente Petro desconoce la independencia de la rama judicial. El Mandatario hizo las claridades al respecto reiterando en la reunión que sostuvo con los presidentes de las altas Cortes, que es respetuoso de la separación de poderes. Además, se comprometió a tramitar por los mecanismos constitucionales las diferencias que puedan surgir.
La polémica se presentó porque la semana anterior el Presidente por Twitter pidió a la Fiscalía explicar sobre denuncias que habría recibido la entidad por ciudadanos amenazados por el ‘Clan del Golfo’, que supuestamente no atendió, y que les habrían costado la vida a más de 200 personas.
El fiscal Barbosa recibió con molestia este comentario y señaló que el presidente Petro “fijó un trino en contra de un funcionario judicial de la Fiscalía General, en donde señaló que hay una especie de contumacia o apoyo a los asesinatos que comete el ‘Clan del Golfo’”.
Entonces el Jefe del Estado replicó que “el Fiscal olvida una cosa, que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el ‘jefe’ de él”.
El Congreso, la justicia y otros sectores del país criticaron al Presidente por decir que es el ‘jefe’ del Fiscal, pues al unísono consideraron que esta manifestación desconoce la independencia de la rama judicial.
La Corte Suprema se pronunció también en esa oportunidad enfatizando que “registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, realizada y difundida en las últimas horas por el señor Presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial”.
Al final del encuentro de ayer entre el Jefe de Gobierno y las altas Cortes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castillo Cadena, leyó en un comunicado que “luego de la reunión sostenida hoy (ayer) con el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena; Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas; Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera, y Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, destacamos este espacio de encuentro en el que se reafirmó la adhesión al principio de separación de poderes como presupuesto esencial del Estado de Derecho”.
Agregó el comunicado que “como representantes de las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativo, constitucional y del órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial, coincidimos con el señor Presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales, dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial”.
Añade que “invitamos a todos los actores institucionales, políticos y sociales a acompañar el propósito común de avanzar dentro del estricto marco de sus competencias, en la colaboración armónica entre las distintas Ramas del poder público para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado, así como a preservar un diálogo franco, directo y constructivo”.
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Por parte del Gobierno la líder del Despacho de la Presidencia, Laura Sarabia, dijo que “el presidente Gustavo Petro y los presidentes de las altas Cortes reafirmaron su compromiso para trabajar en armonía, acorde con el mandato constitucional, para lograr los fines del Estado. Un encuentro muy ameno y productivo”.
Reunión con el Fiscal
Se baraja una eventual reunión del presidente Petro y el fiscal Barbosa en los próximos días para limar asperezas y hacer claridades sobre la supuesta omisión de la Fiscalía de investigar el asesinato de al menos 200 personas en Magdalena, que habían denunciado amenazas, a manos del ‘Clan del Golfo’.
El presidente Petro recogió esa versión de información que ha recopilado el periodista Gonzalo Guillén.
Petro dijo en medio de la discusión con Barbosa, que “en situaciones como esta, en donde el Fiscal General entrega vagas explicaciones a los serios y gravísimos interrogantes que plantea un periodista, y que de ser ciertos pondrían en riesgo el orden público y la institucionalidad de la Justicia, no solo le está faltando el respeto al Presidente, sino que está violando la Constitución”.
El pasado viernes, la Fiscalía indicó en un comunicado que los hechos ocurrieron entre 2008 y 2010. Agregó que “continúa con la indagación. El caso cuenta con seguimiento, impulso y mesas de trabajo a instancias de las dependencias misionales respectivas”.
El fiscal a cargo del caso, Daniel Hernández, indicó que lo que se ha adelantado en la investigación indica que se habrían cometido 20 crímenes y no 200, como de forma equivocada se ha dicho en versiones.