El reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes en Colombia en el marco del conflicto armado es un delito persistente, continuo y en aumento. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio sobre lo ocurrido entre los años 2013 y 2022, presentado ayer por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Por ello se pone de relieve que este fenómeno necesita ser atendido con urgencia para garantizar la protección de la niñez, prevenir nuevos reclutamientos, y asegurar la salida y el restablecimiento de los derechos de aquellos aún bajo el control de grupos armados ilegales.
El estudio de caracterización analizó la situación de 2.181 niños y adolescentes víctimas de reclutamiento, atendidos por el Programa de Atención Especializada del ICBF entre 2013 y 2022. Estas cifras no son una expresión de la magnitud del reclutamiento, pero sí permiten hacer una caracterización que aborda causas, perfiles y condiciones de vinculación a los grupos, para proponer políticas públicas que atiendan la situación, advirtieron el ICBF y Unicef.
“Todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de un grupo armado es forzado. La niñez reclutada por grupos armados ilegales sufre graves vulneraciones a sus derechos y son siempre víctimas. Ni una sola niña o niño debería ser reclutado o usado para la guerra y todos los grupos armados deberían liberar de inmediato a aquellos que tienen en sus filas”, aseguró Astrid Cáceres, directora general del ICBF.
Por su parte, la representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat, resaltó que cuando no hay garantía de los derechos básicos para los niños, niñas y adolescentes ‒como acceso a la educación, protección, salud, recreación o a vivir con sus familias y en hogares sin violencia‒, aumenta su vulnerabilidad y el riesgo de ser reclutados o utilizados por los grupos armados organizados.
“Las niñas y niños deben estar en sus colegios, jugando, aprendiendo y en entornos protectores con sus familias, jamás en la guerra: garantizar el acceso a derechos a la niñez más vulnerable que habita, principalmente las zonas rurales y urbanas con presencia de grupos armados ilegales y fomentar la consolidación de estos entornos protectores, son necesidades sentidas, abordarlas ayudará a prevenir que el reclutamiento, uso y utilización sigan en aumento”, aseguró Chapuisat.
Principales hallazgos
Entre los hallazgos más destacados, el estudio registra un aumento en el ingreso al programa de desvinculados de niñas, niños y adolescentes de comunidades étnicas, pasando de un 14 % a un 34 % en población indígena y de un 12 % a un 17 % a población afrocolombiana, entre ambas caracterizaciones.
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Según el estudio realizado con niñez desvinculada, los departamentos que más registraron casos de reclutamiento en este período fueron: Antioquia (13,94 %), Chocó (13,25 %), Cauca (12,93 %), Nariño (10,82 %), Caquetá (8,48 %), Arauca (5,87 %), Meta (5,59 %) y Putumayo (5,14 %). En términos de municipios, Tumaco, en Nariño, fue el lugar donde más se registraron reclutamientos, seguido de Cáceres (Antioquia) y Tadó (Chocó).
El informe señala la existencia de entornos que propician el reclutamiento, ligados a pobreza, necesidades básicas insatisfechas, falta de oportunidades y medios de subsistencia, violencia en el hogar, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Sobre el grado educativo, se identificó que el 4,86 % de los niños no tenía ningún tipo de estudio al ingresar al Programa del ICBF; el 55,5 % estaba en primaria, el 39,02 % en algún grado de educación básica secundaria o media, mientras solo el 0,18 % ya era bachiller.
La edad promedio de reclutamiento es de 14, 08 años. La edad reportada se concentró entre los 13 y 17 años en el 80 % de los casos, en los hombres es de 14,2 años, mientras que de las mujeres es de 13,8 años. En el período anterior, la edad promedio de vinculación fue de 13,9 años.
Igualmente, el estudio menciona que el 65,4 % de los participantes indicaron haber realizado actividades relacionadas con su uso y utilización por parte de los grupos armados organizados, ya fuera involucrándose en la cosecha o transformación de cultivos de uso ilícito, llevar razones, mensajes o mercancías y otras labores de inteligencia o vigilancia.
De otra parte, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante los vídeos que circulan en instituciones educativas de Norte de Santander, en los que al parecer las disidencias de las Farc invitan a niños y adolescentes a pertenecer a este grupo armado ilegal.
“Rechazamos de forma contundente este acto deliberado de invitación a pertenecer a las filas del grupo armado ilegal y advertimos que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es un acto que contraría los postulados del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y, por consiguiente, los actores armados dentro del conflicto deben abstenerse de realizar cualquier acto que pueda traducirse en la vinculación de menores de edad”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.