La necesidad de reformar a la Policía está en plena discusión a raíz de las denuncias de las últimas tres semanas respecto a casos de abuso de fuerza e incluso lesiones graves o fatales ocasionadas por uniformados en el marco de las acciones para repeler el desborde violento de las protestas que arrancaron el 28 de abril.

EL NUEVO SIGLO presenta un informe sobre los planteamientos al respecto, las razones de sus impulsores y los peros a los mismos desde distintos sectores:

1. ¿DE MINDEFENSA A MININTERIOR?: no es la primera vez que se plantea sacar de la cartera de Defensa el mando institucional a la Policía. La razón que se arguye es que esta última es un cuerpo armado de carácter civil cuya principal labor no es de tipo ni naturaleza militar, sino que tiene como función básica la preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas. En ese orden de ideas, se propone que la Policía pase a depender del Ministerio del Interior, ya que esta cartera es la encargada de los temas de seguridad ciudadana.

Los partidarios de este cambio sostienen que resulta un contrasentido que en Colombia se establezca que los jefes de la Policía en cada jurisdicción son los alcaldes y gobernadores, cuya instancia jerárquica superior, al menos administrativamente hablando, es el Ministerio del Interior. Pese a ello, la Policía depende operativamente de la cartera de Defensa, que tiene una función de preservación del orden público, que es natural del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional.

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Sin embargo, los críticos de este planteamiento alegan que el ‘remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad’, en el sentido de que la polarización política en Colombia es muy alta y en ese marco siempre existe el riesgo de la oposición de turno acuse al ministro del Interior de turno de utilizar a la Policía con un presunto móvil político y no institucional. Igual se considera que en un país en donde la tipología de la delincuencia lleva a que se entremezclen fenómenos de criminalidad común y organizada, separar las tareas de la Policía y las Fuerzas Militares no tiene efectos prácticos ni lógicos.

2. ¿NUEVO MINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA?: tampoco es una propuesta nueva la de crear una cartera que se encargue de estos temas de forma exclusiva y excluyente, dejando el del orden público y la amenaza a la seguridad nacional en manos de las Fuerzas Militares y, por ende, del Ministerio de Defensa.

Sus partidarios sostienen que avanzar en esta dirección permitiría focalizar mejor las estrategias para combatir a la delincuencia común y otros fenómenos específicos de la conflictividad local que son causa principal de muertes, heridos y sobrecarga al aparato judicial. Un caso específico es el de las riñas vecinales o intrafamiliares, que figuran entre los móviles más altos de homicidios y lesiones.

También debería estar bajo la órbita de esta eventual cartera la definición e implementación de asuntos como las campañas contra los casos de intolerancia, violencia intrafamiliar y conductas contravencionales, que ocupan mucho tiempo de la Policía, los inspectores, los jueces y fiscales. De igual manera, como ha ocurrido en otros países, un Ministerio de Seguridad y Convivencia se encargaría, con mayor especialización, de asuntos como el combate a delitos de alto impacto, tipo robo de celulares o bicicletas. Sin embargo, los que se oponen a dar luz a un ministerio de estas características sostienen que esta idea va en contravía de la imperiosa necesidad del Estado de ‘adelgazar’ su tamaño burocrático y presupuestal.

También recalcan, como ocurre con la propuesta de pasar la Policía al Ministerio del Interior, que la delincuencia común y organizada (ejemplo típico los eslabones del narcotráfico) tienen una tipología compleja que hace inviable separar tajantemente las tareas de la Policía y las Fuerzas Militares.

3. ¿REFORMA A LA POLICÍA?: otro de los planteamientos más recurrentes por estos días es el referido a que se requiere una reingeniería a la operatividad policial, sobre todo en cuanto a la forma en que reacciona cuando se trata de reprimir actos de vandalismo u otro desborde violento de la protesta social.

Entre las alternativas que se han puesto sobre la mesa están las de acabar con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, limitar al máximo el uso de cualquier tipo de arma o procedimiento ante una masa de manifestantes, dejar en manos de los alcaldes o incluso del Gobierno nacional la autorización para que entre en acción…Otras voces señalan que debe cambiarse el régimen de carrera, profundizar la formación en derechos humanos o hasta avanzar hacia cuerpos uniformados no armados que se encarguen de la seguridad y convivencia ciudadanas, tal como ocurre en el Reino Unido.

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Tampoco faltan los que solicitan que todos los uniformados, incluidos los del Esmad, tengan visibles sus nombres y que haya una responsabilidad más directa e indelegable de los mandos sobre las acciones que se ordenan a los policiales frente a las marchas…Todas esas ideas, más allá de que sean válidas o no, se enfrentan a obstáculos de fondo: la Policía es la entidad de la Fuerza Pública más reformada en la última década y las denuncias sobre actos de abuso y accionar anómalo efectivamente han bajado, por lo tanto no se puede generalizar asuntos aislados, por graves que estos sean. Asimismo, muchos de los actos de violencia, vandalismo y ataque a la Fuerza Pública no son producto del desborde violento de la protesta social, sino que tienen detrás a grupos criminales organizados que se infiltran en busca beneficiar sus intereses ilícitos, amenaza que es imperativo reprimir.

4. NINGUNA REFORMA, APLICAR LA LEY: en medio de alud de denuncias contra el accionar de la Policía en esta ola de protestas que se han desarrollado desde el 28 de abril pasado, algunas voces institucionales han sido claras en torno a que no se necesita ninguna reforma a la operatividad policial, ya que la mayoría de las intervenciones de los uniformados se ha realizado dentro de los protocolos establecidos.

En ese orden de ideas, recalcan que no se requiere reforma alguna a la estructura ni reglamentos de la institución, como tampoco a la dependencia ministerial, ya que esa no es la solución. Por el contrario, plantean que la reacción a los casos de presunto abuso policial no es una reforma sino aplicar de forma rápida, efectiva y contundente las leyes vigentes.

Se trae a colación, por ejemplo, como a partir de escándalos como los de los ‘falsos positivos’, Colombia tiene una de las legislaciones más garantes de los derechos de las presuntas víctimas, sobre todo al establecer que estos casos pasan en su mayoría -casi automáticamente- a ser de conocimiento de la justicia ordinaria y no de la Justicia Penal Militar. De igual manera, se han fortalecido las capacidades del Inspección General de la Policía para ser más eficaz en las investigaciones de las denuncias contra los uniformados y dar traslado a las autoridades ordinarias de los casos de evidente transgresión criminal.