Congreso ampliaría periodo del Auditor | El Nuevo Siglo
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Miércoles, 22 de Mayo de 2019
Redacción Web

Se abrió paso la modificación de la elección del Auditor General de la República, cuyo periodo sería ampliado a cuatro años.

El funcionario sería escogido mediante un procedimiento similar al que se aplica para designar al Contralor General de la República.

La reforma está incluida en el proyecto de acto legislativo que tiene como objetivo ajustar la forma como la Contraloría General de la República hace el control fiscal.

El senador Germán Varón, de Cambio Radical, afirmó que espera que esta forma de elección sea establecida.

“Nosotros hemos planteado que el Auditor sea elegido como se elige actualmente el Contralor, es decir una convocatoria pública y un proceso meritocrático. Esperemos que así sea como se establezca finalmente”, afirmó a EL NUEVO SIGLO.

Por su parte, el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, manifestó también estar de acuerdo con que el periodo del Auditor General sea de cuatro años.

“Creo que la elección del señor Auditor está bien como está establecida en el régimen constitucional, pero sí debe tener un periodo de cuatro años”, afirmó. Y agregó: “Que lo proponga la Corte, lo elija el Consejo de Estado y el periodo de cuatro años”.

Actualmente el Auditor General tiene un periodo de dos años. Es elegido por el Consejo de Estado de una terna que es enviada por la Corte Suprema de Justicia.

Control fiscal

El ponente, el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), destacó que la iniciativa significa un “avance”.

“Se pasa de un control posterior y selectivo, a un control jurisdiccional preventivo, permitiendo que la Contraloría pueda actuar en forma eficiente y pronta antes de que se produzca la pérdida de recursos estatales. De esta manera, se garantiza el derecho al debido proceso y a la doble instancia”, sostuvo.

Asimismo destacó que “es un proyecto anticorrupción, positivo que fortalece la Contraloría, que la fortalece en su funcionamiento organizacional frente a las territoriales en su presupuesto, en su dinámica en su capacidad jurisdiccional y en su capacidad preventiva de ese fenómeno de la corrupción”.

Barreras afirmó que otorgarle la capacidad de un control preventivo a la Contraloría permitirá además, que “una vez decidida la ejecución de los proyectos” este pueda “acompañar a los los alcaldes, a los gobernadores, a los ordenadores del gasto en una correcta ejecución para poder mejorar las cifras de eficiencia”.

Por su parte, el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, señaló que “el control fiscal actualmente es solo posterior. Es decir, en Colombia no se puede hacer control previo porque está prohibido, pero se puede hacer un control de advertencia. Cuando se perdían los recursos la Contraloría solo llegaba a tratar de recuperar lo que se pudiera”.

De acuerdo con Valencia, el proyecto le da “herramientas y algunas funciones jurisdiccionales a la Contraloría para que, incluso, durante el proceso de ejecución de los recursos pueda tener un control preventivo”.

Barreras indicó además que este proyecto exige a las contralorías territoriales mostrar resultados de eficiencia o de lo contario podrían desaparecer, previa advertencia que hagan la Contraloría General, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Auditoría General.

En ese sentido, Valencia consideró que es necesario que “tengamos una Contraloría que pueda ejercer su función y también unas contralorías territoriales que estén fortalecidas, que tengan capacidad técnica y que tengan capacidad de contratación”. “El problema que tenemos con las contralorías territoriales es que no tienen la capacidad técnica ni humana para poder ejercer un control fiscal suficiente que nos permita salvaguardar los recursos públicos territoriales”, puntualizó.

Durante el debate, el contralor Carlos Felipe Córdoba defendió la ampliación de la planta de personal en las contralorías regionales y el establecer esquemas de seguridad para los titulares, aspectos que fueron debatidos ampliamente al punto que se nombró una subcomisión que analizará estos puntos del articulado para exponerlos para su aprobación. Para tal efecto, la subcomisión se reunirá en los próximos días con el contralor y los representantes de ocho sindicatos de la entidad que propusieron los puntos enunciados para ajustarlos y luego someterlos en consideración para su segundo debate.