La Veeduría Distrital le solicitó al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, a la Caja de Vivienda Popular, y en términos generales a todas las entidades del Distrito, verificar de manera más exhaustiva las certificaciones de documentos, previo a la suscripción de los contratos de prestación de servicios.
 
El llamado de la Veeduría Distrital se hizo luego de que concluyera una investigación sumaria al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, ante las denuncias realizadas en su momento por el nombramiento ordinario de la señora Liliana Eugenia Mejía González, en el empleo de Director Técnico, de la Dirección Técnica de Proyectos en enero del año pasado. Así mismo, por la contratación del señor William Blain Garzón como contratista de ese mismo Instituto.
 
Señala la investigación sumaria de la Veeduría que el IDU no realizó verificación de la hoja de vida y de sus soportes previamente al nombramiento de la señora Mejía. Esto, a pesar de que la servidora pública, presuntamente, no contaba con el título de profesional en Arquitectura, ni con título de Maestría.
 
Esta falla se había presentado de años atrás, pues la señora Mejía habría firmado desde el año 2012 un total de 10 contratos con esa Entidad y dos con la Caja de Vivienda Popular. Durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales, Mejía ya habría desarrollado actividades de coordinación, planeación y administración, sin contar con la posible matrícula profesional o la obtención del diploma necesario para ejecutar dichas labores. La cuantía por la suscripción de dichos contratos, está tasada aproximadamente en $500 millones.
 
Respecto al caso del señor Blain Garzón, además de posibles transgresiones fiscales y disciplinarias documentadas, también pudo configurarse una falsa motivación del contrato. El IDU justificó una contratación directa del mismo y la inexistencia en planta de alguien que ejecutara sus obligaciones, a pesar de que el mencionado señor no contaba con conocimientos altamente calificados en experiencia o en estudio, que justificaran el valor de los honorarios, lo cual lleva a deducir que su contrato posiblemente no cumplió con los requisitos legales, y que hubo una probable ausencia de planeación, selección objetiva, transparencia y falsa motivación de acto administrativo.
 
La Veeduría Distrital remitió copia del auto de cierre de la investigación sumaria a la Personería Distrital y a la Procuraduría General de la Nación. También remitió la respectiva información a la Fiscalía General de la Nación para que investigue eventuales actuaciones con incidencia penal en la suscripción de los contratos mencionados.