Así como todos los caminos conducen a Roma, en el sector energético nacional todos los hechos, medidas y contramedidas del Gobierno están moldeando el mapa para que el país vuelva a los apagones que se presentaron entre el 2 de marzo de 1992 y el 7 de febrero de 1993, y en que los cortes de energía se daban todos los días. En la actualidad, luego de tres décadas, el país sigue padeciendo por el futuro de la energía.
En efecto, han transcurrido más de dos años del actual Gobierno, y cuando el país debería estar satisfecho con una ruta exacta para la transición energética, la realidad es otra ante el ideologismo que impide ver la complejidad de la situación.
Ciertamente, cuando se debería utilizar el capital energético que el país traía desde las últimas administraciones, con un servicio eficiente en casi todas las regiones, la incertidumbre al respecto es, por el contrario, el pan de cada día y ya es inocultable la crisis del sector.
Hoy, las generadoras y distribuidoras reclaman que están al borde de la quiebra porque ha sido imposible seguir con los protocolos adecuados y el diálogo con el Gobierno, en materia tan sensible, es una ilusión irrisoria. En tanto, las formulaciones electoreras amenazan con agravar el tema y el populismo es la punta de lanza a cambio de las discusiones técnicas y los requerimientos inmediatos que un asunto de semejante calibre exige. Ante las necesidades del consenso entre todos los actores, para una salida concertada, lo que pulula es el divisionismo y la polarización, todavía peor, con un ministro del ramo ad portas de entrar a campaña por el Senado, según han informado los medios de comunicación y cuando el propio presidente Petro ha exigido que quienes estén en trance electoral deben renunciar al gabinete.
El ambiente adverso, creado por las sequías y fenómeno de El Niño, ha llevado a una crisis que el gobierno prefiere mirar de reojo sin tomar medidas para revertir la situación, sin cubrir el pago de subsidios y complicando la devolución de los costos de la opción tarifaria que hubieron de asumir tanto los distribuidores como los generadores.
A esto se suma el último mensaje del Gobierno, que en cabeza del propio presidente prefirió unirse a las manifestaciones de algunos usuarios, como sucedió en Barranquilla, y advertir que “tenemos que reformar la forma como se está cobrando las tarifas en el país. Ya lo hicimos, hoy tenemos una nueva fórmula tarifaria que una empresa que se llama XM, que es la bolsa de la energía que hay en Colombia, no está aplicando”.
Frente a ello, los gremios del sector energético señalaron conjuntamente el viernes que “durante el discurso del presidente Petro, se emitieron afirmaciones sin respaldo jurídico ni técnico, con mensajes que no se apegan a la verdad. Con ellas, se distorsiona la realidad del problema de fondo que enfrenta el sector energético y se desvía la atención sobre la responsabilidad del Gobierno nacional en la falta de soluciones concretas y responsables frente a una crisis que se ha producido, principalmente, por algunas acciones inadecuadas, y en otros casos, por omisiones”.
Por su parte, recordaron que las empresas generadoras de energía han invertido históricamente más de 140 billones de pesos en la infraestructura, permitiéndonos con ello superar por más de 30 años sequías y fenómenos de El Niño. Igualmente, dijeron que durante los tres primeros trimestres de 2024 estas empresas aportaron a la economía 36,5 billones de pesos, equivalentes al 3% del PIB de ese periodo.
Asimismo, reiteraron que las tarifas de energía en Colombia no son las más costosas de la región, y respaldan un mercado confiable a diferencia de otros países de la región que han sufrido apagones y racionamientos. Basta con ver a Cuba para corroborar la tragedia energética que sufren sus habitantes.
El punto central, para los gremios, es que “el sector de generación de energía enfrenta la falta de nueva oferta producto de retrasos por la falta de acompañamiento efectivo del Gobierno con las comunidades en regiones como La Guajira, que ya cuenta con varios proyectos eólicos abandonados y otros con retrasos de casi tres años y señales de intervención que ahuyentan a los inversionistas”.
En ese mismo sentido pidieron que el Gobierno tome las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en el futuro, porque “la situación es muy crítica y de no garantizarse tanto el pago de subsidios y la opción tarifaria, como el ingreso de proyectos con mayor oferta de generación, el país puede verse en riesgo de desabastecimiento o apagones”.
Ante semejante panorama, el país no puede más que exigir diálogo y concertación. So pena derivar en lo que muchos temen: que regresemos a la oscuridad de épocas que habían logrado superar en los últimos treinta años.