Luego de superada la contingencia en Puerto Carreño, capital del Vichada, donde más de 40.000 personas permanecieron sin suministro de energía por cerca de 27 horas, los gremios advierten que esta situación podría repetirse en otras regiones del país.

El gobernador del Vichada, Álex Benito, manifestó a diferentes medios que desde abril de 2024 el Gobierno Nacional no giró los recursos para generar energía en su región. El mandatario subrayó que esta deuda proviene de años anteriores y que es la población la que paga las consecuencias.

“Tiene que haber alguna solución y a mediano plazo debe haber un sistema de gran calado para acabar con esta situación, que es muy dura para la gente: un parque solar o un proyecto en el que se le dé solución de fondo”.

Mientras tanto, Electro Vichada, la empresa generadora de energía en el departamento, mostró preocupación por la estabilidad del servicio, señalando que la resolución de esta situación es crucial para evitar mayores complicaciones en el futuro.

Según la compañía, hasta que se efectúe el pago a Terpel, no podrá recibir combustible para continuar con la generación de electricidad, lo que podría generar más apagones en la región.

Andrés Medina, gerente de Electro Vichada, aseguró que “la electrificadora venía soportando el servicio con recursos que se recaudaban aparte de los subsidios. Adicional a esto, el proveedor de combustible decidió dejar de suministrar diésel debido a unas facturas o unas resoluciones que no habían sido canceladas el año anterior, lo que generó que el proveedor de energía tuviese dificultades para comprar biomasa y poder hacer generación con sus calderas y nuestra central de generación también se veía afectada por no poder encender los grupos electrógenos que teníamos disponibles por falta de combustible”.

Lo que dijo el Gobierno

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró a través de su cuenta de X que, acorde con el programa de gobierno, Puerto Carreño debe tener granjas de energía solar.

Entre tanto, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, expresó que es necesario informar que existe un problema estructural en las finanzas de la empresa, que es fundamental atender y que exige un proceso de modernización para poner a dicha empresa (cuya propiedad mayoritaria y por tanto responsabilidad es del departamento) en función de la transición energética justa para la región.

El alto funcionario aseveró que la empresa tiene una fuerte dependencia con generación de energía diésel por una parte, y un contrato con una empresa que por diferentes motivos ha presentado problemas en el abastecimiento en otras oportunidades.

Por último, señaló que “desde el Ministerio de Energía se adelantaron durante 2024 los estudios y diseños para una granja solar que pueda sustituir y superar los problemas de generación de energía. Lamentablemente dichos diseños tardaron debido a que Electro Vichada cometió errores estructurales en su formulación y tuvimos que reiniciar el proceso desde el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas". 

Lo que señalan los gremios

Por su parte, los gremios del sector energético del país solicitaron al Gobierno Nacional hacer el pago de los subsidios pendientes que fueron otorgados a los usuarios de electricidad y gas natural durante el 2024. 

Dentro de las empresas firmantes se encuentran la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) y la Asociación de Energías Renovables de Colombia (Ser Colombia).

El llamado de urgencia que hacen estas compañías se hace considerando la crisis financiera que viene atravesando esta industria y el riesgo latente de que la prestación del servicio se pueda ver afectada.

A través de un comunicado, el grupo de agremiaciones explicó que se ha vuelto “insostenible” debido a que el incumplimiento a la hora de realizar los desembolsos otorgados por las empresas prestadoras podría imposibilitar que estas puedan continuar otorgando subsidios y/o pagar a los proveedores de energía.

Y se advierte que, de no cumplirse con el pago de los subsidios, esto implicará incrementos de la factura que pueden llegar a ser, en el caso más extremo, hasta del 150 % o inclusive escalar hasta cortes del servicio, como ya está ocurriendo en Puerto Carreño, en el departamento de Vichada".

Por esa misma línea, señalaron que si bien las compañías han venido buscando respaldo financiero a la espera de los giros del Gobierno, el atraso actual ha llevado a que la capacidad financiera de algunas de estas firmas se vea comprometida. 

Lo anterior, considerando los retrasos en los pagos para cubrir la totalidad de los subsidios otorgados a los usuarios, los saldos de la opción tarifaria y las deudas de los usuarios oficiales. 

"Actualmente, los subsidios otorgados por las empresas, con corte a diciembre de 2024, para energía eléctrica se encuentran en alrededor de $2.7 billones y para el caso de gas natural en $628 mil millones. Esta falta de liquidez, derivada de los montos adeudados a las empresas de energía eléctrica, ha generado una mayor exposición a bolsa, incrementando las tarifas para los usuarios y elevando el riesgo sistémico en el sector", se alerta en el texto.  

“Durante 2024 se observó un comportamiento atípico tanto en apropiaciones como en el pago efectivo de subsidios, el cual se ha venido alertando por los gremios que suscriben este comunicado, y por entidades como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación”, añadieron.

Así mismo, según denunciaron, los subsidios para 2025 quedaron desfinanciados en la ley de Presupuesto General de la Nación, adoptada por medio de un decreto. En dicho documento quedaron descubiertos dos trimestres de pago de subsidios para energía eléctrica y dos trimestres y medio para el gas natural.

De igual manera, solicitaron emitir certificados de deuda de subsidios, titularizar las obligaciones actuales que tiene con las compañías, permitir que se haga un cruce de impuestos con ellas y ajustar los criterios de asignación de subsidios, para que beneficien a la población más vulnerable del país.

Por otro lado, desde la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) se dio a conocer que antes de culminar 2024 las compañías han entregado subsidios por el orden de $2.4 billones, lo que ha incrementado el riesgo de varias empresas de no seguir operando.

José Camilo Manzur, director del gremio, explicó que las empresas de energía en el país están arrastrando una deuda por cerca de $7 billones que corresponde a los subsidios, la opción tarifaria y la deuda de los usuarios constitucionalmente protegidos.

“La situación es crítica. Están pasando los días, pero no se están pagando los subsidios. La situación es insostenible por los montos que se están adeudando”, dijo el líder gremial.

Manzur también puso de presente que hay empresas que están en una disyuntiva de “financiar subsidios, pagar energía o cumplir con los respectivos planes de inversión”.

El líder gremial referenció que los altos precios de la energía en la bolsa también tienen impacto en la situación financiera de las empresas.

<DESTACADO>  De no cumplirse con el pago de los subsidios, esto implicará incrementos de la factura que pueden llegar a ser, en el caso más extremo, hasta del 150 %