La Secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó que se inhabilite en Nicaragua la candidatura política de Cristiana Chamorro, la mayor rival del presidente Daniel Ortega con miras a las elecciones de noviembre.
"Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles, y este nuevo atentado a la democracia verificado imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país", dijo la oficina de Luis Almagro.
"Acciones como ésta restan toda credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral", agregó.
Almagro recordó que "el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos" violan pactos internacionales firmados por Nicaragua, como la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA.
Su declaración llamó a acabar con el hostigamiento a opositores y a "reconducir al país hacia la democracia" con comicios libres y con observación internacional.
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Horas antes la policía de Nicaragua allanó con un fuerte dispositivo la vivienda de Chamorro después de que la justicia emitiera una orden de detención por una acusación de lavado de activos presentada por el gobierno de Ortega, un proceso que provocó la condena internacional.
Un tribunal de Managua dijo en una nota que ordenó el "allanamiento y detención en contra de Cristiana Chamorro, acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense".
Los agentes entraron con violencia a la residencia de Chamorro, en el sureste de Managua, donde se preparaba para dar una conferencia de prensa tras la acusación presentada por la fiscalía.
Chamorro, de 67 años, ha manifestado públicamente su intención de representar a la oposición como candidata única para los comicios del 7 de noviembre.
Ortega, en el poder desde 2007, aún no ha confirmado su participación en estas elecciones, pero sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo.
Este es el primer proceso electoral después de la ola de manifestaciones antigubernamentales de 2018, que dejaron al menos 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA.
La fiscalía abrió una investigación contra Chamorro el 20 de mayo a pedido del Ministerio de Gobernación. El gobierno la acusa de irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la promoción de la libertad de expresión.
La opositora ha rechazado esas acusaciones y las ha considerado una "farsa" para evitar su participación en las elecciones, ya que la ley nicaragüense impide postular a cargos públicos a personas con proceso penal abierto.