Después de que la Superintendencia de Industria y Comercio impusiera multas por $28.434.103.236 a nueve empresas y 16 personas naturales por violar la libre competencia y cartelizarse en el Programa de  Alimentación Escolar (PAE) en Bogotá, conducta ejecutada entre 2007 y 2017, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, dijo que este es resultado también de las denuncias que presentó en 2016, cuando fungió como secretaria del ramo en la capital de la República.

Angulo dijo que ante las irregularidades de los operadores que para esa época se encargaban de la entrega del complemento alimentario, la Administración Distrital elevó las denuncias correspondientes y aportó toda la información para que se iniciara el proceso que hoy entrega sus resultados con multas que superan los $28 mil millones.

"Desde la Secretaría de Educación hicimos unos cambios de fondo con la contratación de la alimentación escolar, nos enfrentamos a toda clase de presiones que había, así como a los contratistas corruptos. Estamos muy contentos de que la Superintendencia de Industria y Comercio haya hecho justicia y fruto de esas investigaciones, iniciadas por las batallas que nosotros dimos en la contratación, en equipo con Colombia Compra Eficiente, estén dando efectivamente las sanciones", precisó la Ministra.

Agregó la funcionaria que desde el Ministerio de Educación “celebramos la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio y reiteramos nuestro compromiso por esquemas de contratación transparentes y plurales en procura de una mejor alimentación para los niños y jóvenes del país".

Experiencia

Angulo explicó que la experiencia adquirida en la Secretaría de Educación de Bogotá en cuanto al PAE, permitió que en el marco de un sistema educativo descentralizado la primera acción al llegar al Ministerio, con el apoyo del presidente Duque, fuera crear la Unidad de Alimentos para Aprender  (UApA), entidad adscrita al Ministerio de Educación con la que el programa adquirió institucionalidad.

Agregó que de ahí en adelante se tomó una serie de medidas y se dictaron normas para buscar que este programa se desarrolle con la mayor transparencia, al punto que dijo que hoy cuenta con enormes instancias de control en las que participan rectores, Comités de Alimentación Escolar (CAE), manipuladoras de alimentos, estudiantes, docentes, padres de familia, gobernantes y la comunidad en general.

Con el objetivo de hacer seguimiento al PAE fue expedida la Resolución 335 del 23 de diciembre de 2021, que establece los lineamientos técnicos que deben cumplir los actores involucrados; mientras que la Ley 2167 garantiza la operación del Programa durante todo el calendario académico.

También la Ley 2195 de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción, extendió a diez años el periodo de inhabilidad de quienes incumplan contratos relacionados con el PAE.

En cuanto a las sanciones que adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio por $28 mil millones a operadores del PAE en Bogotá, pudo probar la existencia de un acuerdo entre ocho personas jurídicas, “cuya finalidad era eliminar la competencia en los procesos de selección contractual del Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá, en el periodo comprendido entre 2007 y 2017”. 

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“A través de este acuerdo, los infractores se distribuyeron las adjudicaciones de las zonas en las que fue dividido el Distrito Capital de Bogotá para los procesos de selección del Programa de Refrigerios Escolares de la ciudad (PREB)”, reveló el organismo de control.

Así mismo se encontró, explicó dicha Superintendencia, que “las empresas sancionadas mantuvieron relaciones estrechas y de comunicación constante durante el periodo investigado, incluso durante el desarrollo de los procesos de selección contractual objeto de investigación. En efecto, los sancionados sostuvieron constantes reuniones y comunicaciones a través de llamadas y correos; fueron socios comunes en empresas privadas; conformaron estructuras plurales (consorcios o uniones temporales) para participar conjuntamente en otros procesos de selección de alimentos distintos del PREB”.

Incluso, dijo el órgano de control, fueron al mismo tiempo competidores del PREB y proveedores entre ellos mismos de insumos con destino a los refrigerios del programa.

En Cartagena 

Un fallo de segunda instancia proferido por el juez Primero Civil del Circuito de Cartagena, frente a una acción de tutela interpuesta por el Procurador 10 Judicial de Familia de esa ciudad, ordenó a la Administración Distrital (Alcaldía y Secretaría de Educación) adoptar, en 48 horas, las medidas técnicas, administrativas y financieras pertinentes para garantizar la continuidad del PAE a 85 mil estudiantes de 90 colegios oficiales de la ciudad.

Con respecto a esta decisión, la procuradora general, Margarita Cabello, aseguró que “la alimentación de los niños, niñas y adolescentes es nuestra prioridad, estamos vigilantes frente a la entrega de raciones alimentarias PAE en todo el país”.

Entre los argumentos expresados por el Ministerio Público en su acción legal están los reiterados incumplimientos de los operadores de los programas Unión Temporal Cartagena Exprés y Por los Niños de la Heroica, en la entrega de los paquetes alimentarios en las instituciones educativas.