La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Fiscalía General de la Nación entregar, en un plazo de 45 días, información que permita avanzar en la búsqueda, identificación y entrega digna de 546 miembros de la fuerza pública víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno.
La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP en el marco del seguimiento a una medida cautelar nacional emitida en 2024. Esta medida busca garantizar los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas, articulando esfuerzos institucionales para agilizar su ubicación e identificación.
Además de la Fiscalía, la solicitud también fue dirigida a otras entidades encargadas de la investigación y búsqueda de desaparecidos, incluyendo la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional (SIJIN), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El Ministerio de Defensa reportó la desaparición de estos 546 uniformados durante una audiencia realizada el 12 de diciembre de 2024. De acuerdo con la información proporcionada por esta cartera, entre las víctimas se encuentran 384 soldados del Ejército Nacional, 139 uniformados de la Policía Nacional, 13 miembros de la Fuerza Aérea y 10 de la Armada Nacional.
Durante la misma audiencia, se expusieron las acciones implementadas para la aplicación de la Ley 2364 de 2024, que busca proteger los derechos de las mujeres que buscan a víctimas de desaparición forzada.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, relator de la medida cautelar, enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional para superar las barreras estructurales que han dificultado los procesos de búsqueda e identificación. “En la línea de trabajo de búsqueda de miembros de la fuerza pública desaparecidos, hemos tomado la decisión de prorrogar por 45 días el plazo solicitado por la Fiscalía, entidad que viene haciendo un trabajo arduo, juicioso y competente investigando estas desapariciones. En virtud del trabajo mancomunado entre la JEP y la Fiscalía, se ha otorgado este plazo para que pueda recabar la información necesaria que nos conduzca a ubicar y lograr la identificación plena de los militares desaparecidos”, afirmó el magistrado.
Como parte del mismo requerimiento, la SARV también ordenó al Ministerio de Defensa precisar los documentos de identificación de 62 de las víctimas en un término de 10 días.
Desde su creación, la SARV ha emitido 23 medidas cautelares para proteger puntos de interés forense en todo el país, lo que ha permitido la exhumación de 1.701 cuerpos. De estos, 173 han sido identificados y 98 han sido entregados dignamente a sus familias.