Con la intención de evitar que se aplique el reglamento marítimo en la navegación y las actividades fluviales, a falta de una norma integral en la materia, hay un proyecto de ley del senador Horacio José Serpa (Partido Liberal), que tiene por objeto expedir el Código Nacional de Tránsito Fluvial, mediante el cual se regula esta modalidad de movilización, se determinan las autoridades administrativas, regulatorias y de control operativo, así como el régimen de infracciones, sanciones y los procedimientos de control.

La iniciativa figura en el primer lugar del orden del día de este martes de la sesión de la Comisión Sexta del Senado de la República, para lo cual cuenta con potencia positiva radicada por el propio senador Serpa. La ausencia de un reglamento técnico de operaciones fluviales en la Bahía de Cartagena y en los 27 kilómetros del río Magdalena en la jurisdicción de Barranquilla, "ha implicado en términos prácticos que la Dimar aplique el reglamento de operaciones marítimas para hacer control y vigilancia de la navegación fluvial y de las demás actividades portuarias”, señala Serpa en su proyecto.

Agrega que las consecuencias se ven reflejadas en tres aspectos: sobrecostos en el transporte fluvial que representa ineficiencias del sector, limitaciones logísticas del país que restringen la multimodalidad del transporte y rezago en competitividad frente a otros países en la región.

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Señala el senador Serpa que la Nación ha venido haciendo inversiones multimillonarias sobre el río Magdalena para volver al país y sus productos de exportación e importación más competitivos. “Por tanto, no es posible después de tantos esfuerzos de ingeniería e inversión, aceptar que la navegación por el río no tenga una reglamentación eficiente y moderna que vuelva a Colombia un país competitivo”, agrega.

De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad para el año 2018 más del 80% de la carga fue transportada por carretera, un 16% por vía férrea y sólo un 2% por vía fluvial. En tanto que mientras la inversión en carreteras representó el 71% de la inversión pública en el sector de transporte para el 2018, la inversión pública en modo fluvial representó apenas el 0,37%.