En plenaria del Senado, con 68 votos a favor se aprobó el Proyecto de Ley de Reforma a la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996). La iniciativa busca agilizar el sistema de respuestas a los requerimientos de los servicios esenciales de acceso a la justicia y el fortalecimiento normativo: entre otros temas.
De acuerdo con el Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, "la reforma aprobada es fruto de un trabajo concertado con las altas cortes, por lo que ahora se espera, se pueda dar respuesta a las problemáticas que en materia de administración de justicia, funcionamiento y transformación digital se han presentado durante los últimos 25 años".
Con esta reforma la rama busca mejorar su eficacia y aumentar la atención de procesos judiciales, los cuales han hecho ver a la justicia como tardía.
“En 2020 el ingreso efectivo de procesos ascendió a 1’.897.244, mientras que el índice de egresos efectivos fue de 1’.521.088, lo que indica un porcentaje del 80,17% de egresos y un déficit en resolución del 19,3%”, señaló Ruiz Orejuela.
Para el jefe de la cartera de justicia la reforma es una manera correcta para encontrar salidas a la problemática que actualmente afronta su administración, pues responde a las necesidades de la ciudadanía y al reconocimiento de sus derechos”, destacó Orejuela.
El proyecto desarrolla la conformación, operatividad y funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que cumple la función disciplinaria de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, del mismo modo la norma incluye todos los elementos necesarios relacionados con la adopción del expediente digital para facilitar la labor judicial y mejorar la productividad de los despachos judiciales.
En cuanto al déficit de cobertura de la administración de la justicia, la reforma habilita al Consejo Superior de la Judicatura la creación de de juzgados itinerantes.
Del mismo modo, la reforma fija los lineamientos para el fortalecimiento de la carrera judicial con garantías para empleados y funcionarios, respetando los cargos por provisionalidad o itinerancia.
El jefe de la cartera resaltó que el Proyecto de Ley contempla la equidad de género al permitir que el 50% de las listas para el cargo de magistrados de las altas cortes sea para mujeres, así como resguarda las normas de concurso de méritos, el registro de elegibles y el respeto a derechos de los empleados de carrera.