Una voz de alerta dio ayer la Procuraduría General al Ministerio de Educación por el riesgo, de que se podría en 12 entidades territoriales interrumpir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por falta de presupuesto. Como consecuencia se verían afectados más de 800.000 niños y jóvenes de colegios públicos.
Así se lo hizo saber el órgano de control a través de una comunicación al Ministerio de Educación Nacional y a la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) en la que alerta que en los municipios de Villavicencio, Montería, Sincelejo, Uribía, Pitalito y Neiva los altos costos de los artículos de la canasta familiar los tienen en riesgo de seguir adelante con el PAE.
En la misma situación se encuentran los departamentos de Caquetá, Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Boyacá y Huila.
Entre los casos más alarmantes están el del municipio de Pitalito y el departamento del Huila que tendrían que suspender el programa en los meses próximos de julio y agosto respectivamente.
Frente a la situación algunas entidades se han planteado la posibilidad de disminuir la cobertura, lo que a juicio de la Procuraduría General de la Nación desvirtúa el objetivo del programa.
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Ante la situación, el ente de control solicitó, tanto al Ministerio de Educación Nacional como a la UApA, adelantar las estrategias que sean necesarias para atender la problemática manifestada y evitar que se vean afectados los derechos constitucionales de acceso y permanencia a la educación de aproximadamente 808.453 niños y jóvenes de estos territorios.
En mayo pasado, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, anunciaron que las dos entidades trazarán una hoja de ruta que permita la articulación entre ambas, de cara a alcanzar avances significativos en el cierre de brechas de acceso y de calidad educativa que persisten en el servicio y que se manifiestan especialmente en la ruralidad y la ruralidad dispersa.
La Procuradora Cabello referenció que una adecuada coordinación entre el ente de control y la cartera ministerial, es una gran oportunidad para presentar las situaciones irregulares que ha identificado la Procuraduría, así como los resultados de las acciones preventivas y vigilancia sobre las autoridades responsables de la prestación del PAE, y de la infraestructura y servicios educativos.