EL ALTO USO DEL EFECTIVO ATIZA LA ILEGALIDAD EN COLOMBIA
Economía ilegal mueve 35% del PIB

Foto archivo AFP

Malestar causó en el país la información de varios medios de comunicación de Holanda en la que se preguntan que ¿si Colombia es un país pobre, cómo tantos colombianos están disfrutando del Mundial de Fútbol en Rusia? y la respuesta para ellos fue que el país está lleno de cocaína y de dinero del extinto narcotraficante Pablo Escobar.

Esta información coincidió con el informe entregado por la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos que señala un crecimiento alarmante en las áreas cultivadas con coca que al cierre de 2017 totalizaron 209.000 hectáreas.

Las cifras más recientes señalan que la economía subterránea en Colombia llegó a los 304 billones de pesos, casi el 35 por ciento de la producción total del país durante 2017.

Lo alarmante de la situación es que este flagelo de la economía, la ilegalidad crece a tasas del 6 por ciento anual, mientras que la economía formal en el año analizado solo se expandió a 1,7 por ciento.

 

Economía subterránea

 

En un estudio realizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) para la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) sobre el desarrollo de la economía subterránea en Colombia, el centro de análisis señala que esta se define como la suma de las actividades informales, incluyendo aquellas laborales, empresariales y de simple evasión-elusión tributaria y el componente ilegal, especialmente el narcotráfico, la minería que se realiza de forma irregular y el contrabando entre otras.

Con ello, la economía subterránea (informal + ilegal) habría ascendido a valores promedio del 19 por ciento del PIB en 2012 a nivel mundial, aumentando cerca de 3 puntos porcentuales frente a la estimación inicial del 16 por ciento del PIB que se limita al sector informal.

A nivel local, el tamaño de la economía subterránea habría pasado del 49,6 por ciento al 35,1 por ciento del PIB en el período 1985-2012. Allí se observó una disminución en ambos componentes, el informal pasó del 47 por ciento al 33 por ciento del PIB en el período de análisis, mientras que el ilegal pasó del 2,7 por ciento al 1,9 por ciento del PIB.

El informe señala que “al compararnos con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (últimas cifras disponibles al año 2007), la economía subterránea en Colombia ascendía a valores del 39,8 por ciento del PIB (33,5 por ciento informal + 6,3 por ciento ilegal). De manera similar, México registró un tamaño de la economía subterránea del 39,7 por ciento del PIB (28,8 por ciento informal + 10,9 por ciento ilegal), explicado en buena medida por la mayor incidencia del narcotráfico durante la última década.

Perú alcanzó el mayor registro, con una economía subterránea que representaba el 59,6 por ciento del PIB (53,7 por ciento informal + 5,9 por ciento ilegal). Por su parte, Chile 18,7 por ciento del PIB (18,5 por ciento informal + 0,2 por ciento ilegal) registraba niveles muy inferiores a los de Perú, Colombia y México en dicho período, sugiriendo una mayor fortaleza institucional.

ANIF desarrolló el Índice de la Economía Subterránea (IES) que permite monitorear la relación entre la ilegalidad, la eficacia tributaria, el uso del efectivo y el grado de desarrollo de la economía subterránea.

Los resultados del IES muestran que Colombia ha estado “rajada” en el tamaño de su economía subterránea durante los últimos veinte años, pues este nunca sobrepasa puntajes de 3 (sobre 5).

Ello se explica principalmente por las bajas calificaciones del país en los pilares de ilegalidad, donde el área cultivada de coca y el precio de la cocaína se mantuvieron muy por encima de su promedio histórico; la eficacia tributaria, consistente con los elevados niveles de evasión; y el uso del efectivo, por cuenta de la ausencia de restricciones a las transacciones en efectivo y la implementación del Gravamen a los Movimientos Financieros.

 

Aterra expansión

 

El presidente de ANIF, Sergio Clavijo, sobre el tema que a “quienes hemos apoyado el proceso de paz, nos aterra la gravedad de esa expansión del narcotráfico. Flaco favor se le estaría haciendo a la democracia y a la consolidación económica de Colombia si el expediente de la era del posconflicto 2018-2022 se llegara a fundamentar en no combatir el narcotráfico con toda la vehemencia requerida. Hasta la fecha las cifras nos hablan de una inusitada expansión de las áreas cultivadas con narcóticos y de una producción e interdicción que se han duplicado”.

Las cifras del centro de estudios muestran que actualmente Colombia tiene una economía subterránea del orden del 35 por ciento del PIB, “de allí la importancia de cambiar la actitud permisiva con el narcotráfico que se viene destilando detrás de los supuestos apoyos a la democracia y a la inclusión social del llamado Acuerdo de La Habana. Bienvenida la paz y hasta las amnistías a los guerrilleros, tras la esperanzadora entrega de armas, pero de ninguna manera podemos bajar la guardia frente al narcotráfico”, señaló Clavijo.

Es claro que los factores que explican el auge narco de Colombia tienen que ver con la permisividad a través de no erradicación, no fumigación y no persecución efectiva de los narcotraficantes (incluida la guerrilla) durante 2014-2017. Dicho de otra manera, frente a una demanda estable y con crecimiento vegetativo del 2 por ciento anual, lo que ha disparado las exportaciones de narcóticos desde Colombia ha sido un favorable choque de oferta (por inacción Estatal).

Entretanto, el mundo formal que produce esas exportaciones no tradicionales ha venido enfrentando mayores costos por cuenta del IVA, alzas en fletes y la competencia creciente desde Asia. En cambio, Colombia ha mostrado “ventaja comparativa” en sus exportaciones de narcóticos por cuenta de la alta informalidad e ilegalidad productiva.

Luego lo requerido para restablecer las exportaciones no-tradicionales hacia niveles de los 20.000 millones de dólares al año (hoy en tan solo 10.000 millones de dólares al año) tiene que ver con abaratamiento de los costos del transporte, donde infortunadamente el legado der este Gobierno en infraestructura tan solo mostraría sus frutos por allá en 2020-2022; relocalización de la base productiva exportadora hacia las Costas; reducción de los costos laborales no-salariales, los cuales hoy todavía bordean el 50 por ciento; y curiosamente, mayor devaluación real de 5 por ciento -10 por ciento para llevar la tasa de cambio hacia la Paridad del Poder Adquisitivo, la cual vendrá gracias a la flotación cambiaria.

El mandatario que se inicia el 7 de agosto tendrá una doble tarea en materia de consolidar el proceso de paz, pero al mismo tiempo restablecer el imperio de la Ley en su lucha contra el narcotráfico y la ilegalidad que se ha tomado a Colombia, concluye el informe.