La Corte Suprema de Justicia condenó a cuatro años y ocho meses de prisión al exsenador del Partido de la U, Eduardo Pulgar. El excongresista fue capturado en diciembre de 2020 y se encontraba preso en La Picota de Bogotá.
El exsenador Eduardo Pulgar aceptó cargos de intentó de soborno al juez Andrés Rodríguez Cáez, en 2017, para favorecer a su aliado político Luis Fernando Acosta Osío. En este sentido el alto tribunal lo condenó por delito contra la administración pública y lo absolvió por los de trafico de influencias.
De acuerdo con la investigación de la CSJ, Pulgar invitó a al juez Andrés Cáez a su apartamento, para ofrecerle “200 barras” a cambio de recostar la balanza de un millonario proceso administrativo hacía Acosta Osío, quien estaba en plena disputa por la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
“Pulgar, en su condición de senador para la época de los hechos, utilizó indebidamente en favor de la familia Acosta, influencias ante el ministerio de Educación para beneficiarla en el trámite de la ratificación de la reforma de los estatutos de la Universidad Metropolitana, de acuerdo con las atribuciones legales y reglamentarias (...) que le permitió finalmente a su grupo familiar tener el control y manejo de la entidad”. Aseguró el Alto Tribinal
En los apuntes de la investigación se resalta que Pulgar buscaba aceptar su responsabilidad por los delitos de cohecho -soborno- y tráfico de influencias, a cambio de ser condenado rápido y obtener una rebaja de pena. Sin embargo el proceso dió un giro cuando llegó una carta a la Corte Suprema donde ser pedía ampliación de su indagatoria.
Al respecto el tribunal respondió diciendo “Frente a la rigurosa investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el exsenador Eduardo Pulgar Daza se sometió a la Justicia. En diligencia de sentencia anticipada, aceptó parcialmente su responsabilidad en delitos de tráfico de influencias y cohecho por dar u ofrecer”.
Dentro de la condena emitida el alto tribunal hace la aclaración que Pulgar no podrá pagar la sentencia en su domicilio y que no podrá ejercer cargos por cinco años.