A pesar de que el hacinamiento se ha reducido en más de un 30% en los últimos dos años y el actual Gobierno ha construido infraestructura, la problemática carcelaria en el país parece lejos de resolverse, como se vio ayer en la cárcel de Tuluá, en donde una conflagración que habrían provocado algunos presos dejó 51 internos muertos y 26 heridos. A pesar de la intervención de los guardianes para controlar la situación, no se habría contado con el personal ni los extintores suficientes.

El Gobierno nacional, la Fiscalía y los organismos de control anunciaron investigaciones.

Según la información que dieron las autoridades, el incendio se produjo a eso de la 1:30 de la madrugada en el pabellón 8 del penal, aparentemente después de que dos internos se agredieron.

“En la madrugada de hoy en el pabellón 8 del establecimiento de reclusión de Tuluá, en el Valle del Cauca, fallecieron 51 personas privadas de la libertad y 24 resultaron heridas producto de un incendio provocado por una riña entre los internos”, explicó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

Añadió que “uno de los internos infortunadamente prendió fuego a una colchoneta, lo que provocó una conflagración. El personal de guardia del Inpec intentó controlar las llamas, pero fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos de la ciudad de Tuluá”.

La guardia en su reacción abrió la mayoría de las celdas y logró evacuar a más de 150 internos, pero otros quedaron atrapados tras los barrotes y perecieron o resultaron heridos.

Sobre lo sucedido el presidente Duque dijo, desde Portugal, donde cumple una visita de Estado, que “lamentamos los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca. Estoy en contacto con el director del Inpec, general Tito Castellanos, y he dado instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación. Mi solidaridad con las familias de las víctimas”.

Por su parte, el ministro de Justicia viajó en horas de la mañana de ayer a Tuluá para acompañar al director del Inpec y “apoyar de primera mano las investigaciones pertinentes que permitan aclarar esta tragedia”, según explicó.

Advirtió el ministro Ruiz: “Quiero informar a toda la opinión pública que se iniciaron las investigaciones para determinar los detalles de lo ocurrido y poder dar claridad al país sobre dicho acontecimiento”.

En tanto que la Procuraduría anunció una comisión especial que se desplazó hacia Tuluá para atender lo ocurrido en la cárcel.

De su lado, la Fiscalía asumió la investigación por los hechos en esta cárcel. Dispuso un equipo de 25 personas, conformado por fiscales especializados, investigadores y técnicos en criminalística del CTI, y peritos forenses de Medicina Legal.

En tanto que el general Castellanos dijo que la cárcel de Tuluá es una construcción antigua y que no cuenta con un sistema contra incendios.

“Como es un pabellón de primera generación, de hace 60 años, no tiene sistema antiincendios (...) lo que manejamos nosotros inicialmente son los extintores portátiles”, explicó el director del Inpec.

Mientras tanto el presidente electo, Gustavo Petro, se solidarizó con las víctimas, y dijo que “el Estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación”.

Agregó que “lo acontecido en Tuluá, como la masacre en La Modelo, obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso”.

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El problema carcelario

El exministro de Justicia y ex procurador general, Alfonso Gómez Méndez, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “el país no puede ocuparse del tema penitenciario cada vez que hay una tragedia como esta de semejantes magnitudes o una fuga. Ese es un tema que el Congreso no toma en serio y el Ejecutivo tampoco -no me refiero al actual Gobierno necesariamente-. El tema de la construcción de cárceles es algo que se deja de lado porque probablemente no da votos”.

Recordó que “hace ya tiempo que la Corte Constitucional declaró el estado inconstitucional en el tema del manejo de las prisiones. Y a eso habría que agregar todo el tema de la política criminal, el problema preventivo, el problema de por qué la gente delinque. Entonces veo como falto de seriedad que solo nos ocupemos cuando hay esto y ahí surjan toda clase de propuestas, pero no mantengamos una actitud permanente, por ejemplo, para exigirle al Gobierno, no solo a este sino al gobierno en general, y al Congreso, que tomen en serio el problema de prisiones”.

Agregó que esta problemática “pasa por la política criminal, por el tema de la justicia, por los jueces de ejecución de penas, que pasa por la no construcción de centros penitenciarios. Ojalá lleguemos un día a lo que han llegado los países nórdicos, que están cerrando cárceles porque se ha disminuido la delincuencia”.

Por su parte, el exministro de Justicia Yesid Reyes conceptuó que “el hacinamiento es parte del problema, que inclusive estadísticamente ha bajado muchísimo a raíz de la pandemia, cuando en buena parte la reducción del hacinamiento en las cárceles se debe al gran crecimiento del hacinamiento en las estaciones de policía y en los sitios transitorios de reclusión”.

Agregó Reyes que el sistema penitenciario en general necesita un replanteamiento desde el punto de vista del Estado, el cual “debe comenzar por la formulación de la política criminal en la que el Estado decida qué tipo de prisiones y para qué quiere las cárceles. Y una vez formulada una política criminal en ese sentido, debe empezar a rediseñar, actualizar y construir las cárceles para que cumplan la función que el Estado quiere que cumpla, que es fundamentalmente la reinserción de las personas que pagan la pena a nivel de la sociedad”. 

En cuanto a la propuesta que se ha hecho de liquidar el Inpec, Reyes dijo que “solamente cambiar el Inpec por otra institución no cambia absolutamente nada. Ya hicimos un cambio parecido hace unos años,  y el tema no mejoró sustancialmente. La Uspec, por ejemplo, que es la encargada de manejar la parte administrativa y de dotación de las cárceles, también es una entidad relativamente nueva que se había cambiado hace unos años para mejorar la situación de las cárceles, y tampoco ha funcionado correctamente”. 

Por ello el exministro de Justicia dijo que “la solución del tema penitenciario no puede ser parches aislados, mejorando los niveles de hacinamiento o cambiando simplemente el Inpec por otra institución o cambiando la Uspec por otra institución. Creo que el sistema penitenciario en Colombia necesita un rediseño de fondo que hace muchísimo no se hace”.

La Defensoría del Pueblo advirtió que en abril pasado se realizó la más reciente verificación de derechos al interior de la cárcel de Tuluá, donde “se constataron graves condiciones en la prestación del servicio de alimentación y falta de suministro médico a las personas privadas de la libertad”, dijo.

Agregó que instan “a las autoridades correspondientes a que trabajen con celeridad en el mejoramiento de las condiciones de salubridad de esta población en dicho establecimiento penitenciario”

Hacinamiento en prisiones del país

. Número de establecimientos: 128

. Cupos carcelarios: 81.175 

. Número de internos: 97.425 (73.779 condenados y 23.037 sindicados)

. Hacinamiento 20,2%

Fuente Inpec