Dentro del conjunto de recomendaciones que la CIDH le formula al Estado colombiano luego de la visita que practicaran sus miembros a comienzos de junio de los corrientes, que apenas estamos analizando, figura la de “separar a la Policía Nacional y su Esmad del Ministerio de Defensa, a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”. Ello quiere decir, según el informe de la CIDH, que la Policía se ha militarizado o ha adoptado algunos de sus procedimientos siendo un cuerpo de naturaleza civil cuya misión es la de garantizar la seguridad y las libertades públicas; evaluación que debe hacerse con toda responsabilidad.

Esa propuesta no es nueva entre nosotros y la iniciativa reaparece cuando se presentan crisis por actuaciones de los miembros de esta institución que desdicen de su fin constitucional; inclusive, cuando se ha abordado el tema, ha llegado a proponerse la creación del Ministerio de la Seguridad. Separar la Policía del Ministerio de Defensa plantea diferentes interrogantes. ¿Se adscribiría al Ministerio del Interior?  No se ve clara su conveniencia. Expertos creen que se puede correr el riesgo de dejarla expuesta a la influencia política y esa posibilidad crearía un problema mayor que sería la mejor manera de desnaturalizarla y llevarla a que pierda todo tipo de legitimidad.  

Lo cierto es que en diferentes sectores de opinión se reclama una reforma estructural de la institución de la Policía que adecúe su organización actual para que sea un cuerpo enteramente civil, más cercano a la ciudadanía, y más garante de los derechos ciudadanos, racionalizando sus métodos y el uso de la fuerza.

Lo primero que se debe hacer es un diagnóstico integral que identifique con una evaluación rigurosa los problemas, las posibles desviaciones, las debilidades en el funcionamiento y las necesidades del estamento policial para su fortalecimiento. De sus conclusiones lo más probable es que surja la necesidad de introducirle reformas a esta institución con el fin de que haya controles más efectivos sobre su funcionamiento operacional, como el uso proporcional de la fuerza cuando ella llegare a ser necesario y así evitar posibles excesos. Ello obliga a la necesidad de repensar el papel de las autoridades civiles y los jefes de policía para que actúen de manera más coordinada.

Hay que reconocer que la Policía en su tarea de persecución del delito hace esfuerzos y sacrificios en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y la ilegalidad, pero muestra deficiencias notorias en el tratamiento a quienes incumplen las normas del Código de Policía. Parece que sus integrantes fueran más idóneos para prestar sus servicios en unas áreas que en otras. Puede haber fallas en los protocolos y en los procesos de incorporación, se dice. ¿Los patrulleros que permanecen en las calles sí reciben preparación adecuada para atender tales actividades?  Es la evaluación que debe hacerse con toda responsabilidad y si es así, proceder en consecuencia.