Este jueves comenzará, en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el debate de uno de los proyectos más importantes que tendrá que sortear el Concejo de Bogotá en este segundo semestre del año: el del rescate social que propuso la alcaldesa Claudia López el pasado mes de mayo y que radicó el 11 de junio.
EL NUEVO SIGLO hizo un repaso sobre algunos de los aspectos que plantean tanto las ponencias positivas como la negativa, para avizorar qué aspectos generarán más discusión.
Son dos ponencias positivas, una de la concejal de Cambio Radical, Carolina Arbeláez y otra del cabildante del partido de “La U”, Rubén Torrado; mientras que la ponencia negativa corresponde a la concejal de la coalición de Colombia Humana-UP-MAIS, Ati Quigua.
Desde ya es claro que buena parte del debate se centrará en el monto que se le tiene destinado al sistema de transporte masivo Transmilenio. Esta es una de las grandes preocupaciones de los concejales Arbeláez y Torrado, tomando en cuenta que contempla más de un billón de pesos para su rescate.
“Hemos radicado la ponencia al rescate social y económico de la alcaldesa Claudia López. Hemos radicado una ponencia positiva con más de 8 modificaciones en donde hemos propuesto cambiarle el título al proyecto. En este proyecto los recursos destinados para salvar la operación del sistema de transporte masivo son de más del 60%”, indicó la concejal Arbeláez. No obstante añadió que la ciudadanía tiene que tener claro que si no se aprueban de manera urgente recursos para inyectarle al sistema, este no tendría cómo operar.
Adicionalmente, la cabildante Arbeláez refirió que su ponencia incorpora alivios para que las personas que se encuentran en mora de pagar sus obligaciones tributarias y no tributarias puedan ponerse al día hasta el mes de diciembre.
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Ponencia negativa
Ahora, la concejal y coordinadora ponente del proyecto perteneciente a la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, Ati Quigua, radicó una ponencia negativa a la iniciativa. ¿Cuáles fueron sus razones?
Pues bien, Quigua comenzó por aclarar que su decisión no cuestiona la necesidad que tiene la ciudad de implementar una estrategia de rescate socioeconómico que le permita enfrentar con eficacia los retos que impone la crisis sanitaria del covid-19. Aún así, la radicación del sentido negativo de la ponencia se sustenta, más bien, en una falencia estructural, nominal y social del documento radicado por la Administración.
“Evidenciamos que el proyecto de acuerdo para el rescate social no cumple con el propósito enunciado al favorecer presupuestalmente al transporte y la infraestructura de Transmilenio, asignándole el 62.8% del total de recursos, $1.1 billones, mientras que a los sectores de la gestión social, indispensables para la recuperación socioeconómica de la ciudad, solamente les corresponde un 37.2% de esos recursos. Esta asimetría presupuestal pone de presente que en realidad estamos frente a un rescate de Transmilenio, a costa del aumento del hambre, la pobreza y la desigualdad de las habitantes de la ciudad”, indicó.
Explicó que adicionalmente a la ausencia de un enfoque de derechos, propio de la naturaleza del objetivo que la administración le ha asignado, el proyecto favorece un rescate de un sistema funcional sin cuestionar su modelo financiero y corporativo, evidentemente insostenible y oneroso para la ciudad.
Por otro lado, en el Proyecto de Acuerdo 265 se disponen $119 mil millones, sin embargo, la concejal Quigua afirma que de acuerdo a la información suministrada, el excedente es de $116 mil millones, lo que implicaría un desfase de $3 mil millones. A este respecto dijo que la Secretaría de Hacienda aún no responde a un Derecho de Petición radicado por su oficina, en el que solicita aclarar la delicada inconsistencia en el cálculo de los excedentes de los dividendos generados por el Grupo de Energía de Bogotá.
Las alternativas que propone
En ese marco, la sugerencia de fondo de la ponencia negativa radicada por la concejal Quigua es retirar el Proyecto de Acuerdo 265, y elaborar dos textos con los siguientes criterios: en primer lugar, uno específico para los sectores de gestión social del Distrito Capital, en los que tradicionalmente debería recaer la responsabilidad de un auténtico rescate social en medio de la crisis sanitaria.
Específicamente se refiere a sectores como el de la salud y a la incorporación de mínimos vitales a servicios públicos, “extrañamente ausentes en este proyecto de acuerdo. Si bien la movilidad es un aspecto importante de las urbes, no puede ser el corazón del rescate social”, afirmó la Concejal del partido MAIS.
Esta propuesta también apunta a incluir un aumento en la tarifa del ICA sobre el Sector Financiero, y ampliarla a sectores que como el inmobiliario y de las aseguradoras, han demostrado un crecimiento importante en la coyuntura de la pandemia.
Y en segundo lugar, propone la concejal Quigua un proyecto de acuerdo que se concentre en el sector del transporte y las infraestructuras, que permita definir una mejor estrategia para garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.
“El modelo corporativo y financiero del sistema se ha convertido en una auténtica vena rota para las finanzas del Distrito y este es un aspecto que el actual Proyecto de Acuerdo 265 no tiene la voluntad de abordar”, indicó.
Resuelto este aspecto, se pondrían en contexto el conjunto de observaciones realizadas por los concejales de la Comisión, orientando el debate a la definición de decisiones fructíferas y de fondo.
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El ABC del rescate social
Este proyecto de rescate social y económico contempla recursos por el orden de $1.7 billones adicionales a la inversión social que estipuló el Plan de Desarrollo presentado en 2020, sobre los cuales, el Cabildo de la ciudad hará su respectiva revisión y control político para concederle aprobación. La presidencia del Concejo informó que hará su respectiva rendición de cuentas el próximo 26 de julio.
Este rescate contemplan $347.000 millones para aumentar la capacidad del programa de renta básica y llegar a 950.000 familias en situación de pobreza y pobreza extrema (Sisben 4 A,B hasta C5), lo que representará un incremento en la base de datos de 350.000 hogares, alcanzando la cifra de 950.000.
Una inversión adicional para ampliar la cobertura educativa en niños de 0 a 5 años por el orden de los $141.400 millones. En materia de educación también plantea la ampliación de los cupos de educación superior gratuita de 20.000 a 50.000.
El rescate social de igual forma incorpora varios programas de empleo para incentivar la vinculación de personas jóvenes y mujeres al campo laboral. Uno de estos es el denominado, 'Empleo Joven'.
Este programa está dirigido a beneficiar y generar empleo a 50.000 jóvenes de Bogotá a través de un contrato laboral cofinanciado entre el Distrito, las Cajas de Compensación Familiar y empresas privadas para que menores de 28 años tengan la oportunidad de emplearse, recibir capacitación y contrato mínimo por 1 año.
Así mismo incorpora una ampliación en el grupo de mujeres sembradoras que reverdecerán a Bogotá y también un programa de capacitación para 4.000 mujeres con experiencia certificada.
La primera estrategia consiste en que, la Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico y PNUD, se unen para lograr que más de 1.000 mujeres vulnerables, identificadas por la SDA, en todas las localidades de Bogotá, sean vinculadas a 46 organizaciones de base e inicien una ruta de capacitación certificada en restauración, jardinería y siembra, que les permitirá acceder a contratación formal por 6 meses incluyendo seguridad social.
La segunda permitirá que 4.000 mujeres que han sido caracterizadas por la Secretaría de la Mujer, a través del Sistema Distrital de Cuidado o por las Casas de Igualdad de Oportunidades, tengan acceso a capacitación y experiencia laboral certificada y un ingreso de $560.000 mensuales con una dedicación de tiempo de 20 horas semanales mediante la contratación a través de la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico, para realizar labores de siembra, limpieza y restauración de huertas y jardinería.