El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció un acuerdo significativo entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para avanzar en la implementación de sanciones dentro del marco del sistema de justicia transicional.

En recientes declaraciones, Cristo subrayó que el objetivo es que en 2025 se impongan las primeras condenas y sanciones a los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado. "Me reuní con el presidente de la JEP y acordamos un trabajo conjunto", afirmó el lider de la cartera. 

Las sanciones propuestas incluyen una restricción de la libertad que oscila entre cinco y ocho años en un espacio geográfico especial, así como penas restaurativas que buscan garantizar una reparación integral a las víctimas.

"Esas sanciones dentro del sistema de justicia transicional contemplado en el acuerdo son fundamentales para restablecer los derechos de las víctimas", agregó el ministro. 

Para facilitar este proceso, se establecerán mesas técnicas que determinarán los detalles logísticos. La JEP será responsable de estas decisiones, mientras que la verificación se llevará a cabo por parte de la Misión de la ONU.

Cristo mencionó que se explorará cómo articular los proyectos de desarrollo territorial del Gobierno con las penas restaurativas impuestas por el tribunal de paz, creando así un "banco de proyectos" que permita a los condenados cumplir con sus sanciones mediante contribuciones efectivas a la comunidad.

En palabras del ministro, el camino hacia la implementación efectiva ha estado lleno de obstáculos. Cristo reconoció que "a la JEP le pusieron toda clase de trabas y tropiezos para que comenzara su función".