Extracto del libro “El poder de la ciudadanía II”  publicado por la Procuraduría General de la Nación en 2019. Nueva entrega de la alianza entre esa entidad y EL NUEVO SIGLO

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Colombia se enfrenta a una realidad trágica. Nunca antes el país había presenciado tantas muertes selectivas de dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y autoridades de pueblos afros e indígenas como las que enlutan al país por estas épocas.

Una muestra de esa situación es que, del 2014 al 2015, se reportó un incremento de 78 a 105 muertes, lo que significó un incremento del 35 por ciento, según un informe basado en cifras del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

Para el 2016, la creciente cifra de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia llamó la atención de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que manifestó su “profunda preocupación” por estos crímenes. 

La mayor parte de los asesinatos eran cometidos por sicarios y, al parecer, luego de una labor de seguimiento a sus víctimas. Los mataban en sus casas, en sus sitios de trabajo, en los trayectos que recorrían solos. También empezaron a circular panfletos amenazantes en diferentes regiones, especialmente Cauca, Valle, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia y parte de los Llanos Orientales.

Esta situación llamó la atención del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quién, luego de un intenso trabajo, lanzó, el 14 de junio de 2017 la Directiva 002. El principal objetivo de este documento es servir de “escudo legal protector de los defensores de derechos humanos contra la estigmatización, la deslegitimación, los abusos de los funcionarios públicos y la impunidad en los graves casos de violación de derechos humanos”.

Como desarrollo de esta orientación, nació la idea de realizar una campaña nacional para visibilizar la labor de los líderes sociales. Se buscaba, de esa manera, disminuir las estigmatizaciones que algunos sectores lanzan contra los líderes sociales y crear consciencia sobre lo que estos representan para la democracia y para la sociedad.

Por un futuro distinto

Es claro que los efectos del asesinato de un líder social son devastadores para una comunidad. Cada líder, en su marco muy particular, representa a una comunidad: a mujeres, a niños y a jóvenes, a defensores de derechos humanos, a ambientalistas, a reclamantes de tierra, a un grupo afro o indígena.

"Si nosotros logramos movilizar al país, alrededor de la reconciliación y alrededor de la defensa de los derechos, que es lo que han buscado los líderes sociales que han ofrendado su vida, vamos a construir un futuro distinto. No podemos aportarle a la muerte, hay procesos históricos de reivindicación de derechos que nos necesitan”, anunció el Procurador General de la Nación durante una charla con periodistas.

En medio de ese panorama comenzó a tomar forma en la Procuraduría General de la Nación, “Lidera la Vida”, la cual tiene como objetivo ayudar a proteger a aquellas personas que desempeñan un papel de liderazgo en su comunidad.

La campaña, además, es un espacio independiente, pero complementario del trabajo que la Procuraduría General de la Nación realizaba en las Mesas por la Vida en Apartadó, Carmen de Bolívar, Soacha, Catatumbo y Cali, donde líderes de diferentes sectores expusieron ante instancias nacionales e internacionales las problemáticas que los afectaban, trazaron líneas de trabajo, intercambiaron ideas y fortalecieron el contacto institucional.

Diez organizaciones se unieron a esta valiosa tarea que promovía la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.  Desde el sector social llegaron la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic); la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y Pastoral Social-Cáritas Colombia. El apoyo internacional también está presente con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Agencia de la ONU para refugiados (Acnur), Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp OEA). El Espectador y Caracol TV se unieron a la iniciativa.

Desde entonces, “Lidera la vida” enfatiza su actividad en sensibilizar a los colombianos sobre el papel que cumplen los líderes sociales y en disminuir la estigmatización de la cual son víctimas en un país donde, debido a la polarización política, cualquier forma de protesta es vista con sospecha y muchas veces es objeto de fuertes calificativos y amenazas.

¡Ustedes no están solos!

Aunque ya se habían realizado importantes actividades, la campaña se lanzó el primero de agosto de 2019 en Montería, Córdoba, una región afectada por las acciones de grupos guerrilleros, inicialmente, y, luego, por grupos paramilitares, algunos de los cuales siguen en la región, según la denuncia de algunos líderes.

Por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien acompañó la apertura de la campaña “Lidera la vida”, indicó: “Hoy les decimos a nuestros defensores de derechos humanos y líderes sociales que no están solos, que reconocemos la importancia de su trabajo para la democracia y bienestar de los habitantes del país, que los admiramos y queremos que ejerzan sus labores libres de violencia y con garantías.

Según Juanita Ariza Guzman, coordinadora del proyecto “Murales Lidera la Vida”, este ejercicio está orientado a la “reconstrucción de la memoria colectiva de los líderes sociales asesinados a través del arte y del muralismo para la visibilización de la situación de violencia y de inseguridad de los líderes y lideresas del país pero también de su capacidad de crear mecanismos de resiliencia a través de la creación de espacios colectivos de memoria donde a través de seis murales se articularon más de 450 líderes, ciudadanos y funcionarios de todo el país en torno a la memoria de los líderes sociales”.

Como conclusión de estas fases de la campaña “Lidera la Vida”, la Procuraduría General de la Nación ha sido enfática en señalar: “La estigmatización de los líderes sociales y de los defensores y defensoras de derechos humanos está principalmente asociada a la percepción errónea de su labor, la cual es vinculada, equívocamente, al ejercicio de oposición a la institucionalidad, es relacionada con sectores de izquierda y, en muchas ocasiones, con grupos armados organizados al margen de la ley”.

Por esa razón, la Procuraduría General resalta que “el lenguaje de los derechos humanos puede ser muy potente. En algunos contextos puede servir para destruir, mientras que en otros puede servir para construir. Utilizar de forma estratégica el lenguaje es una forma de respeto a los derechos humanos y de forjar la paz”.