Colombia puede alcanzar sus ambiciosas metas frente al cambio climático y, al mismo tiempo, ofrecer un mejor futuro económico a sus habitantes, según un nuevo informe del Grupo Banco Mundial.
Señala que requiere reformas para que la economía sea más resiliente y el país pueda reducir rápidamente las emisiones de carbono y proteger a las personas más vulnerables.
Según el Informe sobre clima y desarrollo del país (CCDR, por sus siglas en inglés), no emprender acciones en materia de adaptación al cambio climático implica mayores riesgos para el país en comparación con sus pares regionales y globales. Por ejemplo, para 2050, se pronostica que el número de personas afectadas por inundaciones en Colombia se triplicaría, la cantidad de días con temperaturas superiores a los 35°C se multiplicaría casi por seis y las disrupciones en la infraestructura causadas por el clima podrían afectar a un 60 % más de colombianos.
“Este informe demuestra que no se trata de situaciones excluyentes entre sí. Colombia puede crecer su economía y simultáneamente alcanzar su objetivo de mayor resiliencia y carbono neutralidad para 2050, si actúa decisivamente ahora”, explicó Mark Thomas, director del Banco Mundial para Colombia, México y Venezuela. “Las inversiones y políticas climáticas representan una enorme oportunidad para modernizar la economía colombiana, reducir el riesgo climático y crear mayor prosperidad para más colombianos”, indica.
Según el informe, Colombia puede abordar los retos del cambio climático y el crecimiento económico, si se enfoca en tres prioridades. En primer lugar, invertir en resiliencia. Los sectores de transporte y energía de Colombia pueden volverse más resilientes a futuros impactos como sequías, inundaciones o deslizamientos de tierra. Estas medidas deberían ir de la mano con la conservación y restauración de los bosques, haciendo que la agricultura sea más resiliente al clima y aprovechando los ya sólidos sistemas de gestión del riesgo de desastres de Colombia.
En segundo lugar, hay que revertir con rapidez el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Además de detener la deforestación de manera más contundente, esto requerirá reducir rápidamente las emisiones en el sector ganadero y la cantidad de tierra requerida para la producción. Satisfacer las crecientes necesidades energéticas de Colombia de manera sostenible, requerirá aumentar la energía renovable (en particular, solar y eólica), junto con la transmisión eléctrica y medidas de eficiencia energética. En el sector del transporte, será necesaria la adopción de la movilidad eléctrica y la expansión de la infraestructura de transporte público y no motorizado.
En tercer lugar, es prioridad proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. Inevitablemente, algunas personas sufrirán pérdidas de ingresos o empleos debido al cambio mundial que se avecina, en el que dejarán de utilizarse los combustibles fósiles. Es necesario implementar medidas que ayuden a los trabajadores y a las regiones en las industrias del carbón y el petróleo, cuyos empleos y economías estarán en riesgo, a encontrar nuevos empleos y actividades, en conjunto con programas de protección social más adaptables, para proteger a los más pobres.
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Como país productor de combustibles fósiles, para 2050, Colombia podría perder hasta el 10 % de sus ingresos por exportaciones, el 6 % de sus ingresos gubernamentales y el 8 % de su producto interno bruto como resultado de la descarbonización global. Serán necesarias reformas de amplio alcance para compensar las deficiencias fiscales y financiar la acción climática. Si bien la ejecución de esta agenda tendría un costo de US$ 92.000 millones para 2050, estas acciones tienen el potencial de producir ganancias netas anuales de alrededor de US$ 7.000 millones para la economía. Cabe destacar que, en el informe, se indica que la acción climática no es contraria a las reformas para elevar los niveles de vida, sino que más bien incrementa su urgencia: con las reformas correctas, el sector privado podría proporcionar hasta US$ 74.000 millones de la inversión adicional necesaria para la acción climática.
“Colombia representa solo el 0,6 % de las emisiones de CO2 a nivel mundial, pero se encuentra entre los países más vulnerables al cambio climático. La única alternativa que tiene Colombia para abordar con eficacia el cambio climático es a través de la estrecha colaboración entre el sector público y privado, con un enfoque en el apoyo a las soluciones de energía renovable, el desarrollo de infraestructura urbana sostenible y la expansión del financiamiento verde”, dijo Elizabeth Martínez de Marcano, directora regional de la Corporación Financiera Internacional para Colombia, México, Centroamérica y el Caribe.
Por ejemplo, con el fin de promover el acceso al crédito en las áreas rurales, el Gobierno podría asociarse con instituciones financieras para ampliar la provisión de garantías y seguros. El fomento de períodos de gracia más extensos, que se adapten a los ciclos de cultivo, podría promover la adopción de tecnología. Una normativa más clara para las alianzas público-privadas debería generar una mayor inversión en proyectos de infraestructura resiliente. La promoción del financiamiento para el desarrollo y fondos filantrópicos destinados a la movilización de flujos de capital privado podría reducir los riesgos para el sector privado y apalancar los fondos públicos. Por último, el financiamiento verde podría ampliarse mediante el desarrollo de los mercados de carbono y un sistema común que compartan las instituciones financieras, para determinar si una inversión es sostenible o no, una clasificación denominada “taxonomía verde”.