SE ACERCAN decisiones en la Corte Constitucional sobre la cascada de demandas contra la reforma tributaria en la que el Gobierno logró que el Congreso aprobara el año pasado, por $ 19,73 billones. Se han radicado hasta la fecha 57 acciones de inconstitucionalidad contra la totalidad de la norma o algunos de sus artículos, de las cuales 7 están para fallo en la Sala Plena.

De las 57 demandas hasta el momento ante la Corte Constitucional contra la Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, 47 están en distintas etapas de su trámite, mientras que 10 fueron rechazadas por no cumplir los requisitos para su presentación, como sustentar las razones por las cuales se estima que el texto viola la Carta Magna.

Como se dijo, hay 7 ponencias en la Sala Plena de la Corte sobre igual número de demandas, que han radicado los magistrados designados como sustanciadores, en las cuales presentan un proyecto de fallo, ya sea acogiendo los argumentos de los demandantes o declarando la exequibilidad de la norma.

Por ello es posible que este mes, la Corte Constitucional emita los primeros fallos sobre demandas contra la reforma tributaria.

En cuanto a las 40 demandas restantes, 4 están pendientes de que la Corte Constitucional decida sobre los recursos y las correcciones que presentaron los accionantes tras ser rechazadas; y 3 fueron acumuladas porque existe coincidencia total o parcial de las normas acusadas.

Es decir, que 36 demandas siguen su trámite en el alto Tribunal en cuanto al estudio y análisis del respectivo magistrado sustanciador, 7 de las cuales cuentan ya con el concepto de la Procuraduría General de la Nación sobre la exequibilidad o no de la norma.

Cabe señalar que la reforma tributaria es hasta el momento la más demandada de las normas que ha impulsado la administración de Gustavo Petro, con 57 acciones en su contra.

El mismo día en que el jefe de Estado sancionó la Ley 2277, el 13 de diciembre de 2022, fue radicada la primera demanda ante la Corte Constitucional. Al día siguiente aterrizaron tres acciones más.

En enero pasado se impetraron 9 demandas contra la reforma tributaria; en febrero fueron 7; en marzo, 10; en abril, 5; en mayo, 7; en junio, 10; y en julio 7, la más reciente acción llegada el 27 de ese mes.

Los motivos

La mayoría de las demandas contra la reforma tributaria tiene que ver con el sector petrolero y de la minería, como el artículo que prohíbe a las empresas petroleras y que realizan actividades extractivas, como el carbón, deducir las regalías que pagan a la Nación del impuesto de renta, como lo podían hacer antes de que entrara en vigor la Ley 2277, el 13 de diciembre de 2022.

La reforma tributaria genera otras obligaciones a las compañías petroleras, pues sus rentas se gravarán entre un 35 y 60%, según el comportamiento del precio internacional del petróleo.

A esto se suma, como se dijo, que por la reforma no pueden deducir las regalías que pagan del impuesto de renta.

La misma situación se presenta para las compañías mineras, con la diferencia de que el impuesto de renta va entre el 35% y 45%.

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El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, dijo en noviembre pasado a La República sobre los impuestos que pagan las petroleras, que: “El año pasado (2021), sumando toda la cadena de la industria, ésta terminó aportando alrededor de $ 36 billones; este año (2022) se proyecta que sea de $ 60 billones. Para el próximo año (2023) esta cifra va a depender de las decisiones del Gobierno, no solo por la política tributaria, sino por la política minero energética y el proyecto de transición energética”.

Como consecuencia, en el caso del sector petrolero y minero es mucho el dinero que está en juego dependiendo de la decisión que tome la Corte Constitucional sobre las demandas que han presentado contra la reforma tributaria en esta materia.

Por lo que de las 47 demandas que están vivas en la Corte contra esta reforma, han realizado dos audiencias públicas, el 21 de julio y el 4 de agosto pasado, precisamente por el tema del sector de los hidrocarburos.

En dichas audiencias el Gobierno y los demandantes han tenido la oportunidad de presentar sus argumentos a favor y en contra, respectivamente, sobre la parte de la reforma que toca los sectores petrolero y minero.

En la audiencia en julio pasado, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, dijo que “las regalías han sido siempre deducibles. Ha habido demandas frente al Consejo de Estado que generaron dudas en la manera como se liquidaban, pero han sido ratificadas con fallos posteriores”.

Mientras que Francisco Lloreda, presidente de la ACP, subrayó que las regalías “generan ingresos para quien lo fija y recibe, y generan costos para quien lo paga”. Por ello dijo que desconocer esto, “no solo es equivocado, sino que va contra los principios de igualdad y equidad tributaria”.

Por su lado, la entonces ministra de Minas, Irene Vélez, argumentó en dicha audiencia que la reforma genera "una condición de justicia que no existía antes”. Agregó que las regalías “responden a una compensación directamente por las externalidades sociales y ambientales que se generan en los territorios extractivos, y como un reconocimiento de una compensación de recursos que son propiedad de la Nación”.

Otros frentes atacados de la norma

Uno de más de los artículos más demandados de la reforma tributaria es el 95, relacionado con un tema que toca a la educación. En este se establece que las universidades tendrían que asumir intereses de los créditos del Icetex que los estudiantes solicitaron para acceder a la formación superior.

Asimismo, se han radicado varias acciones atacando la parte del bloque de medidas relacionadas con el impuesto al patrimonio, el cual no existió en 2022, pero fue retomado en la primera reforma tributaria de este Gobierno, y que tiene que ver con el patrimonio superior a $ 3.000 millones.

También hay demandas contra los impuestos saludables y contra el tributo que establece un pago por el plástico de un solo uso.