El polémico contrato entre el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (Mintic) y la Unión Temporal Centros Poblados, mediante el cual se aspiraba a instalar siete mil puntos de acceso digital en las zonas más apartadas del país, fue objeto de una declaratoria de caducidad por la entidad oficial.

Ese contrato generó un escándalo en las últimas semanas debido no solo a que está embolatado un adelanto por $70 mil millones, sino porque hay denuncias de garantías y pólizas presuntamente falsas presentadas por el consorcio que ganó esta licitación.

Mientras que el presidente Duque respaldó a la ministra Karen Abudinen, la oposición no solo pidió su renuncia sino que impulsa contra ella un debate de moción de censura. A ello se suman sendas investigaciones de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, así como colaboración de agencias de Estados Unidos.

Aunque el abogado del consorcio había advertido que se tomarían acciones legales contra el Gobierno si se caducaba el contrato, el Ministerio anunció que, al término de la audiencia del proceso a la Unión Temporal Centros Poblados, quedó en firme la declaratoria de caducidad del contrato 1043 de 2020.

La caducidad es la sanción más drástica que se puede aplicar en materia de contratación estatal. Los contratistas que conforman la Unión Temporal quedan, en virtud de la decisión, inhabilitados por cinco años para contratar con el Estado, y cesan automáticamente los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad del Estado, a nivel nacional o regional.

Abudinen señaló que "desde hace 45 días, el grupo de actuaciones administrativas del Mintic inició este trabajo, en el que cumplimos siempre el debido proceso. Con firmeza y convencimiento les digo: esta es la decisión más acertada".

La funcionaria enumeró ocho acciones de impacto que su despacho emprendió desde el momento en que trascendió la inexistencia de una garantía válida para el contrato: denuncia inmediata ante la Fiscalía y el traslado a los entes de control de toda la información para que iniciaran sus investigaciones. También se dio comienzo, al interior del Ministerio, a la actuación administrativa para caducar el contrato. Asimismo, comenzó un proceso de control interno para establecer si hubo fallas. De igual forma, está en curso una actuación administrativa a la firma interventora, Consorcio PE 2020 C Digitales, responsable de supervisar la ejecución del contrato y avalar los anticipos y giros.

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A ello se suma un remplazo inmediato de la supervisión del contrato para garantizar la transparencia y facilitar las acciones de los entes de control. Igualmente se iniciaron actuaciones frente a la fiducia y a Sescolombia, este último contratado por el Ministerio para revisar los riesgos y las garantías del proceso, y quien dio el concepto favorable sobre la validez de las garantías. Todo esto aunado a un plan de choque para revisar las bodegas y los colegios donde se encuentra la infraestructura tecnológica, para hacer un levantamiento y corroborar el plan de inversión del anticipo.

La ministra Abudinen confirmó que el 29 de julio el Ministerio puso en conocimiento de la Fiscalía que el Banco Itaú señaló que la garantía bancaria de seriedad de la oferta tampoco fue expedida por esa entidad. Por eso, anunció que la cartera que dirige adelantará un proceso de nulidad parcial del acto de adjudicación, así como la nulidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados y pedirá las restituciones mutuas por daños y perjuicios.

Recuperar el dinero

La ministra Abudinen explicó también las acciones para recuperar el anticipo de $70 mil millones, entre ellas la citada revisión de las bodegas en donde hay equipos.

Enfatizó que la intención no solo es proceder a cobrar dicho anticipo, sino hacer efectiva la cláusula penal en contra de la Unión Temporal, por la suma de hasta $39 mil millones. Del mismo modo, pidió el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Contraloría, a través de su Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de prevención, investigación e incautación de Bienes.

Sobre esos recursos, el presidente Iván Duque subrayó que el Gobierno no descansará hasta recuperar el último peso del anticipo girado a un consorcio.

Advirtió que se buscarán “ante todas las instancias judiciales las sanciones que les correspondan a esas mentes macabras que estuvieron manipulando un proceso licitatorio”.