La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $70 mil millones por el contrato entre el Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados, a través del cual se le entregó esa suma como anticipo al contratista para que llevara internet a 7 mil colegios públicos rurales en todo el país.

Sin embargo, Centros Poblados, además de que no habría cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, también entregaría garantías bancarias falsas para respaldar la ejecución del contrato.

El ente de control vinculó en el proceso a los funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Funtic), identificados como Adriana Meza, representante legal; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato.

Así mismo, la investigación va dirigida contra las cuatro empresas que hacen parte de Centros Poblados:  Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, representada por Carlos Enrique Paramo Samper; ICM Ingenieros S. A. A., representada por Jeremías Olmedo Cabrera; Intec de la Costa, representada por Hugo Armando Canabal Hoyos; Omega Bulding Constructora S. A. S., representada por Juan Sebastián Vergara Ortega.

También es objeto del proceso Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la unión temporal. El ente de control ordenó el rastreo de bienes y cuentas bancarias de todos los investigados.

Caducidad

Como ya se había establecido, el pasado viernes la ministra de las TIC, Karen Abudinen, anunció, tras la declaratoria de caducidad del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, que se iniciará de inmediato la liquidación de dicho contrato y que en el marco de este proceso se le exigirá al contratista que pague cláusula por $39 mil millones.

“Hemos caducado el contrato: la decisión más contundente en materia de contratación estatal. Desde hace 45 días iniciamos esta actuación, con convencimiento de que esta decisión es la más acertada”, reportó la funcionaria a través de un Facebook Live emitido una vez culminó la audiencia de incumplimiento.

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Informó además que los contratistas quedan inhabilitados para contratar por cinco años con el Estado y cesan automáticamente los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad estatal.

Y afirmó frente a la polémica que se ha generado por las actuaciones que ha emprendido su cartera: “Fuimos nosotros quienes denunciamos inmediatamente y conformamos un equipo para realizar todas las acciones. Primero denunciamos ante la Fiscalía para que iniciara las investigaciones correspondientes, dimos traslado a los entes de control, a quienes también les entregamos toda la información, al interior de este Ministerio iniciamos la actuación administrativa para caducar este contrato”.

Controles

Así mismo, añadió, “con control interno iniciamos una actuación para establecer si tuvimos alguna falla en el Ministerio, está en curso una actuación administrativa a los responsables de supervisar la ejecución del contrato y avalar los anticipos, cambiamos al supervisor del contrato y hemos realizado todas las actuaciones frente a la fiducia, SesColombia, que nos dio concepto favorable sobre la validez de la garantía”.

También, indicó, se adelantará el proceso de nulidad parcial del acto de adjudicación y del contrato, y se pedirán las restituciones mutuas por daños y perjuicios a favor de la entidad.

Advirtió en este sentido Abudinen que en todo lo ocurrido “se denota la mala fe que ha tenido el contratista” y dijo que a raíz de esto “se hicieron todo tipo de ataques con desinformación sobre mi proceder”.

De igual modo, dijo que el Mintic está visitando todos los colegios en los que se instalaron los equipos que supuestamente Centros Poblados adquirió.

“Haremos efectiva la cláusula penal pecuniaria por la suma hasta de $39 mil millones (...) y no tenemos miedo a que nos demanden, porque tenemos los argumentos para enfrentar este proceso”, concluyó