Jorge Enrique Bedoya, presidente del Consejo Gremial, expresó nuevos reparos al proyecto de reforma al control fiscal que actualmente está en trámite en el Congreso.

Para el dirigente gremial, es necesario que se “precise” la redacción del texto que se busca reformar y que, además, se revise “la constitucionalidad” de darle al ente de control “funciones de policía judicial, de hacer labores similares a las que hace la Fiscalía”.

“Hemos tenido un diálogo muy respetuoso con el Contralor. Creemos que el proyecto puede traer serios beneficios en la lucha contra la corrupción, pero en estos temas jurídicos las palabras hacen la diferencia en materia de la interpretación que se le dé una vez sea aprobado por el Congreso”, afirmó a W Radio.

“Coincidimos con el contralor en que una cosa es el control preventivo y concomitante, y otra el control previo. Pero nosotros consideramos que debería ser mucho más clara la redacción del artículo 267 de la Constitución que se pretende reformar en este acto legislativo. Y que, inclusive, se le incluya una expresión que diga: toda vez que será excepcional y no vinculante para la gestión fiscal y la administración”, manifestó.

Bedoya señaló, además, que “tenemos algunas observaciones en las facultades que el Congreso de la República le pretende dar en materia judicial. Eso, a juicio de nuestros abogados, puede llegar a tener vicios de inconstitucionalidad”. Dijo también que “nos parece un poco exótico que en la constitución vayan a quedar montos presupuestales por los próximos tres años” para el ente control. Esto en relación al aumento de los recursos que se estipula en el proyecto.

“Que se mejore la redacción, para que se tenga el control que necesita el país y que no se termine en abusos. Hoy tenemos al contralor Córdoba, pero uno no sabe quién llegue después y cómo la maneje”, puntualizó.

Por su parte, el contralor Carlos Felipe Córdoba reiteró que con la reforma se busca establecer un control previo y no preventivo. “No es lo mismo el control preventivo que el control previo. El control preventivo busca prevenir, no coadministrar, va a ayudar a que las cosas se hagan bien”, expresó. “Aquí necesitamos herramientas para que el control fiscal funcione en el país”, añadió.

Córdoba hizo énfasis en la necesidad que se aumenten los recursos y el personal de la entidad para poder realizar mejor sus funciones. “No tenemos científicos de datos, ingenieros ambientales, electrónicos. Necesitamos las herramientas de control fiscal para combatir la corrupción. No estamos pidiendo cargos ni para el Contralor ni para negocia. El día que me pidan resultados tendré que decirles, si no pasa este acto legislativo, que me quitaron las herramientas porque uno no puede entender un control posterior, entendido como póstumo, en donde llegamos cinco años después. Yo tengo todavía procesos” de Edgardo Maya y de Sandra Morelli, expresó.

“No tenemos los peritos necesarios. Entre las auditorias y los conceptos técnicos en los procesos de responsabilidad fiscal estos se nos demoran mucho. Un peritazgo técnico en la Unidad Anticorrupción puede tardar seis meses”, agregó.

La reforma al control fiscal fue aprobada a mediados de este mes en su sexto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Le restan dos debates, en Comisión Primera y plenaria del Senado para su promulgación.