Los últimos 15 días han sido muy intensos para el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y para su abogado defensor, el penalista Jaime Granados Peña para desvirtuar los argumentos de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que el pasado 3 de agosto le dictó una medida de aseguramiento de detención domiciliaria.
Uribe está siendo investigado como presunto determinador de los delitos de soborno en actuación judicial y fraude procesal, en un proceso que comenzó en 2012 por supuesta manipulación de testigos.
De su proceso se desprendió el que sigue la Fiscalía contra los abogados Diego Cadena, exapoderado de Uribe, y su socio Juan José Salazar. A ambos, el juez 35 de Control de Garantías ya les definió la situación jurídica: Cadena a detención domiciliaria y Salazar se podrá defender en libertad.
Pero ese proceso, que tendrá repercusiones en el del senador Uribe, le ha permitido a la defensa del expresidente hacer varios pronunciamientos públicos a través de siete comunicados con los que Granados pretende desvirtuar afirmaciones de la Fiscalía y de la Sala de Instrucción que pueden afectar a su cliente.
Reparos a Fiscalía y Ministerio Público
En su primer comunicado, del 30 de julio, Granados sostiene que si bien en la audiencia de Cadena y Salazar el ente acusador admitió que “Uribe no avaló ni conoció los hechos que le reprocha al abogado Diego Cadena como él mismo, de forma pública y reiterada lo ha reconocido”, sí le preocupan otros sucesos, como que “se hayan presentado hechos no sucedidos, omitiendo y tergiversando otros que sí sucedieron”.
Se refiere a dos cartas que el testigo Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, entregó a la Corte con ocho meses de diferencia y con la misma versión, “hecho en el que no tuvo injerencia” Cadena.
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Y cuestiona al Ministerio Público por decir que fue el propio Granados quien hizo llegar uno de esos documentos, por tanto ni él ni el abogado Cadena indujeron a error a la Corte, como dijo la agente de la Procuraduría.
Falsedades de Daniel Coronell
Posteriormente, el 2 de agosto, se refirió a una columna de opinión del periodista Daniel Coronell en la que afirma que Uribe intentó manipular la versión del testigo Vélez, hecho por el que también está siendo investigado Cadena.
“Lo que está plenamente acreditado es que Carlos Enrique Vélez suscribió una carta el día 18 de julio de 2017, siendo informado el presidente Uribe sólo hasta el día 2 de junio de 2018, es decir 11 meses después. Que la misma, a pesar de haber sido firmada por el testigo, fue redactada por el abogado Diego Cadena”.
Según Granados “la obsesión del presidente Álvaro Uribe ha sido la verdad y la institucionalidad. La obsesión, por años, de otros, ha sido encontrarlo culpable sin importar lo que demuestren los hechos”.
Interceptaciones a Uribe
En un tercer comunicado, la defensa critica las “filtraciones descontextualizadas que tergiversan la verdad” al referirse a una comunicación entre Fabián Rojas y María Claudia Daza, “dos compañeros de oficina” pero que a su juicio “sin ninguna connotación ilegal”.
Por ello, la defensa le pidió a la Corte “hacer públicas todas las interceptaciones” de su cliente para demostrar que Uribe Vélez “nunca fue el determinador de ninguna conducta ilegal”.
La medida de aseguramiento
Un cuarto comunicado expedido el 5 de agosto luego de que la Sala de Instrucción cobijara a su poderdante con medida de detención preventiva.
“Recibo con profunda decepción la injusta determinación”, dijo Granados, al reiterar que su cliente “no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo”. El jurista señaló que “la única petición” de Uribe “como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo” Juan Guillermo Monsalve “dijera libremente la verdad”.
Por ello afirma que no hubo “inducción a error de la Corte” y que tampoco instrumentalizó al representante Álvaro Hernán Prada, quien libremente visitó en la cárcel a Monsalve, pero “no hubo ni ofrecimiento ni soborno alguno”. Y ratifica que Uribe no autorizó el giro de ayudas humanitarias “a ningún testigo”.
Levantar reserva del sumario
El 6 de agosto, en un quinto comunicado, la defensa pidió a la Corte hacer público todo el expediente del caso Uribe. Dice que aunque la reserva sumarial sea legal “avalaría su inaplicación cuando se generan violaciones a los derechos fundamentales, lo cual se compagina con los estándares de información pública establecidos a nivel Interamericano por las propias Corporaciones de Justicia”.
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“Respeto a la Constitución”
Jaime Granados divulgó un sexto comunicado el pasado martes 11 de agosto, una semana después de que se definió la situación jurídica de su defendido.
El jurista se abstuvo de presentar recurso de reposición porque lo resolvería la misma Sala Especial de Instrucción. “Dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo frente a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación”, afirmó.
Granados agregó que tras estudiar la providencia de 1.544 páginas concluyó: “no existe ningún fundamento legal para ordenar la detención del expresidente”, y en cambio sí se le violaron seis principios y derechos jurídicos consagrados en la Constitución de Colombia.
Se refiere a los principios de: presunción de inocencia; investigación integral y objetiva; exclusión de la prueba ilícita e ilegal; el derecho a interrogar los testigos de cargo; la inviolabilidad de comunicaciones abogado - cliente; y el principio de la imparcialidad.
El ‘Tuso’ Sierra
En el séptimo comunicado, del 9 de agosto, la defensa “insiste en la necesidad de publicar todo el expediente”, pues sostuvo que se ha venido filtrando a cuentagotas y habló del exnarcotraficante Juan Carlos Sierra, el ‘Tuso’.
“Es inaudito” que la Corte no haya llamado a declarar a Sierra y a la ex-agente de la CIA, Lisa Ruth, quien lo entrevistó en prisión, a pesar de haber hecho varias veces tal petición. El propio ‘Tuso’ dijo esta semana que “nunca ha tenido contacto personal” con Uribe, como dice la Sala de Instrucción en su providencia.