En medio del debate nacional han surgido interrogantes que pueden parecer menores o ilógicos, pero que podrían ser abordados más temprano que tarde. Aquí los principales.

1. ¿PUEDE TRINAR?: Una de las mayores preocupaciones del Centro Democrático es qué va a pasar con la tribuna de más de 4,5 millones de usuarios de Twitter que siguen al expresidente Uribe. Estando cobijado con una medida de aseguramiento, así esta haya sido sustituida por detención domiciliaria, el exmandatario queda sujeto al régimen penitenciario y, por lo tanto, sus comunicaciones restringidas. Según un experto penalista consultado por EL NUEVO SIGLO “… al tenor del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, la detención preventiva en sitio de residencia impone al beneficiado una serie de limitaciones en materia de movilidad y comunicaciones públicas al exterior, razón por la cual el exmandatario no podría seguir usando su cuenta de Twitter, más aún si en la providencia que le dictó la medida de aseguramiento una de las razones que se aducen para dicha medida es el riesgo de que el sindicado pueda obstruir la justicia o la práctica de nuevas pruebas…”. Agregó que ya existen varias decisiones judiciales que sustentan la legalidad de prohibir a una persona privada de su libertad en su casa el uso de redes sociales u otra clase de medios de comunicación abiertos sin permiso previo de la autoridad penitenciaria.
    
2. ¿UBÉRRIMO O RIONEGRO?: Si bien es cierto que el expresidente Álvaro Uribe, por cuenta de las cuarentenas y las sesiones virtuales del Congreso, lleva varias semanas en su finca de El Ubérrimo, en inmediaciones de Valledupar, y que allí recibió la noticia la semana pasada de su detención domiciliaria, se dice que pediría el traslado a su casa en Rionegro (Antioquia), claro una vez pase los 14 días que debe permanecer aislado luego de que, un día después de la decisión de la Corte, le confirmaron que estaba contagiado de Covid-19 ¿Por qué en Rionegro? Según algunas fuentes uribistas por tres razones básicas: en primer lugar, que hasta allí es más fácil que puedan llegar sus abogados y demás asesores para preparar la defensa, no solo de este caso, sino de otras causas que tiene pendientes en la propia Corte Suprema y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara. En segundo lugar, Uribe seguirá manejando los hilos políticos de su partido y le queda más fácil hacerlo en cercanías de Medellín. Y, por último, el nutrido esquema de seguridad (entre personal de escoltas e Inpec) puede trabajar con más tranquilidad en Rionegro que en la zona rural del Ubérrimo.
    
3. ¿RENUNCIAR A CURUL?: No pocos de los allegados al exmandatario consideran que si Uribe Vélez renuncia a su curul en el Senado, entonces su caso pasaría de inmediato a conocimiento de la Fiscalía, lo que le convendría más aún si se insiste en que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no le da las suficientes garantías de debido proceso. Sin embargo, algunos penalistas son de la opinión de que a Uribe lo que más le sirve es seguir bajo la jurisdicción del alto tribunal, por tres razones básicas. En primer lugar, el proceso ya está aquí en la etapa de impugnación y juicio, razón por la cual la resolución definitiva sería más rápida, dándole la oportunidad de extender su defensa de forma más amplia. Pasar a la Fiscalía congelaría los términos del proceso mientras el fiscal al que le toque el caso conozca el expediente, alargando no solo el tiempo de detención domiciliaria sino el lapso sub judice. En segundo lugar, los procesos ante la Corte ya tienen doble instancia ante la propia Sala Penal. Y, por último, dejar la curul sería darle gusto a quienes han querido sacarlo de la política desde hace muchos años, y más aún cuando arranca la precampaña presidencial para 2022.
    
4. ¿ACUDIR A LA CIDH?: en las múltiples reacciones de los últimos días sobre la detención preventiva de Uribe, no son pocas las opiniones que señalan que el exmandatario debería analizar la posibilidad de acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que en el proceso penal que le sigue la Corte Suprema de Justicia se le están violando varias de las garantías fundamentales que están contempladas en el Pacto de Derechos Humanos de San José. Incluso hay otras opiniones que le recomiendan que acuda a instancias de derechos humanos de la propia ONU. Sin embargo, se sabe que en los círculos cercanos a Uribe esta opción -que buscaría medidas cautelares a su favor- no es considerada práctica en este momento procesal, aunque sí podría hacer parte de la estrategia para más adelante, bajo la tesis de que la Sala de Instrucción estaría violando los principios básicos de proporcionalidad e igualdad ante la ley. Paradójicamente, este pleito de Uribe con el senador del Polo, Iván Cepeda, ya fue llevado por este último a la CIDH en mayo del año pasado, pidiendo vigilancia especial sobre el proceso. El mandatario, incluso, envió a la instancia de la OEA una carta al respecto.
    
5. ¿IR A LA JEP?: Aunque en estos momentos esa opción pueda considerarse como una idea abiertamente ilógica y descabellada, más aún después de que el Centro Democrático ha sido el principal crítico de esa instancia de justicia transicional creada en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos y las Farc, EL NUEVO SIGLO conoció que algunos dirigentes cercanos al uribismo sostienen que esa alternativa no debería dejarse de lado si llega a crecer el riesgo de que el exmandatario pudiera ser condenado a una pena que podría superar los 10 años de cárcel. Lo cierto es que Uribe, como cualquier civil, podría pedir pista en la JEP como “tercero civil relacionado con el conflicto armado” y esta tendría que analizar esa solicitud obligatoriamente. Como se dijo, es una alternativa impensable por ahora, pero ya se han dado casos sorprendentes, como varios implicados en el ‘cartel de la toga’ que fueron a golpear la puerta en la justicia transicional.