Insisten en Congreso en reformar elección para órganos de control | El Nuevo Siglo
Recientemente el Congreso eligió a Carlos Hernán Rodríguez como contralor. Algunos proyectos piden retirar al Legislativo la función de seleccionar a los titulares de órganos de control.
ENS-Alex Londoño
Jueves, 8 de Septiembre de 2022
Redacción Política

Continúan surgiendo en este Congreso proyectos de reforma constitucional que buscan cambiar el sistema de elección del Procurador General, Contralor General, Defensor del Pueblo y Fiscal General. Se pretende desligar la participación del Parlamento en este proceso, por la condición política que tiene.

Ayer el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, radicó una iniciativa de acto legislativo para reformar la elección de órganos de control: Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.

“Es inaceptable que el Congreso de la República sea quien elija a quien lo disciplina,  sea quien elija a quien controla el dinero del erario en las regiones donde el mismo Congreso de la República, los mismos congresistas, tienen intereses a través de alcaldes y gobernadores; y también hacemos lo mismo con el Defensor del Pueblo”, señaló Bolívar.

La propuesta apunta a que el Contralor General, el Procurador General y el Defensor del Pueblo sean elegidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil,  a través de un concurso de méritos en el que la prueba de conocimientos vale 60%, la experiencia 30% y la entrevista un 10%.

El pasado martes la Comisión Primera del Senado archivó por falta de consenso un proyecto de reforma constitucional que presentó el Partido Comunes para introducir el concurso de méritos en la elección del Contralor General, Procurador General, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General.

El Partido Comunes justificó que la finalidad de esta iniciativa de reforma constitucional era garantizar la independencia de estas entidades estableciendo que las ternas sean conformadas a través de un concurso de méritos. 

No obstante, algunos senadores como el congresista Alfredo Deluque, del Partido de la U, manifestó que esto debe darse en la reforma política que está próxima a discutirse en la Comisión Primera.

En el mismo sentido, los senadores Humberto de la Calle y Paloma Valencia vieron con buenos ojos la intención del proyecto. Hicieron apreciaciones frente al concurso de méritos y la efectividad que esto puede tener en el equilibrio de poderes. 

En la elección de Contralor General se encuentra establecida la convocatoria pública, mientras que se ha desechado, a pesar de que se han presentado varias iniciativas, instaurar el concurso de méritos.


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En cambio para Registrador Nacional del Estado Civil sí hay necesidad del concurso de méritos, aunque la elección no está en manos del Congreso sino de las altas Cortes.

En tanto que en la Comisión Primera del Senado está a la espera de primer debate un proyecto de reforma política que en materia de la elección del Registrador Nacional establece nuevos requisitos para el cargo.

En ese sentido, indica que el Registrador Nacional debe tener título universitario, ser mayor de 35 años y tener experiencia de 10 años en su profesión.

No podrá ser Registrador Nacional del Estado Civil quien haya ejercido cargos directivos en organizaciones políticas, ni haber aspirado u ocupado cargo de elección popular dentro de los diez años inmediatamente anteriores a su elección.

Propuesta del Gobierno

El Gobierno también tiene su propuesta sobre órganos de control, específicamente la Procuraduría General de la Nación, pues como se recordará en campaña Gustavo Petro dijo que buscaría hacer una reforma para que pase a hacer parte de la Fiscalía General de la Nación, enfocada en la lucha contra la corrupción.

Se está a la espera de si efectivamente el Gobierno dará este paso; mientras tanto, se conoció en un borrador del proyecto de reforma política que radicará en las próximas horas, que le quitan las facultades a la Procuraduría General de la Nación para sancionar y destituir funcionarios de elección popular.

Vale recordar que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo ordenó a Colombia adecuar su normatividad para que solo las autoridades jurisdiccionales sancionen y destituyan a funcionarios de elección popular.