La Personería de Bogotá, como guardiana de los recursos públicos en el Distrito, inició ayer una indagación preliminar por las presuntas irregularidades en el manejo de la contratación y la utilización de la infraestructura instalada en el Canal Capital, las cuales fueron advertidas por la Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública.

De acuerdo con el informe rendido por ese eje misional, las directivas del Canal realizaron un redireccionamiento estratégico del accionar de la entidad, sin un documento técnico que diera un verdadero soporte, lo que derivó en varias situaciones, entre ellas: la no suscripción de 117 contratos en los años 2019 y 2020, y que no se aprovechara totalmente la infraestructura de equipos que tiene la entidad.

“Como lo argumentó Canal Capital a partir de 2020, su visión y misión fue dejar de ser un centro dedicado a la preproducción, producción y posproducción de contenidos audiovisuales para pasar a convertirse en una empresa abierta a contratar los productos terminados que genere el sector privado. Encontramos que este viraje no se dio de manera gradual y esto nos genera una preocupación como guardianes de los recursos públicos”, indicó Sandra García, personera delegada para la coordinación de Prevención y Control a la Función Pública.

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La Personería también determinó que Canal Capital está pagando cerca de $1.800 millones en indemnizaciones por demandas de personas que llevaban varios años vinculados por contratos de prestación de servicios, con prórrogas o renovaciones sucesivas. Algunos de estos contratistas demandaron a la entidad por la configuración de un contrato laboral, denominado jurídicamente contrato realidad.

Punto aparte, de acuerdo con el informe inicial del organismo de control, en el redireccionamiento del Canal, no se contempló el uso de la infraestructura que tienen, pues la entidad invirtió en los últimos años importantes recursos en modernización tecnológica, destinada a producir contenidos, los cuales ahora pasarán a ser equipos y elementos sin utilizar.

De igual forma, la Personería evidenció que no generó una arquitectura empresarial de transición y que el cambio abrupto en el modelo de negocio ocasiona la no renovación de manera masiva de los contratos de prestación de servicios, desencadenando en la no utilización de la capacidad instalada.

Por último, se hallaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, al suscribir contratos bajo la modalidad de contratación directa por cuantías inferiores a 500 salarios mínimos. Estos luego son adicionados superando esos montos, omitiendo el proceso de convocatoria pública.