La acción policial contra las libertades ciudadanas elementales produjo más de 118.000 comparendos en Bogotá entre el pasado 20 de marzo y el 4 de junio, según el diario Portafolio. Dicho abuso de poder fue posible gracias a las órdenes políticas de los gobernantes electos - concretamente, el presidente de la República y la alcaldesa de la capital- quienes decidieron reaccionar al Covid-19 de la manera más despótica posible.

Desde el inicio de las cuarentenas, numerosos miembros de la fuerza pública interpretaron los decretos draconianos y la oratoria que, impregnada de pánico, provenía de la presidencia y de la Alcaldía como una carta blanca para reprimir a los ciudadanos y entrometerse en sus vidas cotidianas sin ninguna justificación auténtica.

Al sentirse legitimada por el poder político, la policía detuvo a ciudadanos que sacaban de sus casas a mascotas, actividad supuestamente permitida. Actuó contra empleados de empresas del área de la salud por considerar que su documentación era deficiente. Y usó la fuerza contra ciudadanos que no usaban tapabocas, entre muchos otros abusos.

Las cifras sugieren que la ciudadanía misma se ha sentido hostigada mucho más allá de lo que requerían las circunstancias. Según una encuesta de Invamer Gallup, la imagen favorable de la Policía Nacional se redujo de un nivel del 75 % en abril a un 40 % en junio. Y este drástico deterioro de aprobación se concretó meses antes de que surgiera el vídeo de unos agentes de policía en Bogotá impartiendo cargas eléctricas contra un hombre desarmado que poco tiempo después perdió su vida.

El hecho que este episodio haya girado alrededor de la compra y el consumo de alcohol no es de menor importancia. Entre las medidas autoritarias que ha decretado el poder político están numerosas instancias de ley seca, la clausura de bares y la prohibición general o localizada de la venta de licor. La retórica política ha asegurado-en contra de la evidencia científica- que quien bebe alcohol o se moviliza libremente es un peligro para la sociedad. Por ende, no debe sorprender que las acciones de las autoridades para hacer cumplir normas excesivamente restrictivas conduzcan al exceso de la fuerza.

Nada de lo anterior justifica los actos vandálicos, destructivos y evidentemente coordinados en contra de la infraestructura de la ciudad o la misma fuerza pública. No hay que olvidar que, durante los disturbios de finales del 2019, las autoridades se esforzaron y sus miembros arriesgaron sus vidas con valentía para proteger la libertad ciudadana contra las amenazas de quienes recurrían a las vías de hecho, bloqueaban las vías y destrozaban con absoluta insensatez la propiedad pública y privada.

Es una desgracia que la vena tiránica de los gobernantes haya motivado la desconfianza hacia la fuerza pública justo ahora, cuando un elemento violento y revolucionario busca desatar el caos en Bogotá, en sus alrededores y a través del país. Los individuos que pretenden trabajar, comerciar y salir adelante en tranquilidad-en efecto, la gran mayoría del país- navegan entre Escila y Caribdis.