En un acelerado proceso que comenzó hace apenas una semana, el presidente de Perú, Martín Vizcarra corre el riesgo de ser cesado este jueves, 10 meses antes del fin de su mandato, marcado por choques con el parlamento.
"Es un complot contra la democracia", afirmó Vizcarra, un ingeniero provinciano de 57 años, con altos niveles de popularidad desde que asumió el poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente.
El número dos del Gobierno, el primer ministro Walter Martos, aseguró que hay un "golpe de Estado" en curso.
No hay pugnas ideológicas en esta controversia, ni están en discusión los grandes problemas que enfrenta Perú, la pandemia del coronavirus y la recesión económica, sino que parece tratarse de una mera lucha por el poder y que el contrato del cantante es un pretexto.
En los sondeos, redes sociales y calles (con cacerolazos), el apoyo a Vizcarra se ha hecho sentir. Como se recordará ocho de cada diez peruanos quieren que siga al frente del Ejecutivo.
La moción recuerda dos iniciativas similares contra su antecesor Kuczynski, que llevaron a la renuncia del exbanquero, también en el marco de enfrentamientos con el Congreso.
La decisión de sentar a Vizcarra en el banquillo fue aprobada el pasado viernes por el parlamento con 65 votos, 36 en contra y 24 abstenciones. Ahora se necesitan 87 sufragios para declarar la "vacancia".
El gobernante hará sus descargos en la mañana de este jueves, tras lo cual habrá un largo debate antes de la votación.
En septiembre de 2019, Vizcarra disolvió al parlamento y convocó a nuevos comicios legislativos para superar otra crisis política. Son los nuevos parlamentarios, elegidos en enero, quienes decidirán su suerte.
Si es destituido, asumiría el poder el jefe del Congreso, Manuel Merino, un político de bajo perfil.
Sin partido ni bancada, Vizcarra quedó contra las cuerdas el jueves pasado, tras la difusión en el Congreso de unos audios en que insta a sus dos asesoras a mentir ante una comisión parlamentaria.
El escándalo estalló mientras el Presidente estaba abocado en atender la emergencia sanitaria en uno de los países más afectados por la pandemia, con más de 744.000 contagios y 31.000 muertos.
La incertidumbre generada por este juicio político ha tenido efectos nocivos sobre la economía peruana, que está en recesión como secuela de la pandemia.
"La destitución es muy peligrosa en estas circunstancias, faltando siete meses para las elecciones generales de abril" de 2021, dijo el analista político Fernando Rospigliosi.
"Cambiar de gobierno a estas alturas por un gobierno conformado por el Congreso sería muy peligroso" en medio de la crisis sanitaria y económica, agregó.
Sorpresivamente, la opositora Keiko Fujimori, la principal rival de Vizcarra, salió a defenderlo. "No existen elementos suficientes ni procedimientos necesarios para vacar (destituir) al presidente", declaró la hija del exmandatario Alberto Fujimori.
También el expresidente Ollanta Humana pidió que Vizcarra complete su mandato, hasta el 28 de julio de 2021, para "atender la salud, reactivar la economía y garantizar elecciones limpias".
El escándalo con tintes rocambolescos comenzó en mayo cuando la prensa descubrió que, en plena pandemia, el Ministerio de Cultura había contratado como conferencista a Richard Cisneros, un cantante poco conocido que alardeaba de haber sido asesor del Gobierno.
El Parlamento abrió una investigación sobre los contratos por los que Cisneros recibió unos US$50.000.
En la grabación filtrada, Vizcarra pide a sus colaboradoras Miriam Morales y Karem Roca mentir sobre el número de veces que el cantante acudió al Palacio de Gobierno.
"Hay que decir que entró dos veces" en vez de cinco, les dice Vizcarra.
Roca fue quien grabó subrepticiamente la conversación en el despacho presidencial, según medios peruanos. Ambas funcionarias perdieron sus empleos hace pocos días. /Redacción internacional con AFP