El próximo 26 de septiembre harán cuatro años de que, entre bombos y platillos, y ante la comunidad internacional, se firmaba en Cartagena el acuerdo de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc. Seis días después se llevaría a cabo el plebiscito refrendatorio en el que sorprendentemente se impuso el No a ese pacto.
Como se recuerda, el Ejecutivo procedió, entonces, a un accidentado “diálogo nacional” con los sectores de la oposición al acuerdo (con el uribismo a la cabeza) para tratar de salvar las tratativas. Ese proceso no fructificó porque el Gobierno decidió cerrar intempestivamente el ajuste al pacto, realizar a las carreras otro acto de firma con las Farc -esta vez en el Teatro Colón de Bogotá- y acudir a una inédita refrendación parlamentaria del pacto, desconociendo el dictamen popular.
“Desgraciadamente, ese acuerdo con las Farc, que se supone iba a propiciar la ‘superación definitiva del conflicto armado’, no cumplió su objetivo”
De todo ello ya hace casi cuatro años y es mucho lo que ha pasado desde entonces. Precisamente por estos días se está llevando a cabo la llamada Semana nacional por la paz, una jornada que se desarrolla, lamentablemente, cuando el país se encuentra atravesando uno de los picos de desorden público e inseguridad más altos de los últimos años, lo que pone en evidencia que, desgraciadamente, ese acuerdo con las Farc, que se supone iba a propiciar la “superación definitiva del conflicto armado”, no cumplió su objetivo, a tal punto que no pocos analistas advierten que, a la luz de las evidencias, fue un fracaso.
¿Por qué? Hechos como las recientes masacres, la seguidilla de asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, el fortalecimiento de las disidencias de las Farc, el pico en los delitos relacionados con narcotráfico y minería ilegal, así como un mayor accionar delincuencial de las estructuras del Eln y bandas criminales de alto espectro como ‘el Cartel del Golfo’, ‘los Pelusos’ y ‘los Caparrapos’, evidencian que en varias regiones del país la violencia se está abriendo de nuevo paso en medio de un pulso territorial por el control de las rentas de las economías ilícitas.
Masacres
Los más recientes informes de la Fundación Ideas para la Paz y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señalan que en lo corrido del año se han producido al menos 29 casos de asesinatos colectivos con más de 143 víctimas en total. Sin embargo, si se incluyen los hechos en los que se han presentado al menos tres decesos, el número de masacres se incrementa a 55 y el de víctimas a 218.
“Si se incluyen los hechos en los que se han presentado al menos tres decesos, el número de masacres se incrementa a 55 y el de víctimas a 218”
Alberto Brunori, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, dijo que en el 2019 se registraron 36 masacres, en medio de las cuales fueron asesinadas 133 personas. Esta cifra fue la más alta desde el 2014 pero ya estaría por debajo de la registrada este año.
Vale mencionar que los departamentos más afectados por este tipo de hechos durante el año han sido Antioquia con 12 episodios; Nariño y Cauca, con 8 cada uno; Norte de Santander con 5, Putumayo con 4, así como Chocó, Córdoba y el Valle del Cauca con 2.
- Cubrimiento: Crearán unidad especial ante aumento de masacres
Asesinatos de líderes
Aunque desde la firma del acuerdo de paz en 2016 se han venido disparando asesinatos de líderes sociales, lo cierto es que en el último año los ataques contra quienes ejercen algún tipo de rol protagónico en sus comunidades aumentaron de forma significativa.
Según Indepaz, a la fecha son cerca de 250 municipios que tienen alteración de orden público, especialmente en zonas como Córdoba, el bajo Cauca antioqueño, Sucre y bajo Atrato. Al respecto el director de la fundación, Camilo González Posso, asegura que “el país se encuentra en alerta roja ante el incremento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc”.
“Según Indepaz, a la fecha son cerca de 250 municipios que tienen alteración de orden público, especialmente en zonas como Córdoba, el bajo Cauca antioqueño, Sucre y bajo Atrato”
Si bien hay distintas estimaciones sobre cuántos líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va corrido de 2020, los datos oficiales y de organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que se han producido entre 6 y 10 homicidios mensuales. Se trata de cifras en cualquier caso bastante alarmantes y que son prueba del recrudecimiento de la violencia en los últimos tiempos.
- Más información: En 2020 han sido asesinados más de 200 líderes sociales: Indepaz
Disidencias de las Farc
Como lo afirmó un reciente editorial de EL NUEVO SIGLO, las facciones de las Farc que nunca se desarmaron o que, incluso habiéndose desmovilizado, optaron por volver a las armas, son hoy por hoy uno de los principales factores generadores de violencia.
Las estimaciones oficiales sobre su tamaño y evolución desde finales de 2016, demuestran que el país ya no se encuentra ante un fenómeno residual ni típico de “disidencias”. Según cálculos de las Fuerzas Militares, las facciones de las Farc tienen hoy no menos de 4.600 efectivos, de los cuales más de 2.600 serían combatientes activos y el resto haría parte de los grupos de apoyo logístico y personal no uniformado de infiltración, recolección de información y testaferrato. Pero hay cálculos que señalan que serían más los hombres-arma.
Su área de operación sería de no menos de 120 municipios de una veintena de departamentos, sobre todo del sur, occidente y oriente del país. Estos grupos estarían comandados por alias ‘Gentil Duarte’, dirigente histórico que nunca se integró al acuerdo de paz, así como por ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, todos ellos desmovilizados pero que reincidieron en la subversión.
“Según cálculos de las Fuerzas Militares, las facciones de las Farc tienen hoy no menos de 4.600 efectivos, de los cuales más de 2.600 serían combatientes activos”
Ambas facciones, enfrentadas incluso en algunas regiones, tienen sin embargo un común denominador: intentan controlar el negocio del narcotráfico y sus rutas de distribución.
Narcotráfico y minería ilegal
Es evidente que otro de los factores que contribuye de manera importante en el rebrote de la violencia en algunas regiones tiene que ver con la lucha por parte de grupos armados ilegales por el dominio de los corredores del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y otros escenarios de crimen local y regional.
Si bien puede afirmarse que la espiral ascendente de cultivos de coca se frenó después de siete años, la productividad de las hectáreas que permanecen ha aumentado, así como la capacidad de exportación, incluso más allá de las 1.100 toneladas métricas de cocaína al año.
Así las cosas, la relación entre narcotráfico y minería ilegal configura la principal causa de inseguridad en muchas regiones. Estas dos fuentes, junto al secuestro, la extorsión, el contrabando y otros delitos, continúan siendo las principales fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales y causa principal de una cruenta competencia por el control territorial.
“La relación entre narcotráfico y minería ilegal configura la principal causa de inseguridad en muchas regiones”
Eln y bandas criminales
Aunque en lo corrido del año se han dado duros golpes al Eln y a bandas criminales como 'el Cartel del Golfo’, ‘los Pelusos’ y ‘los Caparrapos’, es claro que estas estructuras se encuentran en un peligroso proceso de expansión, aprovechando las debilidades del Estado para hacer presencia en todo el territorio nacional, sobre todo aquellos en donde operaba la parte de la guerrilla de las Farc que sí se desarmó y desmovilizó.
Estos grupos que atentan contra la población civil, las instituciones y producen escenarios de confrontación entre ellas mismas por su relación con las actividades ilegales mencionadas, terminan de completar un escenario crítico que lleva a asegurar, lastimosamente, que cada vez es más evidente que el acuerdo de paz ha fracasado en su premisa de lograr una “terminación definitiva del conflicto armado”. Lamentablemente esa es una evidencia que empaña la celebración de la Semana nacional por la paz.