La justicia italiana, conocida por ser una de las menos eficientes de Europa con tribunales congestionados, procesos interminables o costos exorbitantes, se someterá a una reforma histórica, el requisito que exige la Unión Europea para otorgar sus fondos para la recuperación.

La reforma aprobada en forma definitiva por el parlamento, permitirá a Italia acceder al colosal fondo para la reconstrucción tras la pandemia de coronavirus por un valor de 191.500 millones de euros (unos 225.000 millones de dólares). 

Delineada por la ministra de Justicia, Marta Cartabia, la reforma es el fruto de complejas negociaciones con los miembros de la coalición nacional liderada por Mario Draghi, formada por todos los partidos salvo el ultraderechista Hermanos de Italia.

La Unión Europea concedió para la reforma 2.300 millones de euros (unos 2.700 millones de dólares), pero exige la reducción de los tiempos de los procesos: -40% para los juicios civiles y -25% para los penales.

"La velocidad de los procesos y la certeza de la duración deben ser una prioridad de nuestro sistema judicial, para atraer inversiones", explicó Carlo Gagliardi, director de la firma Deloitte Legal Italia, citado por el diario Il Corriere della Sera.

Desde 2010 se acumulan los casos no resueltos con los nuevos y el plazo de los procesos es entre los más altos de la Unión Europea después de Grecia, según el informe 2020 de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ). 

El plazo necesario para resolver un caso es de 527 días, frente a 420 en Francia (que ha registrado un aumento notable) y 94 en Luxemburgo. 

Italia "lucha contra la acumulación de casos", reconoce la CEPEJ. 

El fenómeno se registra tanto para litigios civiles y comerciales, como en materia penal y en todos los demás niveles.

Bruselas exigió la reforma porque considera que "una justicia eficiente es clave para el incremento de las inversiones, en particular de las empresas extranjeras.

"Un empresario (...) necesita estar seguro de los plazos de la justicia", explicó a la AFP Maurizio Bellacosa, catedrático de derecho penal en la Universidad Luiss de Roma.

¿Cómo lograr ese resultado? En primer lugar disminuyendo los plazos de prescripción para los delitos menos graves. En la actualidad no existe ninguna prescripción tras la sentencia de primera instancia, ya sea condenatoria o absolutoria.

La reforma introduce una duración máxima de dos años para la apelación y de un año para la casación. Después de ese lapso de tiempo se concluye la acción judicial. 

Es posible pedir una prórroga (un año en apelación y seis meses para los otros). 

Los juicios por delitos graves, entre ellos de terrorismo, mafia, narcotráfico o violencia sexual, contarán con un régimen especial (5 años en apelación y 2,5 años en casación). 

Además, no habrá prescripción para los delitos castigados con cadena perpetua. 

La reforma entrará plenamente en vigor en 2025 para dar tiempo a los tribunales de agilizar los casos pendientes tras la parálisis registrada por la pandemia. 

"La reforma debe ir acompañada de grandes inversiones en la maquinaria judicial, de infraestructuras, del número de magistrados y de personal", comentó Bellacosa. 

"¡Es un reto!", reconoció.

Para el fiscal antimafia Nicola Gratteri, la velocidad con la que prescribirán algunos delitos, especialmente los financieros y de corrupción, será un coladero para delincuentes.

"El 50% de los casos decaerá antes de ser juzgados. Europa nos pide celebrar juicios y no dejar de hacerlos", advirtió.   

Draghi se comprometió con la Unión Europea a aprobar rápidamente la reforma para "alcanzar satisfactoriamente los hitos y objetivos establecidos" en el plan de recuperación para Italia