Una semana clave arranca para los procesos penal y disciplinario que se adelantan por el polémico contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) con el consorcio Centros Poblados.

El viernes pasado el juez 53 de control de garantías resolvió que Emilio Tapia, polémico contratista condenado ya por el ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá, debe permanecer en la cárcel Modelo, junto con Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y Juan José Laverde, de Rave Agencias de Seguros.

Según trascendió, tras esos encarcelamientos se estaría abriendo una especie de carrera contra el tiempo por parte de varios de los investigados en busca de preacuerdos con la Fiscalía a cambio de disminuciones de pena e incluso de un Principio de Oportunidad que les evite ir a la cárcel.

“… Lo que sabemos es que la Fiscalía ya destapó parte de sus cartas en la audiencia de legalización de las capturas pero no todas… Hay más información en los expedientes y se vienen más órdenes de captura… Todo dependerá de quién sea el primero en buscar una colaboración efectiva con la justicia y se sabe que ya algunos abogados han indagado al respecto”, precisó a EL NUEVO SIGLO una fuente jurídica muy cercana al proceso.

Según la misma fuente tanto en los argumentos del juez como de la Fiscalía “… se comprueba que el expediente es sólido y las pruebas también, lo que disminuye mucho el margen de acción de las defensas y abren paso a allanarse en el arranque del juicio a los cargos o buscar ya un principio de oportunidad, ya sea delatando cómplices u ofreciendo colaboración con pruebas testimoniales y documentales que hoy no tenga ya la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría”.

Como se sabe, el viernes el juez desestimó los argumentos de la defensa, sobre todo cuando criticaron la medida de aseguramiento intramural.

“Si usted considera que desaparecer $70 mil millones para educación de la gente no es un caso excepcional yo no sé qué será excepcional, entonces. La verdad este es un desfalco inmenso, estos son como 20 elefantes blancos andando juntos en manada, esto no es una cosa normal o común y corriente, esto es un caso excepcional precisamente por eso es que la medida de aseguramiento de detención es excepcional”, argumentó el togado.

El juez también indicó que “… La Unión Temporal no asumió ningún rol de presentar las capacidades técnicas y financieras de las empresas que la conformaban, lo que sí hizo cuando ya estaba tramitando ante varias aseguradoras. Por qué sí hay una diligencia debida para muchísimas cosas, pero a la hora de verificar lo que se debe, sabiendo que en nuestro país la contratación estatal es fuente de corrupción a altos niveles, y sabiendo que incluso con la participación del señor Tapia ya tenía su prontuario, no se les dio por revisar las garantías”, aseveró el juez.

Un tema que ha generado muchos análisis es que mientras la Procuraduría General sí estaba de acuerdo con enviar a la cárcel a Tapia, consideró que Duque y Laverde no representaban el mismo peligro y podían afrontar el proceso sin ser encarcelados. Pero la Fiscalía General dijo que según la investigación los tres habrían creado una versión para dar en la justicia y librarse de los cargos.
“… Ese un asunto complicado que lleva a que otros posibles involucrados teman que estos tres van a atestiguar contra ellos… Es ahí en donde los abogados tienen que saber moverse, porque aquí, como se dice popularmente, el que primero se arrodilla, primero se confiesa”, agregó la fuente.

La Fiscalía, del mismo modo, hizo la petición para que el juez impusiera medida de aseguramiento contra los tres capturados ya que con esto “se evitaría la actividad delictiva y que se afecte la contratación pública”.

• Relacionado: Cárcel para Emilio Tapia por caso Centros Poblados

Los congresistas

También está por establecerse la veracidad de la versión según la cual uno de los detenidos contó en la Fiscalía que fueron cinco los senadores que presionaron a altos funcionarios del Mintic para que el consorcio se quedara con el contrato por más de un billón de pesos para instalar 7 mil puntos de acceso a internet en zonas rurales apartadas.

De hecho en la tarde un medio radial señaló directamente a un senador, pero luego borró la información.

Lo cierto es que también están en la mira dos congresistas que, presuntamente, habían presionado a funcionarios del Gobierno nacional para evitar que la entonces ministra Karen Abudinen declarara la caducidad del contrato, lo que finalmente hizo. Semanas después tuvo que renunciar en medio del pico de este escándalo.

De otro lado, se conocieron este fin de semana apartes de las declaraciones de Juan Carlos Ángel Cáceres, considerado uno de los testigos estrellas de la Fiscalía.

Según Cáceres, Tapia lo buscó por la experiencia que él tenía en los asuntos de tecnología con su empresa Novotic, una de las integrantes de la Unión Temporal que se quedó con el contrato de MinTIC. Cuando ya estaban cerca de conocer cuál empresa se iba a quedar con la licitación, se acordó un 50-50. Reconoció que el día que ganaron hubo mucha felicidad e incluso abrazó a Emilio Tapia y luego ofrecieron una copa de whisky.

Cuando la fiscal lo cuestionó por qué se llevó a cabo la sociedad del consorcio si Cáceres conocía los antecedentes judiciales de Tapia, el testigo habría dicho que el polémico y condenado contratista le dijo que estaba libre de deudas judiciales y que podía avanzar con la licitación que prometía tener ganancias a largo plazo porque el contrato se firmaría por 11 años y seis meses. 

En cuanto al anticipo de los $70 mil millones, Cáceres explicó que el mismo le entregó parte de ese dinero a Tapia, de acuerdo a recomendaciones de este último, quien dijo donde se debía consignar el dinero en dólares. Una de las empresas fue Safe Cargo Internacional, a donde envió US$120.000 dólares. Otra fue Cimexp FZ-LLC, al parecer con sede en Dubái, que recibió US$73 mil dólares, aunque Tapia le reprochó que ese monto no lo recibió. Además de esta empresa en el exterior, el empresario le aseguró a la Fiscalía que hubo más.

“2 wings Aircraft, por US$150.000 dólares; OLT Logistic, por US$300.000 dólares. Quiero aclarar que cuando yo hice estos giros a estas compañías que él me dio, yo le dije a Emilio que estas empresas no tuvieran problemas, porque yo era el que estaba girando ese dinero en Estados Unidos. Y él me dijo: esas compañías no tienen problemas. Esos giros los hice el 12 de mayo de 2021 y el 14 de mayo de 2021. Y Marcell Felipe Attomeys, por US$50.000 dólares; quiero aclarar que de esta persona no tengo comprobante”, manifestó Cáceres.

También se conoció el testimonio de Jorge Alfonso Molina, quien sirvió como intermediario para conseguir la garantía del banco con la Unión Temporal. Él dijo que fue Jorge Enrique López el que falsificó las garantías que aparecieron respaldando el contrato, por $1,07 billones de pesos.

Molina, quien está bajo protección, aseguró que en plena audiencia de legalización de capturas López lo llamó a amenazarlo de muerte.

Por último, Molina agregó que López ya había mandado llamar a Luis Fernando Duque y le había enviado mensajes a Tapia, exigiendo los $2.800 millones por las garantías que había elaborado.