Se discutirá en el Congreso, en la Comisión Primera del Senado, el proyecto de acto legislativo por medio del cual se modifica la organización electoral en Colombia para promover la independencia, autonomía y transparencia en los comicios.
El proyecto tiene por objeto reformar la organización electoral en Colombia con el fin de establecer un nuevo modelo institucional a partir de la creación de una Corte Electoral y un Consejo Electoral como máximo órgano administrativo en materia electoral y de registro, con el propósito de garantizar mayor independencia, autonomía y transparencia en los procesos.
El Acto Legislativo busca resolver los problemas de la actual organización electoral por medio de un diseño institucional que garantice la transparencia, la imparcialidad, la eficiencia y celeridad, en el financiamiento de la política y en la supervisión de las corporaciones; ya que se trata de elementos fundamentales para el desarrollo de instituciones democráticas y la consolidación de una paz estable y duradera.
Problemas de la organización electoral
En la actualidad, la postulación y la elección de los candidatos para conformar el Consejo Nacional Electoral está en cabeza de los partidos y movimientos políticos que tienen representación en el Congreso de la República. Esto ha profundizado el grado de incidencia de las corporaciones en la autoridad electoral y a la vez ha generado desconfianza sobre las decisiones en materia de inspección, vigilancia y control de la actividad. En el momento en que la supervisión y control se ejerce sobre los mismos partidos políticos que eligen a los magistrados, se genera un desbalance en el debate electoral que da pie a cuestionamientos acerca de la independencia.
Adicional a lo anterior, pese a que el CNE es una entidad con naturaleza administrativa, sus funciones han sido ampliadas con el paso del tiempo. Una de las que mayores problemas ha generado es la relacionada con la administración de justicia electoral, en razón del sesgo partidista que puede existir al momento de la toma de decisiones y que crea desconfianza en los vigilados y en la ciudadanía en general. Pese a que se trata de una entidad de naturaleza administrativa, termina realizando actuaciones de carácter judicial, como aquellas asociadas con resolver las controversias que surgen entre actores en el proceso electoral.
En la actualidad, las autoridades judiciales que resuelven asuntos electorales no son especializadas en la materia, sino que hacen parte de la jurisdicción contencioso administrativa. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha detallado el impacto pernicioso que esto tiene para la administración de la justicia electoral, pues “derivado de la naturaleza de las autoridades judiciales, actos electorales se terminan juzgando como si fueran actos administrativos, con los graves resultados que ello conlleva, como que se privilegien los derechos subjetivos del elegido sobre la democracia” (…) y “algunos casos de relevancia nacional, como las inhabilidades de los candidatos o la integración definitiva de las corporaciones públicas, tardan años en resolverse, esta problemática se agudiza cuando los asuntos pasan a resolución de la Sala Plena”.
De tal forma, con el fin de evitar el choque de competencias entre el CNE y la jurisdicción contencioso administrativa, la incertidumbre jurídica que esto genera; y con el fin de garantizar que los actos electorales sean investigados, juzgados y resueltos de manera oportuna, este proyecto de Acto Legislativo busca crear una Corte Electoral como máxima instancia de toma de decisiones en la materia.ç
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Sobre la Registraduría
A través de la reforma constitucional introducida con el Acto Legislativo 01 de 2003, el Congreso de la República buscó eliminar cualquier influencia partidista en la dirección y funcionamiento de la Registraduría. Lo anterior se materializó con la adopción de medidas como la elección del Registrador por parte de los presidentes de la Corte constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en el marco de un concurso de méritos; la previsión de una carrera administrativa especial; y la reafirmación de su carácter técnico y operativo respecto al desarrollo de las elecciones.
No obstante, el actual diseño institucional ha permitido que todo el manejo del proceso electoral recaiga en la figura del Registrador. Aunque el CNE tiene como función ejercer la inspección, vigilancia y control de la Organización Electoral, en la práctica las acciones desarrolladas por la Registraduría no tienen ningún tipo de fiscalización o supervisión, tal y como quedó evidenciado durante la crisis de credibilidad y confianza que se generó en el desarrollo de las Elecciones Nacionales 2022.
Opiniones al respecto
Fabio Sepúlveda, del Observatorio Electoral, considera que es necesaria la creación de la jurisdicción electoral, por tener actualmente una mixtura de actos por una parte resueltos por el CNE, y de otra, sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado. También considera necesario primero modificar la arquitectura y posteriormente el código electoral. Cree que los proyectos de reforma política también guardan directa relación con los de la organización electoral y por ello pide se revise la técnica legislativa.
Por su parte, Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral (MOE), considera necesario que la entidad que organiza las elecciones tenga suficiencia técnica. Asimismo, menciona que se debe priorizar la arquitectura y luego el código electoral; en igual sentido, que se tramiten de manera separada arquitectura y reforma política. No cree que para el 2023 empiece a regir la reforma y que un mensaje de urgencia al código electoral es completamente contraproducente.
En el mismo sentido, Elizabeth Ungar, profesora de la Sociedad Civil, considera que hay desconfianza en el registrador y por ende en las elecciones. Que no es conveniente reformar todo el sistema electoral y político de una vez, sino que se deben priorizar temas relevantes, tales como los de arquitectura institucional, para devolverles la credibilidad de las elecciones y la democracia a los ciudadanos, antes de la reforma al código electoral.
Así mismo, Alejandra Salazar, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mencionó que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades se está pasando por alto. Cuestionó la necesidad de eliminar el CNE y señaló que se debe fortalecer tanto a la Registraduría como al CNE, pero no suprimirlas.