La Corte Constitucional tendrá que resolver un nuevo choque de competencias que surgió entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía, después de que esta instancia de justicia transicional creada para sancionar  los delitos graves cometidos en el conflicto armado, ordenara la entregara de un informe acerca de los bienes de las Farc, esto con el fin de establecer el inventario con los activos que esta organización debe reparar a las víctimas.

Sin embargo el ente investigador respondió que los procesos de extinción de dominio tienen carácter reservado.

El pasado lunes, la JEP insistió en esta solicitud otorgando tres días de plazo al Ministerio del Interior, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Fiscalía General para que cada una de estas instituciones le entreguen un reporte con la información que tienen sobre los bienes y activos de la entonces guerrilla de las Farc.

No obstante, poco antes de que se cumpliera este plazo el fiscal General, Néstor Martínez, optó por solicitar a la Corte Constitucional una determinación sobre si la información relacionada con los bienes y activos no reportados por las Farc debe estar en poder de la Fiscalía o la JEP.

El conflicto de competencias planteado fue solicitado por el Fiscal General en una carta dirigida al presidente de la Corte, magistrado Alejandro Linares, en la cual recuerda que el propio acuerdo de La Habana establece que “los bienes activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.

Martínez indicó que según la ley los bienes que no fueron inventariados a más tardar el 15 de agosto de 2017 en la lista que Farc le entregó al Gobierno tienen que ser objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía.

“Cualquier intento de que los bienes no inventariados se sometan a trámite distinto, falsea la voluntad de paz de las partes y por ende el marco legal del proceso de paz”, indicó el fiscal Martínez.

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El pasado 21 de agosto la JEP le solicitó dicha información a estas entidades, sin embargo no la entregaron aduciendo reservas legales sobre la misma.

Esta situación llevó a que la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad suspendiera la entrega de información sobre los bienes de la extinta guerrilla a todos los vinculados al proceso en el que se estudia la posibilidad de imponerles medidas cautelares con la intención de garantizar la reparación de las víctimas.

Asimismo, el lunes pasado se conoció el auto 005 de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en el cual requiere al Ministerio del Interior, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Fiscalía General “para que en el término perentorio e improrrogable de tres días, contados a partir de la recepción de la respectiva comunicación de esta providencia, se sirva dar cumplimiento a lo ordenado mediante auto del 21 de agosto de 2018”.

Agrega esta dependencia de la JEP, que “advertir a los destinatarios de la anterior orden que deberán prestar en forma eficaz e inmediata la colaboración solicitada por esta sección, so pena de quedar sometido a las sanciones por desacato”.

La JEP dio a conocer el pasado 18 de octubre que “vencido el término del traslado ordenado en un auto de fecha 21 de agosto el Ministerio del Interior no dio respuesta al requerimiento”. En tanto que la Fiscalía respondió a la JEP, a través de la fiscal de Asuntos Jurídicos, Miryam Stella Ortiz, que “la Fiscalía debe poner de presente la imposibilidad de darles cumplimiento, toda vez que la información relacionada con procesos de extinción de dominio tiene carácter reservado”.

Mientras que la asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, Daniela Andrade Valencia, explicó a la JEP que “teniendo en cuenta que la información sobre los bienes de las Farc obedece a un estudio de policía judicial y se encuentra en investigaciones que se tramitan a la Fiscalía General de la Nación, todas las pruebas obran en dicho ente investigativo por lo tanto debe ser aportada por parte de ellos a la JEP”.

En agosto del año pasado, las Farc, atendiendo al acuerdo, entregaron al Gobierno nacional un listado con los bienes para reparar a las víctimas por $963.000 millones. No obstante, el fiscal Martínez y el superintendente, Jairo Mesa, han coincidido en que ahí no está todo lo que tienen.