Las “evidencias que soportan el pedido de extradición por parte de los Estados Unidos” del exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’ fueron solicitadas ayer por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la justicia norteamericana.

La Sección de Revisión de la JEP "decidió, de oficio, solicitar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores las evidencias que soportan el pedido de extradición por parte de los Estados Unidos de América", indicó el organismo en un comunicado.

La determinación de la sala se da como respuesta a la solicitud de garantía de no extradición presentada por Hernández, capturado en abril en Bogotá bajo acusaciones de estar implicado en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.

El acusado y el partido Farc alegan que se trata de un montaje jurídico.

"Las pruebas son el medio que garantiza una debida motivación de la decisión judicial, evitan la arbitrariedad y, por ende, garantizan el derecho al debido proceso probatorio", afirmó la JEP.

La JEP también pidió a la Fiscalía que en un plazo de cinco días a partir de la notificación le entregue las pruebas que tenga contra Hernández.

También requirió a la Fiscalía para que “realice las gestiones pertinentes” por su conducto y haciendo uso de los canales diplomáticos o enlaces a su disposición para solicitar las pruebas a las autoridades estadounidenses.

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La JEP advirtió que si transcurrido un término de 40 días, contado a partir de la comunicación, no se hubiesen aportado las evidencias “deberá continuar con el trámite de la garantía de no extradición, con el fin de adoptar la decisión que corresponda con base en los medios obrantes en el proceso”.

La JEP confirmó que debe realizarse un estudio sobre las pruebas que sirvieron de soporte al pedido de extradición del exjefe subversivo, especialmente cuando la decisión tendrá “implicaciones en la salvaguarda del proceso de paz”.

El caso del exguerrillero, que padece una aguda deficiencia visual, ha puesto a prueba la ya difícil implementación de los compromisos de paz, y ha desatado temores de que ex combatientes se sientan traicionados y puedan retomar las armas.

Aunque el acuerdo blinda a los desmovilizados frente a los requerimientos de Estados Unidos, también establece que quienes incurran en delitos después de la firma del tratado sean sometidos a la justicia ordinaria y extraditados.

El caso ‘Santrich’ ha enfrentado a la JEP y al fiscal general Néstor Humberto Martínez por diferencias en la interpretación de las facultades que tiene la justicia transicional.

La Fiscalía sostiene que la JEP solo está habilitada para certificar la fecha de ocurrencia de los presuntos delitos, como lo establece su reglamentación aprobada en el Congreso; pero la Jurisdicción apela a una normativa que le otorga potestades más amplias, como conocer las pruebas en casos de extradición, evaluar la conducta y el "procedimiento adecuado" que se debe seguir contra un acusado.