INCERTIDUMBRE Y desconcierto sigue causando entre las calificadoras, la intención del Gobierno de presentar un proyecto de ley para modificar la regla fiscal. En último pronunciamiento, Fitch Ratings, en comunicación enviada a EL NUEVO SIGLO, que “la intención del Gobierno colombiano de modificar la regla fiscal del país pone de relieve los continuos desafíos para una consolidación suficiente para estabilizar la relación de la deuda con el producto interno bruto (PIB) de manera duradera”.

Este anuncio se une a la advertencia que Moody’s, otra calificadora de la deuda soberana del país había manifestado al Gobierno en enero pasado, cuando ya se rumoraba que efectivamente era tan grande el descuadre de las finanzas, que para este año era complicado que pudiera cumplir con la meta de la regla fiscal.

En esos instantes, Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de calificaciones de Moody’s Ratings, dijo a EL NUEVO SIGLO que “el manejo prudente de la política fiscal y monetaria ha sido un factor de apoyo importante al perfil crediticio de Colombia en un contexto de sucesivos choques económicos en los últimos años. Aunado a esto, cambios incorporados a la regla fiscal en 2021 vinieron a fortalecer la credibilidad del marco fiscal. En la actualidad, el diseño de la regla opera de manera tal que las autoridades cuentan con flexibilidad suficiente para responder a una desaceleración económica y asegurar a la vez el cumplimiento de las metas de deuda a mediano plazo”.

Aseguró el experto que “ante declaraciones recientes en torno a una propuesta del Gobierno para realizar cambios a las metas fiscales, Moody’s analizará si esto pudiera llevar a un deterioro en las métricas de deuda, lo cual afectaría negativamente la fortaleza fiscal del Gobierno poniendo presión sobre el perfil crediticio soberano”.

Argumentos

En el último comunicado de Fitch Ratings, la calificadora sostiene que “el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que el Gobierno presentaría un proyecto de ley para flexibilizar la norma, en un paquete de medidas destinadas a impulsar el débil crecimiento económico que pesa sobre las finanzas públicas. El crecimiento del PIB real se desaceleró drásticamente hasta el 0,6 % el año pasado tras un fuerte repunte pospandémico, y pronosticamos una modesta expansión del 1,1 % en 2024. El presidente Gustavo Petro ha dicho anteriormente que la regla fiscal debería adaptarse al gasto público anticíclico”.

Recalcan que “la calificación soberana 'BB+'/Estable de Colombia, afirmada el 7 de diciembre de 2023 , está limitada por desafíos fiscales, una alta dependencia de las materias primas y déficits de cuenta corriente estructuralmente grandes. Los grandes déficits fiscales, una carga de deuda pública cada vez mayor y la disminución de la credibilidad de la política fiscal fueron factores que influyeron en la rebaja de la calificación de Colombia a un grado inferior al de inversión en julio de 2021”.

Sostiene Fitch Ratings que “las reformas fiscales se aprobaron en noviembre de 2022, y el alto crecimiento del PIB nominal y la apreciación del peso respaldaron la reducción del déficit y la deuda. en 2023. Pero han surgido obstáculos para la consolidación, como el fallo del Tribunal Constitucional de noviembre sobre la deducibilidad fiscal de las regalías de las empresas de petróleo y carbón llevó al gobierno a aumentar su objetivo de déficit del gobierno central para 2024 al 5,3 % del PIB en el Plan de Financiamiento de febrero, desde el 4,4 %”.

Los riesgos

Aseguran que “vemos riesgos para el objetivo revisado, por ejemplo, al lograr la aprobación del Congreso de un sistema de arbitraje para acelerar la solución de disputas fiscales. Las rigideces presupuestarias limitan el margen para realizar recortes de gastos distintos de los de capital, lo que podría debilitar aún más las perspectivas de crecimiento”.

En este mismo sentido, la calificadora manifiesta que “esperamos que el aumento del gasto satisfaga algunas demandas sociales, aunque las perspectivas para las reformas de pensiones y atención sanitaria de Petro son inciertas. En abril, un comité del Senado rechazó un proyecto de ley de salud, aunque Petro dice que reintroducirá reformas de salud y puede buscar cambios constitucionales para implementarlas”.

Alto costo

Explica que en lo referente con el proyecto de ley de pensiones tal como está diseñado, el Gobierno estima su costo inicial en 0,3 % del PIB. Sin embargo, la ausencia de reformas paramétricas significa que el pasivo pensional estimado global aumentaría con el tiempo.

Con ello, “los gobiernos podrían verse tentados a aumentar las pensiones y ampliar la cobertura, lo que se sumaría a las presiones fiscales derivadas de un gran déficit estructural del gobierno central”.

Así, indican que “nuestra base es que la deuda del gobierno general/PIB aumente al 56,3 % en 2025, ya que los superávits primarios previstos no estabilizarán la relación incluso si el crecimiento aumenta al 2,8 % en 2025. Sin cambios importantes en la política fiscal, los déficits del gobierno central a mediano plazo rondarán el 4,5 % del PIB. Esto no cumpliría con las disposiciones existentes de la norma”.

Advertencias

Por otra parte, la opinión de Moody’s, no debe caer en saco roto, ya que fue la calificadora que, de alguna manera respaldó a Colombia, al no quitarle el llamado Grado de Inversión, calificación que le permite acceder a créditos para fomentar el desarrollo del país, sin tener que pagar intereses tan altos como los que les cobran a las naciones que generan desconfianza entre los prestamistas.

Sin embargo, en diciembre de 2023, el país perdió la calificación de Grado de Inversión, pues con otras dos calificadoras Fitch y Standard & Poor’s, no había nada que hacer.

En opinión de Merino cuando en enero fue consultado por este Diario, dijo que “en la actualidad, el diseño de la Regla opera de manera tal que las autoridades cuentan con flexibilidad suficiente para responder a una desaceleración económica y asegurar a la vez el cumplimiento de las metas de deuda a mediano plazo”.

Al inicio del año, la agencia de calificación crediticia, S&P Global Ratings, aunque mantuvo la calificación crediticia de Colombia en BB+, modificó la perspectiva de estable a negativa, previendo que el crecimiento de la economía estará por debajo de lo esperado. Pero la señal que se envía con un destecho de la Regla Fiscal, en relación con lo que se tiene ahora, es mucho más preocupante.

Moody’s califica a Colombia en Baa2, el segundo grado de inversión más bajo, con perspectiva estable, mientras que Fitch Ratings y S&P Global Ratings califican la deuda externa del país en grado especulativo.

Asimismo, Fitch Ratings preveía que el Gobierno nacional iba a incumplir la regla fiscal tanto en 2024 como en 2025. En su momento, Richard Francis, analista de la calificadora para Colombia, precisó que es muy difícil llegar a la meta del déficit fiscal de 4,4 % del PIB para el año que viene y que, en cambio, podría ser incluso de hasta 5,25 %.

A su vez, también en su cuenta de X, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, dijo que: “La regla fiscal es un mecanismo que genera confianza y es uno de los pilares de una política fiscal responsable. Su modificación aumenta la percepción de incertidumbre entre inversionistas y dificultaría responder al desafío de crecimiento que necesita Colombia”.

¿Para cuándo el proyecto de ley?

Aunque todavía el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no ha presentado el proyecto de ley para cambiar la regla fiscal y los topes de endeudamiento para flexibilizar el manejo de la deuda, este hecho sí complica la situación sobre las calificaciones del país.

En varias declaraciones, Bonilla, argumentó que “estamos mirando si construimos un proyecto relacionado con la regla fiscal, dadas las inflexibilidades que hoy tiene. Es darle flexibilidad a la actual regla, ya que una cosa es tener una regla con un país que crece a 3 %, 4 % o 10 %, en Colombia nunca ha sido así; y otra es una regla fiscal en un país que creció el año pasado a solo 0,6 %”.

Sin embargo, hasta el momento la iniciativa no se ha presentado al Congreso. Esta situación tiene que ver sobre todo con el descuadre de las cuentas del Gobierno, sobre todo porque hay una baja ejecución presupuestal y, además, como ya lo advertía EL NUEVO SIGLO, no cuenta con la caja o liquidez suficiente para la inversión.