El gobierno español dejó en suspenso ayer una reforma judicial que según sus detractores podría poner en cuestión la independencia del poder judicial, piedra angular de un estado de derecho, y que inquietaba en los pasillos de la Comisión Europea.
"Vamos a detener el reloj de la reforma... para poder llegar a un acuerdo" con la oposición de derecha, el Partido Popular (PP), anunció desde el Congreso el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
- Le puede interesar: Unión Europea sanciona a dos rusos por un ciberataque
Aunque no precisó por cuánto tiempo se congelará la reforma, este anuncio calma, al menos por un tiempo, las tensiones acumuladas por semanas alrededor de este tema, que incluso preocupaba en Bruselas.
Para el gobierno español, el peligro era ser comparado con Hungría y Polonia, dos países vigilados de cerca por la comisión, que sospecha que erosionan la independencia de la justicia.
La reforma concernía las modalidades de renovación de doce de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano independiente a cargo de nombrar a los jueces. Sus miembros son elegidos por las dos cámaras de las Cortes Generales (Congreso de los diputados y Senado).
Advertencia contra la politización
La polémica estalló a fines de septiembre, cuando la Comisión Europea dio un toque de atención a España en su informe sobre el estado de derecho en la Unión Europea, por no haber renovado los miembros del CGPJ, cuyo periodo expiró dos años atrás.
Principalmente, la comisión pidió que el CGPJ no sea visto como "vulnerable a la politización", un recordatorio de la necesaria separación de los poderes ejecutivo y judicial.
Los miembros del CGPJ no han podido ser renovados por el desacuerdo entre el gobierno de coalición de izquierda y la oposición de derecha, agrupada alrededor del PP.
Acusando a los conservadores de "bloquear" la renovación, el gobierno presentó un proyecto de reforma para que los doce puestos del CGPJ reservados a jueces fueran electos por mayoría absoluta y no calificada (tres quintas partes) en el Parlamento.
La proposición generó inquietud en una parte de la magistratura.
El temor es que el gobierno de coalición de izquierda pueda, mediante la mayoría absoluta, elegir a doce jueces ideológicamente cercanos, al no necesitar los votos del PP, mientras que el sistema en vigor obliga a los partidos a llegar a acuerdos y compromisos.
Sánchez, cuyo gobierno está inmerso en una feroz batalla política con el PP, paralizó ahora la reforma para volver a intentar llegar a un acuerdo.
Contactos con Bruselas
El proyecto tuvo eco en Bruselas, que recordó que los Estados miembro deben "seguir los estándares europeos para garantizar que la independencia judicial no esté amenazada".
Christian Wigand, portavoz de la comisión, indicó que Bruselas "sigue de cerca el desarrollo" de este tema.
En una llamada telefónica el miércoles con la ministra española de Exteriores, Arancha González, el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, pidió más información sobre la reforma, y tenía previsto tratar el tema también con el ministro de Justicia, según una fuente de la Comisión Europea.
Según la fuente, Bruselas quiere tener una "opinión más profunda" sobre la reforma antes de tomar ninguna decisión.
"España no es Polonia y no es Hungría", declaró Pablo Castillo, profesor de Derecho en la Universidad de Sheffield (Reino Unido).
Estos dos países fueron objeto de duras críticas en el primer informe sobre estándares democráticos de la Comisión Europea, publicado en septiembre, donde el ejecutivo europeo expresó su "seria preocupación" por la independencia judicial en ambos países.
El proyecto en España "no va a provocar una desconsolidación del estado de derecho", dijo Castillo, aunque a su juicio "tampoco favorece la independencia judicial".
Si bien está lejos de lo ocurrido en Polonia y Hungría, la reforma "sí que recuerda a cosas que han pasado en estos países", agregó el experto.