Comenzó el período de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales 2023, proceso que se extenderá hasta el 29 de agosto del próximo año, dos meses antes de las elecciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

También será el primer reto para los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes deben afrontar esos comicios en los que se elegirá a los mandatarios de 32 gobernaciones y 1.103 alcaldías, así como a 418 diputados de Asambleas Departamentales, 12.063 concejales municipales y 6.814 miembros de Juntas Administradoras Locales, en los que se espera que se inscriban alrededor de 120 mil candidaturas.

De acuerdo con el calendario electoral, de igual manera se inició la inscripción de los grupos significativos de ciudadanos y de los comités independientes promotores del voto en blanco, quienes podrán dirigirse a las sedes de la entidad o a las delegaciones departamentales para consultar los requisitos y poder conformar los comités para la recolección de apoyos.

Los magistrados opinan

Sobre cómo el CNE asumirá esta responsabilidad, uno de los magistrados, Álvaro Hernán Prada, manifestó la necesidad de actualizar el código electoral. Señaló que las reglas electorales son las mismas y que se revisan con cuidado las fallas que hubo en las elecciones pasadas.

En conversación con EL NUEVO SIGLO dijo que una de las recomendaciones que le han hecho distintos observadores es “fortalecer la capacidad del CNE, que indiscutiblemente necesita dotarse de facultades y de herramientas para poder responder mucho más eficientemente”.

Al mismo tiempo sugirió que “se necesita una desconcentración de poderes o si es posible una reforma estructural que nos permita tener presencia en las regiones y en los departamentos”.

“Necesitamos un cuerpo de investigación técnica, un cuerpo de policía judicial que vigile las informaciones acerca de financiamiento ilegal en una campaña. En la práctica lo que está pasando es que nos envían la información desde la campaña, pero nosotros deberíamos ir a la sede de la campaña a averiguar qué es lo que está pasando”, indicó el magistrado.

“Así generaríamos mayor confianza en la ciudadanía, que es el propósito fundamental. Yo creo que el sistema electoral funciona bien en la medida que todos hagamos el trabajo que nos corresponde”, agregó.

“Nosotros en lo formal tenemos independencia administrativa, presupuestal, financiera, pero en la práctica todavía dependemos mucho de la Registraduría. Eso hay que decirlo y hay que buscar en este trámite de reforma al Código Electoral que quede muy clara la independencia del CNE, incluido tener una sede propia y que en el Ministerio de Hacienda quede muy clara una cuenta presupuestal para que los recursos sean girados directamente al Consejo”, explicó Prada.

“Tenemos que avanzar mucho más claro en el límite de las competencias para no cruzarnos con la Registraduría. El órgano rector en las elecciones es el CNE; sin embargo, a mi juicio ha venido perdiendo competencias que obviamente debe recuperar”, advirtió.

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Conteo de votos

También recordó que en su reciente visita a la Comisión Primera del Senado hizo una propuesta que tiene que ver con el primer conteo de los votos. “Cuando se dan las elecciones, se hace un preconteo, pero resulta que en muchas ocasiones se elige una persona, se van a dormir y al otro día el elegido era otro. Resulta que el preconteo que dio los datos no tiene valor judicial, lo que tiene valor es el primer escrutinio, que no se hace con los votos sino con las tarjetas electorales, con el E-14 y con el E-26”.

“Lo que ayer dije es que pensemos en cambiar el modelo para que ese primer conteo de votos sea el primer escrutinio y no un preconteo. De esa manera se va a contribuir a darle mucha más transparencia y le vamos a evitar un gasto impresionante que se están llevando los candidatos y los partidos, porque un candidato tiene que hacer un gran esfuerzo de tener testigos electorales en todas las mesas”, afirmó Prada.

Por su parte, el también magistrado del CNE Altus Baquero señaló que hay unos decretos que se encuentran predeterminados desde 2019 y que no ha sido posible que se apliquen por cuestiones administrativas. “En el anterior Plan Nacional de Desarrollo se estableció que el CNE iba a ser una sección dentro del Presupuesto General de la Nación, pero pasado un mes de ese Plan de Desarrollo hubo una ley que lo modificó, una ley de la JEP, y se echó para atrás esa sección del presupuesto. Esto es importante porque si no hay autonomía financiera es muy difícil que el Consejo logre abarcar todos esos aspectos relacionados con la independencia”.

Del mismo modo, Baquero afirmó que el CNE ante esa falta de independencia ha intentado todas las variables; sin embargo, hoy en día la organización no tiene la relevancia específica que debería tener.

Lo que dijo la MOE

A un año de las elecciones de autoridades locales, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que los principales retos de las elecciones están relacionados con la presencia de grupos armados ilegales, la violencia política, la transparencia en la financiación de las campañas, la garantías de acceso a la información y la acción eficaz de las autoridades contra delitos electorales tales como la compra de votos y el constreñimiento al elector.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, sostuvo que para esa ocasión el despliegue de la observación electoral estará coordinado por 34 regionales, lideradas por organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia católica y universidades públicas y privadas. “A través de estas coordinaciones se prepara una observación que tendrá presencia en al menos uno de cada tres municipios del país, priorizando aquellos territorios que sean señalados en algún nivel de riesgo por el Mapa de Riesgo Electoral que la MOE elaborará para estos comicios”.

“Como parte del compromiso de la MOE con una democracia plena, en la que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones, la observación electoral incorporará enfoques diferenciales frente a la participación política de las mujeres, de las personas con experiencia de vida trans, con discapacidad y poblaciones de origen étnico”, agregó.

La MOE recuerda que la ciudadanía tiene derecho a acudir a procesos con reglas claras, ciertas y previamente conocidas. Teniendo en cuenta lo anterior, le solicita al Congreso de la República que, de aprobarse modificaciones al Código Electoral, que inicia su debate la próxima semana, estas solo entren a regir una vez finalicen las elecciones de 2023.

Vale recordar que esta organización ha realizado 131 observaciones electorales nacionales, además de las internacionales. En este ejercicio de control político ciudadano han participado de manera activa 62.368 observadores nacionales e internacionales y se ha hecho presencia en un total de 879 municipios de los 1.121.