Actualmente avanza la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, más conocida como COP 26, en la que representantes de todos los continentes se reúnen a acordar medidas más ambiciosas y radicales para enfrentar la crisis climática, y en donde Colombia ha manifestado su compromiso y liderazgo.

Sin embargo, señala la Alianza por el Acuerdo de Escazú, que aunque este garantiza la protección de líderes ambientales y es clave para garantizar mayor justicia climática en el país, “sigue en veremos”.

“Pese a que el Acuerdo podría haberse presentado desde el 20 de julio, día en el que inició la actual legislatura, fue radicado solo hasta el viernes 29 de octubre ante el Congreso de la República, sin mensaje de urgencia, lo que reduce considerablemente las posibilidades de lograr su ratificación en los próximos meses”, indica la Alianza, de la que forma parte WWF.

Agrega que justo cuando el presidente Duque acaba de lanzar una estrategia nacional para lograr cero emisiones en el 2025, tiene la oportunidad de garantizar la participación de las comunidades y proteger a sus líderes ambientales en 2021. “Por eso, desde la Alianza por el Acuerdo de Escazú, pedimos al gobierno nacional mayor coherencia y que radique el mensaje de urgencia antes del primer debate, para así poder avanzar en las discusiones legislativas necesarias para lograr su ratificación”.

Explica que en este momento, el Congreso cuenta con suficiente información para demostrar su apoyo y dar celeridad al trámite de este acuerdo internacional en materia de derechos humanos y ambiente. Además de todos los espacios de información y participación sobre el Acuerdo y su negociación, que se han realizado desde hace más seis años en diferentes lugares del país, el Ministerio de Ambiente realizó seis jornadas de socialización en diferentes regiones con distintos sectores en las últimas semanas. Aunque ahora el trámite está en manos del Congreso, es necesario que el Gobierno impulse efectivamente la discusión y la posterior implementación del Acuerdo”.

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Una vez más, desde la Alianza por el Acuerdo de Escazú, “insistimos sobre la necesidad de avanzar con este tratado como una oportunidad para que el país fortalezca su compromiso con una buena gobernanza, los derechos humanos, la transparencia y la participación pública. En momentos en los que el mundo define una nueva hoja de ruta para enfrentar la grave crisis climática, es fundamental garantizar una mayor justicia ambiental y la protección de las personas que defienden la naturaleza”.

Indica que “el cumplimiento de los compromisos que Colombia ha adquirido a nivel internacional sólo puede lograrse si el Congreso de la República en cabeza de la comisión segunda del Senado le da un trámite célere que permita su primer debate antes de que finalice la primera fase de la legislatura este 16 de diciembre, y con ello habilite las discusiones y votaciones necesarias en ambas cámaras”. 

También en Glasgow, un grupo de jóvenes reclamó al presidente Iván Duque por la tardanza en la radicación del Acuerdo de Escazú ante el Congreso y porque además no se hizo con mensaje de urgencia. El mandatario respondió haciendo un llamado a la calma por la forma como lo abordaron y aseguró que, “el proyecto ya se presentó y que el Congreso quiere estudiarlo a fondo”. 

Así mismo, aseguró que el compromiso desde la Cumbre es tenga una discusión profunda y que le sirva al país, de ahí a que se haya una socialización con diferentes grupos ambientales y ciudadanos por varias zonas de Colombia para que conocieran el Acuerdo antes de su radicación.

Sobre el Acuerdo 

El Acuerdo de Escazú busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos imprescindibles: el acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables; la participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud, y el acceso a la justicia en materia ambiental frente a hechos que afecten al ambiente y los derechos humanos. Adicionalmente, el Acuerdo incluye por primera vez medidas concretas para la protección y defensa de los defensores y las defensoras ambientales.

Por otro lado, el Acuerdo de Escazú aumenta y garantiza la seguridad jurídica porque su contenido está en sintonía con y permite acoger las directrices de organismos multilaterales como la OCDE y el BID. Los estudios de la OCDE y los estándares de la Banca Multilateral incorporan garantías asociadas con los derechos de acceso y políticas de sostenibilidad en línea con las disposiciones del Acuerdo de Escazú.

Recordó la Alianza que el Acuerdo de Escazú se ha socializado en el país desde su negociación en 2014 y, particularmente, en el último año las audiencias públicas y foros regionales han evidenciado que diferentes sectores productivos y la sociedad civil reconocen los contenidos de este tratado internacional y lo han apropiado.