Para algunos sectores la creación de la jurisdicción agraria y rural desarrolla uno de los puntos claves de los cumplimientos de los acuerdos de paz, que permitirá tener una instancia judicial especializada y que resolverá las problemáticas en materia de tierra en el territorio.

Sin embargo, desde otras orillas algunos no ven con buenos ojos la implantación de esta jurisdicción que para unos representa más burocracia, mientras hay quienes consideran sencillamente que ya existen normas que protegen al campesinado y por eso no es necesaria.

El presidente de la Sociedad de Agricultura de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “vemos que el Congreso de la República y el Gobierno tienen que dimensionar lo que se está tramitando, que va a generar, adicionalmente, una carga burocrática en los procesos agrarios. Claro, es saludable que haya una jurisdicción agraria, pero es que después de la creación de esa jurisdicción, a pesar de que los artículos son pocos, viene una reglamentación y eso tiene una complejidad adicional”.

“¿Y eso qué implica? Tener recursos y despliegue territorial. Entonces lo importante, más que el proceso legislativo, es lo que venga en el desarrollo de la normatividad y que se materialice en acciones concretas a nivel territorial”, añadió el dirigente empresarial.

Experiencia

A su vez, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, Dejusticia, considera acerca de la jurisdicción, que es importante que el poder judicial se inscriba en las lógicas transicionales y de construcción de paz, y que cuente con un presupuesto adecuado para su funcionamiento.

“Para el caso de la jurisdicción agraria, que es una de las banderas del nuevo gobierno, es importante que se nutra de toda la experiencia de restitución de tierras. Y si es posible, que haya participación de la sociedad civil, de la academia y de los tanques de pensamiento. Por otro lado, es importante que los jueces agrarios puedan tener múltiples competencias, pues los problemas de la tierra arrastran décadas a cuestas”, considera la institución.

Por su parte, Nilson Marín, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, le dijo a este Diario, desde El Tambo (Cauca)  que “dentro de la Asociación de Usuarios campesinos vemos necesario que se permita definir una ruta  que permita establecer unos parámetros para la atención del campesinado. Estamos de acuerdo con esta jurisdicción porque hasta el momento no existe ninguna ley que nos cobija y la vemos como una salida jurídica a nuestro principal problema, que es que no hemos sido escuchados durante mucho tiempo”.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo en el momento de radicar esta jurisdicción agraria y rural,  que “el tema de la tierra en Colombia ha sido una de las causas del conflicto en el país, estamos cumpliendo nuestro programa de Gobierno, y lograr que esto sea una realidad es a lo que invitamos al Congreso de la República con esta iniciativa, que seguramente, elevará la calidad de vida de nuestros campesinos en el país”.

La reforma fue aprobada en tercer debate en la Comisión Primera del Senado. Las reformas constitucionales requieren de ocho debates, cuatro en la primera vuelta, que es el paso que se está cumpliendo.

La creación de la Jurisdicción Agraria y Rural se está llevando a cabo a través de un acto legislativo que propone crear una corte especializada en asuntos agrarios, en la que se puedan atender asuntos y reclamos que, por décadas, tiene el campesinado colombiano en cuanto a la distribución de la tierra.

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El rumbo

Para el senador ponente, Alexander López, “esta es una de las reformas constitucionales más importantes en los últimos 30 años en nuestro país, que busca pagar la deuda histórica que se tiene con el campo colombiano y en especial con las víctimas. Con la legislación actual, afirmaba la Agencia Nacional de Tierras del Gobierno anterior, se necesitaban 256 años, aproximadamente, para la formalización de tierras de acuerdo con las solicitudes existentes”.

Pero precisamente dentro del Congreso la idea encontró resistencia por las senadoras del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes se oponen a la creación de una nueva Corte, con el argumento de que sería suficiente con una Ley Estatutaria, en la que se creen otros mecanismos como una sala dentro de las altas cortes existentes, y así evitar altos costos y mayor burocracia. Bajo esta premisa, la senadora Valencia radicó varias proposiciones.

Valencia solicitó archivar este proyecto debido a que en Colombia ya existe una jurisdicción agraria y se encuentra contenida en la jurisdicción ordinaria, que cuenta con una sala Civil y Agraria.

Así mismo, advirtió que “con este proyecto se crearán nuevos cargos en la rama judicial, aumentando costos en al menos $400 mil millones al año”.

Del mismo partido, el representante Carlos Edward Osorio señaló que  existen algunas sugerencias desde esa colectividad. “Entendemos que hay una amonestación de la Corte Constitucional y que es el mismo desarrollo de la Constitución cuando adoptó el proceso de paz; si lo suficiente hubiese sido crear una especialidad de la jurisdicción agraria, o si dentro de la jurisdicción ordinaria se hubiera renovado una como jurisdicción ordinaria, agraria y rural por todo aquello de los costos”, acotó Osorio Aguilar.

“Si somos coherentes con toda la estrategia de la paz, cuando se ha dicho que los recursos de las víctimas son insuficientes, a todos los recursos que destinamos a la implementación de la jurisdicción se les deberá hacer seguimiento para que rindan, sean eficientes y efectivos”, agregó.

Llamado de atención

Desde otras bancadas, el representante a la Cámara Juan Carlos Losada publicó un video en sus redes sociales donde arremete contra el ministro de Justicia por no haber discutido la posibilidad de que la futura jurisdicción agraria aborde también temas ambientales.

“Si de verdad ustedes quisieran darle la importancia que este asunto merece, señor ministro de Justicia, no nos pueden seguir dando el trato de quinta categoría, al Partido Liberal, queriendo imponernos lo textos sin siquiera discutirlos de nosotros, y eso que somos partido de Gobierno. En el mandato de Iván Duque, a quien yo critiqué por no tener ningún criterio ambiental, por lo menos llegamos a la concertación de que los jueces de esta especialidad pudieran conocer de los temas ambientales cuando estaban unidos a un tema rural, eso ni siquiera está en la propuesta”, declaró Losada.

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Lo que señala la jurisdicción

Dicho tribunal estará compuesto por un número impar de magistrados, los cuales para ser elegidos deberán cumplir con los mismos requisitos y calidades para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y haber ejercido la profesión en actividades relacionadas con el régimen agrario.

El proyecto contiene siete artículos y tiene las siguientes características:

• Se crea la Corte Agraria y Rural.
• Se define la escogencia de los magistrados.
• Se señalan las funciones de la Corte Rural y Agraria, la cual será la jurisdicción de cierre.
• La Corte revisará las decisiones judiciales que provienen de las autoridades y dirimirá los conflictos de competencias que se presenten en la jurisdicción.
• Se garantizará el enfoque de género y el derecho de las mujeres al acceso a la tierra.
• La jurisdicción garantizará el enfoque territorial étnico en favor de las víctimas.
• El Acto Legislativo determina una Ley Estatutaria que detalle el funcionamiento, estructura y temáticas de la jurisdicción.