Aunque la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios del Ministerio de Hacienda no ha definido qué elementos podrían incluirse en un proyecto de reforma tributaria, que al parecer presentará el Gobierno el próximo año, funcionarios, analistas y en los pasillos del Congreso de la República, ya sugieren algunas de las medidas.
Precisamente, uno de los principales aspectos que podría tener la nueva carta es extender el cobro del IVA a toda la canasta familiar de los colombianos y gravar los salarios.
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En efecto este IVA sería de 19% general. Actualmente, el 60% de la canasta familiar está gravada con diferentes tarifas del impuesto a las ventas: algunos alimentos tienen el 19% y otros el 5%.
En ese sentido, se buscaría establecer un impuesto general, por lo que muchos de los productos se subirían de precio hasta un 14%.
En una exposición en la Cámara de Representantes, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que “tenemos una cantidad de productos con el IVA del 19% que es el IVA que deberíamos tener general en los alimentos”. Cabe recordar que actualmente más de la mitad de los productos de la canasta familiar está gravada con impuestos diferenciales en las ventas.
Productos
Algunos alimentos tienen el 19%, otros el 5%, mientras que otros se mantienen en 0%. Los alimentos que actualmente no están gravados, pero que afectarían su bolsillo, son arroz, panela, sal, queso, leche, huevos, bananos, naranjas, pan, papa y la yuca, plátano, cebolla, tomate, zanahoria, frijol, arveja, moras, tomate de árbol, res, cerdo, pollo y pescado, entre otros.
Mientras tanto, entre los alimentos que están gravados con el 5% están cereales, pastas, azúcar y chocolate.
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Aunque la posibilidad de una nueva reforma tributaria durante el Gobierno actual ha sido rechazada por varios sectores e, incluso, hace varios meses el presidente Iván Duque dijo que es un tema que no se puede tratar en medio de una pandemia como la que enfrenta el país. Además, porque el 2021 es un año electoral.
Los salarios
Sin embargo, hay varios puntos que podría traer el proyecto y cobra fuerza también una iniciativa del expresidente de Anif, Sergio Clavijo, que podría gravar los salarios superiores a $3 millones.
“Los números internacionales dicen que se deberían gravar salarios de $3 millones o $3,5 millones a tasa de 1%, eso no va a dar mucho recaudo, pero poner a la gente a declarar pagando 1% asegura que les damos sentido de pertenecía de cuidar los dineros públicos”, explicó Clavijo, quien añadió que esto le podría representar al Estado hasta el 2% del PIB.
De otra parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que ante el endeudamiento del Gobierno Nacional para atender la emergencia por el Covid-19, será necesario comenzar a hablar de implementar una reforma tributaria para atender el pago de la deuda.
Durante su intervención en la tercera cumbre del sector del petróleo y gas, manifestó que será inevitable revisar el sistema de renta y las exenciones que se otorgan que hoy tienen un costo del orden de 8.7% del PIB.
El Ministro aseguró que el principal ajuste es un mayor crecimiento económico, que se espera el próximo año pueda tener un rebote y alcance un repunte superior al 5%.
Reconoció que el PIB en el 2020 tendría una reducción de -6,8% por los efectos negativos de la pandemia. Carrasquilla explicó que hasta el momento en la atención de la emergencia se han utilizado $34.6 billones en la atención sanitaria, atención a la población vulnerable y en protección al empleo.
Las pensiones
En un análisis público, el expresidente de Anif, Sergio Clavijo, expuso que el paquete tributario que requiere Colombia, durante 2021-2026, es de no menos de 2% del PIB. “Solo de esta manera podremos evitar que la relación Deuda Bruta gobierno central/PIB desborde el 70%. De no movernos pronto en esa dirección, Colombia arriesga con perder su valioso grado de inversión a la vuelta de 12-18 meses”.
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Sostiene que la propuesta tiene tres pilares. El primero tiene que ver con la expansión del IVA a la tasa del 19%, de tal manera que elevemos su cobertura del actual 45% de lo facturado hacia el 90%. Esto lo había intentado el gobierno en 2018, pero “el fuego amigo” y la baja pedagogía lo llevaron al fracaso.
En este frente se tienen dos novedades que deben ayudar a entender la conveniencia de extensión del IVA a la tasa general del 19%: i) ya se tiene útil experiencia reciente sobre la forma ágil de entrar a “compensar” el mayor costo que esto puede llegar a representar para los estratos bajos, girándose recursos hasta por 0.2% del PIB anualmente usando información depurada de Familias-Acción y Sisben; y ii) prospectivamente se tiene la forma de habilitar tecnología-digital que inclusive permitiría excluir de su cobro a esos estratos bajos así identificados, señalando montos-productos de exclusión y sin que ello implique riesgos significativos de elusión-evasión.
Es claro que los beneficios del incremento del recaudo, aun los provenientes de los impuestos indirectos, deben analizarse es en el contexto de la redistribución de recursos vía gasto pro-pobre.
El segundo pilar se refiere a la expansión de los gravámenes a una clase media que no viene aportando su debida alícuota. Las métricas internacionales indican que la franja $3 a $5 millones debería estar tributando a tasas efectivas del 1% al 5% y no tributan nada; y en la franja $5 a $10 millones debería duplicarse su tasa efectiva del 5% al 10% (ver gráfico 9). Esto se intentó en 2018, pero al gobierno le faltó pedagogía y al Congreso “ganas de entender”.
Complementariamente, y tal como se intentó en los Decretos de Emergencia pandémica, se debe proceder a gravar las pensiones altas, pero evitando el tratamiento inequitativo entre sector público vs. privado, el cual motivó la declaración de inexequibilidad de esos decretos a manos de la Corte Constitucional. Debe entenderse como pensiones-altas aquellas que, una vez deducido del 12% de pagos a la salud, superen los $6 millones/mes.
El trabajo de la Comisión
La Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, que fue instalada en agosto pasado, tiene la misión de revisar con lupa las exenciones incluidas en el complejo Estatuto Tributario Colombiano, y antes de un año formular recomendaciones sobre cuáles deben eliminarse y cuáles sostenerse.
El ministro Carrasquilla aseguró que “los resultados de la Comisión serán un insumo fundamental para la estrategia fiscal de mediano plazo de la nación, con miras a mejorar la estructura de sus ingresos recurrentes”.
De hecho, llamó la atención sobre el hecho de que el país presenta fallas en principios básicos tributarios, como progresividad, eficiencia y simplicidad. En términos de eficiencia, por ejemplo, dijo que el esquema colombiano pone el mayor peso en la tributación empresarial y no en personas naturales, como ocurre en los países más grandes de la región y en economías emergentes: “De los 6,2 puntos del PIB que se recaudan vía impuesto a la renta, cerca de 5 son derivados de actividad de las empresas frente al 1,2” de personas naturales”.
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La Comisión estará conformada por diez expertos principales: cinco extranjeros y miembros del Gobierno Nacional. Se trata de David Rosenbloom, director del Programa de Tributación Internacional de la Universidad de Nueva York; Brian Arnold, catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Waterloo; Jeffrey Owens, profesor de reconocidas universidades y autoridad global en impuestos; Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la Ocde, y Kent Smetters, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania.
Por parte del Gobierno estarán el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso; el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, y el director general de la Dian, José Andrés Romero.