Mientras que está pendiente el fallo de segunda instancia por parte de la Contraloría General de la República contra 26 personas, naturales y jurídicas, por más de $4 billones por las fallas que se presentaron en la construcción de Hidroituango, EPM informó sobre la existencia de un preacuerdo con representantes del consorcio CCC Ituango, encargados de las principales obras de este proyecto, para prorrogar el contrato por ocho meses.
El contrato con CCC Ituango vence el próximo 31 de diciembre, y lo que se quiere es prorrogarlo para que las obras no se suspendan, mientras que se produce el fallo de segunda instancia de la Contraloría confirmando o no la sanción de responsabilidad fiscal contra 26 personas naturales y jurídicas, entre las que se encuentra este contratista.
El fallo del órgano de control está pendiente porque hay varias recusaciones que se han presentado y que debe resolver, la más reciente del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, contra el contralor Carlos Felipe Córdoba y otros funcionarios públicos, en el caso del primero por una supuesta “vulneración al principio de imparcialidad objetiva y de neutralidad”.
EPM indicó ayer que “este preacuerdo integral permitirá prorrogar el contrato, que vence el próximo 31 de diciembre, en ocho meses más contados a partir del 1 de enero de 2022, más tres meses como un período de empalme”.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también se refirió a este plan de choque que se tiene previsto para prevenir que se paralicen las obras en Hidroituango, atentando contra el propósito de los dueños del proyecto de que comience a generar energía el próximo año.
Al respecto el Burgomaestre dijo: “¿Qué pasa en el momento en el que la sanción se haga efectiva? Los contratistas tienen que salir por ley, la ley los saca. EPM se tiene que estar preparando para eso, de dos maneras: de forma natural, diciendo, vamos a hacer una prórroga, a pesar de que es posible que no puedan seguir. Ellos ya tienen una propuesta de prórroga en su escritorio, de ocho meses, no la han firmado, estamos haciendo votos para que la firmen. Porque no podrían o mal harían en no firmarla o presionarnos hasta el último minuto, hasta el último segundo”.
Agregó el Alcalde de Medellín que “EPM está avanzando en todos los requisitos previos antes de abrir la licitación. ¿Eso qué garantiza? Que si el fallo es condenatorio, como es probable que sea, entonces EPM ya haya avanzado en el proceso de licitación lo suficiente para que no perdamos tiempo en ese proceso”.
El pasado lunes, el alcalde Quintero dijo que “al mismo tiempo de esa prórroga de lo que serían cerca de 8 meses con la opción de un periodo de empalme, tendríamos una licitación que se abriría en los próximos días, que permitirá garantizar la continuidad del proyecto más allá de los contratistas actuales”, dijo Quintero.
Con tres años de retraso que presenta Hidroituango para comenzar a operar, por distintos problemas como derrumbes en uno de sus túneles, las obras a finales de octubre pasado tenían un avance del 85,4% de ejecución.
Por ello, ante la eventualidad de que la Contraloría General ratifique en segunda instancia el referido fallo de responsabilidad por $4,3 billones, EPM busca un nuevo contratista.
Si la Contraloría ratifica este fallo, CCC Ituango no podría seguir ejecutando el contrato por la inhabilidad sobreviniente que le acarrearía a este consorcio.
Previsión
Desde hace meses que EPM trabaja en esta estrategia para evitar que eventualmente se vea afectada la continuidad de las obras en Hidroituango en 2022.
El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, en su momento explicó que “si prorrogamos los contratos sin hacer eso, si el fallo llegara en febrero, la consecuencia es que todos los integrantes del consorcio pierden la habilidad para contratar (…) En caso de que no, la única alternativa es que se renuncie o se termine el contrato”.
Igualmente, señaló EPM que “la empresa se ve obligada a ser previsiva ante el anuncio de la Contraloría General de la República de vincular en su investigación a 26 personas naturales y jurídicas por su presunta responsabilidad fiscal en las pérdidas por $4,3 billones. A lo anterior, se suma la declaratoria de reorganización empresarial que ante la Superintendencia de Sociedades vienen surtiendo algunos consorciados”, como Conconcreto.